El 29 de agosto era un día clave. Era el día fijado para una audiencia en la Corte Suprema de Justicia donde representantes de Farmacity, del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Colegio de Farmacéuticos y de los Amigos del Tribunal iban a dirimir una discusión que lleva años y que se relaciona con la firme decisión de Farmacity de desembarcar en la provincia de Buenos Aires a pesar de que hay una ley provincial que lo impide. Lamentablemente a pocos días de llegado el momento la Corte envió una cédula a las partes para notificar que se suspendía esa audiencia porque una de las integrantes de la Corte, Elena Highton de Nolasco tenía un viaje al exterior.
Todavía no hay una nueva fecha de reunión.
Desde el programa radial COMO SIGUE ESTO, conducido por Rody Rodríguez y que se emite por FM 96.7 de la ciudad de La Plata dialogamos con la presidenta de la CFPBA (Confederación Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires), María Isabel Reinoso quien nos dio detalles sobre esta demanda que la empresa Farmacity le está haciendo a la provincia de Buenos Aires.
La historia se remonta al año 2012 cuando la firma quiso modificar a través de la justicia la ley que aprobó la Legislatura Bonaerense porque no estaban de acuerdo con dos artículos que les resultaban “inconvenientes” para el negocio.
Reinoso aseguró que luego de que se perdieron todas las instancias en la provincia de esta demanda que había sido realizada por el propio Mario Quintana (cuando era CEO de la empresa) patrocinado por el estudio del entonces abogado Carlos Rosenkrantz, se volvió a presentar el año pasado, en el 2017 una queja. Algo había cambiado Mario Quintana todavía tenía participación en la empresa pero ahora era el vicejefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri y en el caso de Carlos Rosenkrantz ya no era un simple abogado sino miembro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
En esta pelea desigual Reinoso aseguró que “no se entiende como un funcionario del gobierno nacional le inicia demanda a la provincia de Buenos Aires, a la de Mendoza, a la de Santa Fe, y cuando asume como funcionario no retira las demandas contra los tres estados porque se está llevando puesta la autonomía de la provincia de Bs As porque no está respetando la ley que aprobó democráticamente la Legislatura porque si no le gusta la ley tiene que ir a la Legislatura de la provincia con un proyecto alternativo y debatir y discutir como cualquiera de las leyes que se aprueban en nuestro país y no utilizar el poder judicial que hoy dio propicia la circunstancia como para poder modificar esto”
Con referencia a la “velocidad inusitada” con la cual la queja presentada ante la Corte se tramitó se refirió al dictamen que se dio que calificó de “aberrante” ya que expresa que la “Legislatura se extralimitó”- y aclaró “ o sea que una ley que cumplimos las 4600 farmacias de la provincia después de un montón de años que fue modificada, que fue mejorada, dice que la Legislatura se extralimitó”
Consultada sobre cuál sería la dificultad para los habitantes de la provincia si la Corte permitiera que Farmacity se instalara en este territorio Reinoso detalló que actualmente en la provincia “la farmacia es considerada un servicio público no un comercio”, en este sentido este comercio debe estar ejercido por un “farmacéutico y no por una sociedad anónima”. Esto aclaró que no es solo en Buenos Aires sino también en provincias como Tucumán, Entre Ríos y Mendoza, donde todas tienen una legislación de corte sanitario.
Otra garantía actual es que las farmacias están planificadas para que atiendan todo el territorio, para que estén en todos los barrios y en pueblos muy pequeños donde hay 500 o 600 habitantes y de pronto no hay una clínica ni un sanatorio pero sí hay una farmacia donde la persona que vive ahí tiene el derecho que establece la propia Organización Mundial de la Salud de tener acceso a un medicamento y aclaró que “la farmacia tiene que estar cerca de la gente no concentrado donde le es rentable al farmacéutico y mucho menos a una empresa”
Otra diferencia sustancial es que las Farmacias en la provincia tienen nombre y apellido, tienen un responsable que lo es no solo a nivel sanitario sino también en el sentido civil o penal en el caso de que al paciente que compre el remedio le pase algo que puede ir desde una intoxicación o una prestación mal hecha; en cambio en el caso de Farmacity al ser una Sociedad Anónima no tiene alguien visible ni responsable, uno no sabe quién está atrás, además de que se sabe por investigaciones periodísticas que tienen la mitad de las acciones en paraísos fiscales, lo que la hace una empresa por lo menos poco transparente.
Reinoso celebró el fallo del fiscal de la Corte que defendió la ley y aseguró que la salud es una materia reservada para cada provincia y consultada acerca de si el ejecutivo provincial como responsable de la provincia a la que se le está presentando la queja se expidió de alguna manera aseguró que “Nosotros hemos pedido desde agosto del año pasado a través de dos notas y 49 llamados telefónicos a la Gobernación una reunión con María Eugenia Vidal. El Colegio está enfrente de la Gobernación, está en calle 5, desde mi oficina veo la casa de Gobierno”– aseguró y se lamentó “no hemos podido hablar. Sí se expresó públicamente que era un tema que lo tiene la justicia, pero más allá de eso, todos los gobernadores se han expresado acerca de si quieren un modelo sanitario o un modelo de mercado”
Sin embargo aseguró que a pesar de “este silencio de arriba para abajo” sí ya recibieron ordenanzas y decretos de 114 Concejos Deliberantes y Municipalidades que se expresaron avalando el modelo sanitario porque ellos están conscientes de que es necesario que la gente tenga acceso a los medicamentos. También agradeció a toda la comunidad Universitaria que los acompaña en este reclamo y a los estudiantes de la carrera que están preocupados porque estudian con una idea sanitarista y no comercial
Finalmente aseguró que siempre se puede mejorar el servicio pero “no estamos dispuestos a transformar la farmacia en un shooping donde haya un paciente diabético al que le aconsejamos la insulina o que no puede comer azúcar y al lado haya una góndola de golosinas o le estemos dando un medicamento contra el colesterol a una persona y tengamos las papas fritas al lado eso es totalmente contradictorio”- explicó.
Reinoso consideró que con estas decisiones se ignora la autonomía provincial y hay un juicio a todos los bonaerenses y que si es necesario “estamos dispuestos llevar este tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es un avasallamiento importante, más allá de las farmacias, al federalismo y a las instituciones democráticas de nuestra provincia”
