La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, lanzó este lunes el Programa Nacional de Gestión Menstrual «MenstruAR» destinado a gobiernos provinciales y locales con el objetivo de reducir el factor de desigualdad que implica la menstruación. «Menstruar es un derecho al que muchas personas no pueden acceder», dijo a este diario la ministra.
También se presentaron dos materiales elaborados por el organismo y la Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
El primero es el cuadernillo «La gestión menstrual como derecho», el otro, el informe «Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual». Ambos materiales están dirigidos a organizaciones sociales y gobiernos locales que deseen abordar la temática desde una perspectiva de género, diversidad y discapacidad.
La creación del nuevo programa ministerial jerarquiza y consolida la Línea de Gestión Menstrual, que se viene implementando desde marzo de 2022. Desde la puesta en marcha de dicha Línea, ya se capacitaron 1568 personas de 27 localidades diferentes del país y se entregaron más de 10 mil copas menstruales. Además 26 municipios que no contaban con legislación en la materia recibieron asistencia técnica y acompañamiento para elaborar y presentar ordenanzas de gestión menstrual.
Sobre el programa MenstruAR
«Esta iniciativa nacional continúa el trabajo que venimos haciendo junto a compañeras y compañeres para deconstruir ciertos patrones culturales que tienen a la menstruación como un factor de desigualdad y un tema tabú. Menstruar es un derecho al que muchas mujeres, varones trans y personas no binarias no pueden acceder, porque sus salarios no llegan a cubrir los productos o no cuentan con la información adecuada», expresó Mazzina
El programa MenstruAR busca brindar capacitaciones, asesorías y acompañamiento constante a gobiernos locales, teniendo en cuenta que el «costo de menstruar» afecta no sólo la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes, sino también la economía y el medioambiente.
«No somos simplemente un ‘Ministerio de la Menstruación’, somos un Ministerio con ovarios. Nunca tuvimos pudor en poner la gestión menstrual como una política central de Estado, porque menstruar también es un acto político. No se trata de entregar una copa menstrual y sacarse una foto, sino de un proceso de elaboración permanente donde todes debemos participar», enfatizó Mazzina.
Y añadió: «Que una persona menstruante tenga que faltar a la escuela o no pueda ir a trabajar o no pueda comprarse los productos necesarios, son cuestiones que debemos revertir. No puede haber justicia social si no hay justicia menstrual».
En el Foro de Justicia Menstrual de 2020, la problemática sobre la gestión de la menstruación se debatió con la presencia de funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, dirigentas políticas, cooperativistas y activistas de todo el país. «En 2021, en San Luis pusimos en agenda el tema con el Programa de Gestión Menstrual Sostenible ‘Yo Menstruo’ y obtuvimos resultados muy concretos», cerró la ministra.
Datos sobre la menstruación
Según datos del informe «Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual» de 2021, hay más de 12 millones de personas menstruantes en todo el país.
En total, el 75 por ciento de las personas encuestadas utiliza toallitas descartables (60 por ciento) y tampones (15 por ciento). Sin embargo, entre el 40 y el 50 por ciento de la población desconoce los efectos secundarios que tiene el uso de estos productos sobre la salud y su impacto ambiental.
Más del 95 por ciento de las personas considera que el Estado debería eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual, así como distribuirlos de forma gratuita en escuelas, cárceles y centros comunitarios. En este sentido, el 43 por ciento manifestó que por razones económicas se ha visto en la necesidad de modificar sus hábitos de consumo de estos productos.
Con frecuencia, algunas personas han limitado su participación en distintas actividades recreativas (50 por ciento), educativas (35 por ciento) y laborales (22 por ciento) durante el ciclo menstrual.
Si bien hay 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y no binaries menstrúan en la Argentina existe «una profunda desigualdad» en el acceso a productos de gestión menstrual, aseguró hoy Natalia Haag, directora de Testeo y Prevención de VIH de la organización Aids Healthcare Foundation (AHF).
Por esto Haag remarcó la importancia de «incrementar la conciencia y promover políticas públicas para que cada persona que menstrúe tenga acceso a los implementos para un periodo digno y libre de estigma».
Si bien más de 800 millones de personas menstrúan en el mundo, a 500 millones se les niega el acceso a instalaciones seguras y a los productos sanitarios que ayudan a manejar sus períodos saludablemente.
En la Argentina, la situación de las más de 12 millones de personas menstruantes «es de una profunda desigualdad, ya que no existen políticas públicas nacionales que garanticen el acceso de estos productos para todas las personas», advirtió Haag en diálogo con Télam.
Los obstáculos económicos en el acceso a productos de gestión menstrual, como toallitas, tampones, copas u otros, y los tabúes sociales sobre el tema tienen consecuencias en la salud, educación y bienestar.
«No todas las personas tienen el acceso a baños y agua limpia para lavar y reutilizar productos como la copa menstrual, por lo cual es otra barrera más que profundiza la desigualdad de las personas menstruantes», puntualizó Haag.
Y añadió que «si bien los productos de higiene menstruales son necesarios, no siempre terminan siendo prioritarios».
«Según la campaña realizada por #MenstruAcción y EcoFeminita en marzo del 2023, el gasto anual de menstruar utilizando toallitas es $10.915, y en el caso de los tampones de $12.146», remarcó la organización.
Datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec indicaron que las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica ya que ganan un 28% menos en promedio que los varones, tienen trabajos más precarios y presentan mayores tasas de desempleo.
Esto lleva a situaciones donde muchas mujeres y niñas tienen que improvisar con materiales inadecuados, como trapos o papel, lo que vulnera su dignidad, aumenta el riesgo de infecciones y de problemas de salud.
El estigma social que sigue rodeando a la menstruación también impide que tengan un adecuado desarrollo escolar, profesional, emocional y social.
«Sigue siendo tabú o da vergüenza mancharnos cuando estamos menstruando, cuando en realidad es un hecho biológico, nadie elige menstruar o no menstruar», dijo Haag.
Y remarcó que «lo que profundiza este tabú es no hablarlo, porque no podemos visibilizar todos los problemas estructurales que enfrentamos las personas que menstruamos».
La falta de acceso a productos menstruales también es un problema frecuente en la región, ya que según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el 12% de las mujeres en América Latina no pueden permitirse adquirir productos de higiene menstrual.
