El 24 de octubre se realizó un encuentro en la sede de Cancillería donde estuvieron presentes autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría General de la Nación.
La actividad, parte de otras que se realizaron y que se seguirán haciendo entre los tres organismos, se centró en el tema de las Personas Privadas de la Libertad, los desafíos y estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la justicia penal.
En las exposiciones se puso particular atención en los enfoques diferenciados respectos de determinados grupos de personas privadas de la libertad, como son las mujeres, más aún si están embarazadas en período de parte, post parto y lactancia, les niñes que viven en los centros de detención con sus madres o sus cuidadoras principales, personas LGTBQI+, personas pertenecientes a pueblos originarios y también personas de distintos sexos, mayores de edad.
La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, el Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
En su presentación, Alejandro Slokar, quien insiste en que hay refundar la justicia con una perspectiva feminista, fue tajante afirmando que en la situación actual de sobrepoblación carcelería regional y local se incumplen los estándares de la Corte IDH sobre el respeto a la dignidad humana y el trato debido en las prisiones.
En sus declaraciones concluyó que hay quienes privados de la libertad están cumpliendo penas ilícitas, ya que a el hecho de perder su libertad, que es la pena que recibieron por sus delitos, se le suman muchísimas otras como necesidades básicas no satisfechas, situaciones crueles, inhumanas y degradantes que precisamente convierten, de allí lo ilícito del castigo. Y esto es importante entenderlo porque cuando una persona comete un delito no pierde sus derechos fundamentales, a la salud, a la educación, a la alimentación, etc y en la situación actual real en las cárceles estos derechos no están garantizados.
Luego del panel introductorio se desarrolló una temática fundamental que es Género y Cárceles en la cual expusieron varias funcionarias públicas.
La Vicepresidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa considero esencial que le hayan “asignado ser garante de género y paridad por la tremenda vulnerabilidad que tienen las mujeres víctimas de violencia, en su devenir y en su propia historia” Al respecto consideró que a esas violencias se le suman “la situación de estar privadas de su libertad, la pobreza de las que generalmente son víctimas y las responsabilidades de la tarea de cuidado de los hijos y de su familia”. En este sentido invitó a reflexionar respecto de cuántas son las mujeres que aún, en situación de estar privadas de su libertad siguen teniendo que hacerse cargo de las tareas de cuidado de sus niños.
Los números expuestos, fueron más que representativos porque del 100 por ciento de los hombres que están privados de su libertad, el 87 por ciento dicen que son las mujeres las que se hacen cargo de la crianza y los cuidados de sus hijos En tanto del 100% de las mujeres que están presas, solo el 19% de los padres de sus hijos se hacen cargo de ellos.
Ana María Figueroa se refirió también a todo el marco normativo que existe para defender a las mujeres en las cárceles, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, conocida por su sigla en inglés CEDAW; La Convención de Belén Do Pará del año 94, que siguió estableciendo más bases y consensos en la temática además de otras reglas más específicas para el tratamiento de reclusos y reclusas internacionales como las de Bankok y de Tokio.
A pesar de la existencia de todo este marco normativo se refirió a que, aún así, siguen ocurriendo en las cárceles las inspecciones vaginales. En este sentido aseguró que las normas establecen que deberían ser muy extraordinarias y en el caso de que se hicieran deberían estar a cargo de un profesional de la Salud, cuando, en la práctica esto es común y constituye una violencia explícita.
También se refirió a irregularidades en todo lo que tiene que ver con las mujeres embarazadas en el parto, traslado, pre parto, lactancia. Y aseguró que siguen existiendo mujeres que van a parir estando engrilladas. La mayoría de ellas no tienen garantizado un parto respetado, como lo establece la ley y además continúan con su arresto en las cárceles, cuando la mayoría de las reglamentaciones aconsejan que se les otorgue prisión domiciliaria.
Seguidamente hizo uso de la palabra la Defensora Pública Oficial Silvia Martínez que mostró los números de un informe presentado hace dos meses por el Worl Female Imprisonment List que arroja datos actuales de las mujeres detenidas en todo el mundo que son en la actualidad alrededor de 740.000.
