LA MATANZA – Familiares del joven desaparecido desde 2009 plantearon que deje de investigarse “la averiguación de paradero” y se encuadre como “desaparición forzada”. Además reclaman el juicio político para la primera fiscal de la investigación.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – La Matanza, en representación de Mónica Alegre, madre de Luciano, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron a la justicia el cambio de carátula de la causa en la que se investiga la desaparición del joven de 16 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, a fin de que sea considerada como una desaparición forzada por considerar que existen elementos suficientes para sostener que los hechos se encuadran dentro de esa figura penal y no como búsqueda de paradero como figura actualmente.
«Esta causa no empezó con la desaparición de mi hermano sino cuando se negó a robar para la policía y en los meses previos a su desaparición fue detenido y torturado, lo que es un antecedente para fortalecer la idea de desaparición forzada porque está caratulada como averiguación de paradero», añadió Vanesa la hermana de Luciano.
También pidieron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que inicie el proceso de juicio político correspondiente para la destitución de quien fuera la primera fiscal designada para investigar el caso, Roxana Castelli, por haber incurrido en serias irregularidades durante su desempeño.
Por otra parte, elevaron una nota ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la que solicitaron que el organismo realice una investigación exhaustiva sobre el accionar de los funcionarios policiales durante la instrucción de la causa.
“A mi hermano la policía lo detenía sistemáticamente porque no quería salir a robar para ellos, que le habían ofrecido armas, auto y liberarle la zona”, declaró Vanesa Orieta, hermana de Arruga.
La causa judicial tramita actualmente en la Unidad Funcional de Instrucción No1 del Departamento Judicial de La Matanza e interviene el Juzgado de Garantías en lo penal Nº1 del mismo Departamento Judicial.
Además, la familia de Arruga criticó y repudió el hecho que los ocho policías acusados por la desaparición de su hermano sigan ejerciendo sus funciones en distintos destacamentos de la Bonaerense además del desempeño del gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Daniel Scioli nos recibió en agosto pasado, tres años después de que desaparezca Luciano. Nos prometió sumariarlos y exonerarlos. Y esas cuestiones administrativas ni siquiera avanzaron”, sostuvo Orieta.
Durante la conferencia de prensa, también destacó, su lucha, junto a varias organizaciones sociales, en contra del gatillo fácil policial, “motivo de la muerte de 3700 personas desde 1983, desde esa fecha tenemos 197 casos de desaparición en los que están implicadas las fuerzas policiales” concluyó.
