Ley de Hábitat: continúa el debate

LA PLATA- El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, no descartó un «veto parcial» a la ley que aprobó hace dos semanas el Legislativo provincial que obliga a countries a ceder tierras para construir viviendas sociales, y planteó la necesidad de encontrar un «equilibrio» entre los emprendimientos privados y la cuestión social.
«Se debe encontrar un equilibrio entre la posibilidad de llevar adelante emprendimientos sociales de vivienda y que la provincia siga atrayendo inversiones y emprendimientos urbanos. Acá no se viola la propiedad privada ni los derechos adquiridos», remarcó.
El 18 de octubre, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto denominado «Ley de Hábitat», que entre otros aspectos obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder tierras para la construcción de viviendas sociales.
La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos, y solo se opusieron los diputados denarvaístas de la bancada Unión Celeste y Blanco, quienes aseguraron que la medida impulsada por el kirchnerismo «avasalla la propiedad privada».
En ese contexto, Scioli afirmó que «no» descarta «un veto parcial» a la iniciativa.
«En el caso que haya que hacer una corrección, están los instrumentos para hacerlo. O se corrige la ley y vuelve, o en la reglamentación de la ley, o con un veto parcial. Están los mecanismos para que consensuemos y no haya motivos para una puja política», planteó.
Y agregó: «Es necesario que las familias que no tienen una solución habitacional puedan acceder a la misma, pero también es necesario que se sigan llevando adelante emprendimientos inmobiliarios, porque la inversión privada es muy necesaria para que se siga generando empleo».
El gobernador remarcó: «Que no queden dudas. Nadie va a ser sorprendido porque no tendrá que ceder lo adquirido. Quiero llevar absoluta tranquilidad con la racionalidad con que se va a aplicar eso».
La norma, que será tratada en el Senado, dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen en la provincia estén obligados a ceder tierras o abonar una «compensación monetaria» para la construcción de «viviendas sociales».
El artículo 51 del proyecto establece que serán «sujetos obligados al pago de la contribución» los clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados y los emprendimientos de grandes superficies comerciales «que ocupen predios de más de 5.000 metros cuadrados».
Además, establece que esos emprendimientos «cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva, sujeto al cómputo de equivalencia y valorización final, el 10 por ciento de la superficie total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo urbanizable».
El proyecto apunta también a que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación.