Para Mena el proyecto de Massa del Código Procesal “hace agua por todos lados”

El Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena, habló sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que se discute en el Congreso, del que fue uno de los responsables de la redacción, y también opinó sobre presentación de Sergio Massa de un proyecto propio de reforma del Código Procesal Penal.

BUENOS AIRES- En declaraciones al programa Radio al Día de FM Blog, de Hurlingham, el Subsecretario de Política Criminal de la Nación, Juan Martín Mena opinó que el proyecto promocionado por Sergio Massa sobre el Código Procesal Penal “hace agua por muchos lados”.

Mena consideró que “por un lado hay un serio desconocimiento del derecho y por otro lado hay algunas conductas privilegiadas que informan de un interés bastante lejano al de mejorar el proceso penal”. El funcionario del Ministerio de Justicia señaló que “en la propia presentación que el Frente Renovador está difundiendo hay una previsión del endurecimiento de los delitos en contra del orden democrático y el abigeato agravado, o sea, comparar los delitos contra el orden democrático y ponerlos en la misma escala que el robo de ganado y eso habla de serias deficiencias y de los fines que tiene para ese grupo político un código procesal”.

Para Juan Martín Mena “hay cuestiones de anticonstitucionalidad manifiesta como por ejemplo, prevé que todo delito con pena superior a 6 años provoca el encarcelamiento automático, y eso viola el principio de inocencia de la Constitución Nacional y además viola toda la jurisprudencia actual y la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos que dicen que no puede encarcelarse a un inocente por un parámetro objetivo en cuanto a la fijación de la pena, sino que debe verificarse en el caso concreto si existe un riesgo procesal como son el peligro de fuga o el entorpecimiento del proceso”.  Según el Subsecretario, “establecer una cláusula de encarcelamiento obligatorio es una inseguridad jurídica y una violación de todos los derechos constitucionales”, tras lo que sentenció: “Una normativa de estas características, creo que no duraría vigente ni dos días”.

Sobre el proyecto oficial

Juan Martín Mena es uno de los responsables de la redacción del proyecto del Código Procesal Penal, que con algunas  modificaciones fue aprobado por el Senado de la Nación y se tratará en los próximos días en la Cámara de Diputados de la Nación.  En la entrevista realizada por el programa Radio Al Día, Mena califica al proyecto como “un cambio histórico”.

Luego explicó que “el principal beneficio que va a recibir la ciudadanía es que la respuesta del Estado llegue en tiempo oportuno y que sea eficiente (teniendo en cuenta dentro del contexto de la comisión de un delito, que no se puede hablar de una medida que beneficia o alegre a la población dado que estamos hablando de situación desfavorable). Lamentablemente el diagnóstico actual del funcionamiento de la justicia criminal es verdaderamente aterrador y deficitario. Cuando cualquier ciudadano es víctima de un delito la respuesta del poder del Estado que debe darle el poder Judicial, llega tarde. Y llega tarde porque el delito más simple, más burdo, de los que se puedan cometer no demora menos de 4 o 5 años en obtener una resolución. Por lo tanto, de lo que se trata la modificar todo el sistema de enjuiciamiento del proceso penal es que el Estado actúe rápidamente, eficazmente, con herramientas modernas que permitan que los delitos sean investigados y resueltos en un tiempo razonable. Esto significa de un promedio actual de entre 4 o 5 años de cualquier causa penal en la Argentina, con este nuevo código pasaríamos a una resolución de no más de 3 a 6 meses. Ese es el principal beneficio que va a verificar la sociedad inmediatamente. De lo que se trata es de dar una respuesta efectiva y rápida frente a  un delito que, en el 99% de los casos, la prueba y los hechos son conocidos desde el primer día, entonces es injustificable que la justicia penal demore de 4 a 5 años en dar una sentencia que es el único acto jurídico ante el cual se da certeza de lo que ocurrió y se sanciona a los responsables”.