Martínez detalló que desde el año 2000 “la población de mujeres presas se incrementó con significativas variantes entre continentes y entre países dentro de los continentes en un 60 por ciento”. El dato revelador es que comparativamente con el crecimiento de la población carcelaria de hombres, la diferencia es abrumadora ya que en el mismo período los presos varones se incrementaron en un 22 por ciento, con un promedio del 30 por ciento.
La defensora pública aseguró que: “Seguimos teniendo una situación preocupante. Cada vez hay más mujeres presas, pero igualmente sigue siendo un colectivo, en términos absolutos muy pequeño y esto invisibiliza sus necesidades, mucho más aún si dentro de estos colectivos generamos otras causales de vulnerabilidad como si son migrantes o mujeres indígenas”, aseguró
Martínez puso de manifiesto el tema de los estándares que debería haber para mujeres y diversidades diferenciado del resto de los grupos de detenidos y mostró datos de nuestro país a diciembre del 2020 que muestra una población de 3568 mujeres en prisión, lo que equivale a una tasa de 7,9 cada 100 mil habitantes. Este número contrasta notablemente con otros como por ejemplo El Salvador, que supera el 40 por ciento, país donde las mujeres que abortan en la clandestinidad o simplemente pierden sus bebes por causas naturales son encarceladas con penas altísimas como muestra el documental Cuerpos Juzgados de la periodista Mariana Carbajal que denuncia la criminalización hacia esas mujeres.
El dato realmente preocupante, aportado por Silvia Martínez fue el aumento desde el año 2000 de la cantidad de mujeres detenidas en un porcentaje de 161, 9% agregando que, en la mayoría de los casos se trata de penas relacionadas a la infracción a la ley de drogas.
Finalmente en este panel hizo uso de la palabra la Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Romina Sijniensky. Como representante de este organismo Sijniensky se refirió a varias medidas previsionales que la Corte había hecho respecto de los grupos diferenciados y nombró una en Brasil, en relación a la vulnerabilidad de las personas LGTBQI+ y otra en un Centro Penitenciario de la Región Andina donde la Corte se pronunció respecto del trato a mujeres embarazadas y en período de lactancia. Sin embargo puso énfasis en que el organismo realizó una opinión consultiva para avanzar sobre su visión de cómo desarrollar la política criminal y penitenciaria fundamentalmente atendiendo a estos grupos especiales como son las personas mayores, las personas indígenas, los niños que viven con su madre, los colectivos LGTBQI+ y las mujeres, como así también las personas con discapacidad.
Finalmente hubo en panel que se refirió al Impacto de las decisiones de la Corte en la justicia local donde la jueza de Casación Penal Ángela Ledesma detalló como el organismo en el que trabaja protegió a los grupos vulnerables a inicio de la pandemia.
Ledesma aseguró “Fue bastante trabajoso pero muy interesante aún en la virtualidad como pudimos gestar la acordada número 9 del día 13 de abril del año 2020. En esa acordada marcamos el informe diferenciado que debíamos dar a los privados de la libertad”. En esa dirección Ledesma aseguró que siguiendo los consejos de la Corte respecto de buscar medidas alternativas al encarcelamiento preventivo, se recomendó a los tribunales de la jurisdicción que adoptaran medidas alternativas como la prisión domiciliaria o distintos mecanismos de monitoreo.
Allí, aseguró “tuvimos en cuenta dentro del colectivo privados de la libertad, muy especialmente la situación de las mujeres embarazadas con hijos, de las personas discapacitadas y de los adultos mayores como de los que se encontraban en situación de riesgo por inmunodepresión, diabetes, enfermedad pulmonar”
Que en momentos donde vemos sectores de la justicia que están preocupados por evitar pagar ganancias, otros representantes debatan sobre la necesidad de unir fuerzas e intercambiar experiencias para que se respeten los derechos humanos en las cárceles y más aún, los de los grupos más vulnerabilizados es valorable pero sobre todo, necesario y urgente.
