“La historia en disputa”: un libro que pone en el centro de estudio el papel de la memoria en la sociedad

21/04/2017
juicios lesa humanidad

BUENOS AIRES- (Télam, por Julieta Grosso) Lucila Svampa, doctora en Ciencias Sociales, contrapone distintas tradiciones teóricas sobre los usos del pasado y marca los riesgos latentes en la construcción de las “políticas de la memoria”.

En los vínculos que una sociedad entabla con su pasado se dirimen múltiples y problemáticas relaciones que la investigadora Lucila Svampa desentraña en “La historia en disputa”, una obra que desarticula la idea de una tensión irremediable entre memoria y olvido, a la vez que dialoga con los debates actuales que intentan relativizar la experiencia de la dictadura a través del cuestionamiento a la cifra de desaparecidos.

Libro memoria

La recuperación de la memoria colectiva es una instancia siempre compleja en la que asoman nudos problemáticos, trampas potenciales que es necesario esquivar para no caer en versiones maniqueas o apologéticas que resulten funcionales al poder o alienten enfoques condescendientes que anulen el sustrato crítico necesario para que no se reproduzcan en el presente los traumas del pasado.

Bajo esas coordenadas se planta “La historia en disputa” (Prometeo Editorial), un riguroso trabajo crítico en el que la doctora en Ciencias Sociales María Lucila Svampa contrapone distintas tradiciones teóricas para problematizar la noción de usos del pasado y marcar los riesgos latentes en la construcción de las “políticas de la memoria”.

La ensayista retoma una genealogía de autores que han trabajo estas cuestiones (el alemán Andreas Huyssen, el español Manuel Cruz o la argentina Claudia Hilb, entre otros) para alertar sobre la malversación de la memoria (el historiador italiano Enzo Traverso alerta en ese sentido sobre los riesgos de embalsarmarla y “neutralizar su potencial crítico”) y analizar las estrategias que dispone el Estado para trazar una narrativa del pasado que no clausure sucesivas resignificaciones a través del tiempo.

– Télam: ¿Tiene sentido abrir una discusión sobre el número de desaparecidos como lo han hecho el ex ministro de Cultura Darío Lopérfido y el titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, o este tipo de debates contaminan el consenso alcanzado por una parte de la sociedad acerca de las secuelas que dejó la dictadura?

– Lucila Svampa: Sería importante contar con un número documentado de desaparecidos porque eso equivaldría a un gran logro de los organismos de derechos humanos: supondría dar con el paradero de sus cuerpos y restituir la identidad de nietos robados. Sin embargo, dado que los secuestros y el robo de bebés durante la dictadura se produjeron en la clandestinidad, y que los represores mantienen perversamente un pacto de silencio al respecto, es virtualmente imposible acceder a esa información. En este escenario, cuestionar que se mantenga el número de 30 mil para referirse a los desaparecidos es una provocación abierta a los organismos de derechos humanos y a los familiares de las víctimas. Como recordó hace poco el escritor Martín Kohan en una entrevista radial, se trata de una cifra estimada y las implicancias de entrar en una polémica sobre ella son graves, en tanto niega la clandestinidad y la vigencia del miedo que persiste en torno a posibles nuevas denuncias.

– T: El libro plantea los equívocos que subsisten respecto a la articulación entre memoria y olvido, en especial impugna la idea de que la operación de recordar determinados hitos implique desechar otros ¿De qué manera se deja atrás esa idea de la mutua exclusión como estrategia para recuperar el pasado?

– L.S.: Efectivamente, la dupla entre memoria y olvido aparece, en muchas ocasiones, formulada en términos excluyentes. Se dice que los alemanes olvidaron los bombardeos de Dresde por recordar Auschwitz, o que en la Argentina se reprimió la historización de la lucha armada beneficiando la memoria de los desaparecidos. Pero estos binomios demuestran ser poco productivos por no contemplar una lectura de los modos en que un acontecimiento es recuperado. Habría que identificar cuál es el gesto político que acompaña las denuncias de la eliminación de determinados hechos de la escena política en detrimento de otros. Por último creo que hace falta distinguir los niveles en que circulan los discursos históricos. No es lo mismo un relato político, que uno histórico o uno memorial.

– T: Además de someter a juicio a los perpetradores de torturas y crímenes como los que llevó adelante la dictadura ¿qué otras variables tiene que contemplar el Estado para resignificar los hitos más traumáticos de su historia?

– L.S.: Existen por un lado, medidas legales y por otro, medidas más sigilosas pero no por ello menos relevantes para la construcción de la memoria de una sociedad. Las más importantes y conocidas de los últimos años fueron la derogación de los indultos a perpetradores, la fijación del 24 de marzo como feriado nacional, el impulso de los enjuiciamientos a represores, la creación de un banco de datos genéticos, la inauguración del sitio de la memoria, la inclusión del tema en la currícula escolar y la investigación de los delitos económicos durante la dictadura. En segundo lugar, es preciso identificar las condiciones que hicieron posible que una tragedia tenga lugar con el fin de evitar que se recreen las mismas situaciones que las políticas memoriales buscan recordar.

– T: El gobierno anterior y el actual desplegaron discursos casi antagónicos respecto a la valoración de la dictadura: mientras el kirchnerismo intentaba recuperar ese período desde una mirada por momentos fosilizada, algunos ex integrantes de la actual gestión instalaron versiones de sesgo negacionista. ¿En qué medida ambas posturas conspiran contra la construcción de la memoria colectiva?

– L.S.: En primer lugar, pienso que durante el kirchnerismo, lejos de una imagen petrificada de la memoria se promovió la construcción de una lectura del pasado que incluyó a varios actores de la sociedad y estuvo abierta a debates. La proliferación de investigaciones académicas sobre el tema, la multiplicación de encuentros científicos que debatieron dicha memoria, su inclusión en la currícula escolar son algunos ejemplos de políticas que promovieron cambios en el enfoque. Resulta difícil que un gesto tal pueda conspirar contra la recuperación del pasado ni que se pueda homologar a declaraciones de corte negacionista, que plantean un peligro para la vida pública de los recuerdos referidos a los crímenes de la dictadura militar.

– T: ¿Por qué cree que son nocivas las políticas de memoria que se posicionan como neutrales y pacificadoras?

– L.S.: Porque anulan el conflicto y pretenden representar un todo. Las políticas referidas al pasado nunca pueden ser neutrales porque se expresan sobre acontecimientos que tuvieron consecuencias concretas para sectores en particular. Las políticas que discursivamente se apoyan en la paz son en general promotoras de indultos y tienden a rechazar una reelaboración del pasado.

Dejan fuera de ella a aquellos que no adhieren a sus posturas. De modo que su operación entraña una exclusión extrema. Si la memoria es un objeto de disputa, esta nunca puede ser neutral, porque por definición siempre toma posición en el contexto de una historia que no está dada, sino que se construye. Que se construya no quiere decir que se falsifique, significa que se nutre de diferentes relatos que pueden rescatar memorias aplacadas y que, por ende, está abierta.

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