Juan Martín Mena aclaró que el Código “No es una herramienta para prevenir el delito. Porque la justicia penal llega tarde, llega cuando el delito ya se produjo, por eso esta herramienta no sirve para prevenir el delito sino todo lo contrario, va a servir para investigarlo y sancionarlo. Eventualmente podrá servir para que la persona que cometió ese delito no cometa un nuevo delito inmediatamente después dado que va a ser correctamente sancionado según corresponda. En ese sentido también cuando se vincula a esta nueva herramienta para mejorar los índices de seguridad, se refiere particularmente a eso: si una persona cometió un delito podrá ser prontamente investigado el hecho, prontamente va a ser juzgada y va a cumplir una condena y va a permitir que no cometa un nuevo delito. Por eso es una herramienta para mejorar la investigación y la sanción”.

Uno de los puntos que generaron más polémicas en el debate del proyecto es el referido al accionar frente a los extranjeros que cometen delitos. Al respecto, Juan Martín Mena explicó: “Para ordenar la discusión es importante saber que la Ley de Migraciones actual -que es una ley de vanguardia a nivel regional-, prevé las causales de expulsión de extranjeros que cometen delitos.  Es una ley actual, vigente y que nadie ha objetado. Esa Ley prevé 3 supuestos de expulsar extranjeros, el primero es cuando comete un delito que corresponda condena de ejecución condicional, o sea un delito que tenga una condena de hasta 3 años de prisión, por lo cual no se cumple dentro de la prisión. El segundo supuesto es para los delitos graves que, cuando el condenado haya cumplido la mitad de la pena, si es extranjero, en vez de obtener las famosas salidas transitorias, en la primera oportunidad que tenga para salir de la prisión se le expulsa a su país de origen. Y el tercer supuesto que prevé la Ley de Migraciones, es cuando al extranjero le corresponda la suspensión del juicio a prueba, la famosa probation”. Aclarado este punto, Mena puntualizó que “lo único que se hizo en el proyecto que emitió el Poder Ejecutivo al Senado y que obtuvo media sanción, fue ampliar los supuestos en los cuales corresponde esa probation. Porque la probation corresponde a muy pocos delitos, y ante la observación de algunos datos de la realidad social que nos demuestran determinados delitos que están siendo cometidos por extranjeros que vienen al país a delinquir y que no eligen radicarse, lo que se ha hecho es ampliar esos supuestos. Para evitar que sea mal utilizado con fines discriminatorios se impusieron dentro del articulado unos reaseguros por ejemplo: no podrá ser aplicada si la expulsión afecta al derecho de reunificación familiar y, por otro lado, una medida que hasta el día de hoy es administrativa, con estas modificaciones que se hacen al código procesal se las judicializa, eso significa que interviene un fiscal que tiene que prestar su consentimiento para que se le dé la probation, un juez que al tiene que validar, una defensa que ejerce los derechos del extranjero imputado, y además de todos los recursos que hay contra esa decisión para que intervenga un juez superior un fiscal superior, etc. Por lo tanto se le está dando más garantías a una situación que hoy existe”.

Sobre la cantidad de personas procesadas sin condena:

Por último, el Subsecretario de Política Criminal se refirió a las críticas sobre la cantidad de condenados en libertad, pero también habló de los procesados sin condena presos. “En la cárcel no son todos los que están ni están todos los que son. Esto es una seria deficiencia de este proceso penal que el proyecto impulsado por la presidenta de la Nación tiende a corregir. Esto es que un delito llegue a juicio oral y público en no más de 3 meses y tener condena es la única forma de tener certeza de la participación o no de esa persona en ese delito. Entonces en no más de 6 meses si es inocente será absuelto y si es culpable será condenado y cumplirá la pena” relató Mena, quien sobre el mismo tema se explayó diciendo: “El fin del proceso penal es la búsqueda de la verdad, conocer lo que sucedió y en función de ello condenar o no a los culpables. Y la única forma de hacerlo es si el proceso penal llega a tiempo y es rápido. Un célebre criminólogo dijo que el tiempo que pasa es la verdad que huye, entonces en una investigación que dura 6 años, difícilmente tenga una sentencia que pueda ilustrarnos de la verdad de lo ocurrido”.