Audiencia pública en la Corte Suprema por la Ley de Medios

 

BUENOS AIRES-  La Corte Suprema de Justicia recibirá hoy a diez ONG, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en una audiencia informativa que busca ser el paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del holding de medios sobre dos artículos de la Ley de Medios, sancionada hace casi cuatro años.

A partir de las 10 en el cuarto piso del edificio de Tribunales, la Corte escuchará a las diez organizaciones no gubernamentales que actuarán como «amicus curiae» (amigos de la Corte), que son terceros sin tener parte directa en el litigio, en tanto que mañana lo harán las partes para dar sus argumentos.

Los «amicus curiae» argumentarán a favor o en contra de los artículos cuestionados, para colaborar con el máximo tribunal del país en la resolución del conflicto que impide la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Cinco organización no gubernamentales de la sociedad civil respaldarán con sus exposiciones el argumento del Estado y otras cinco avalarán el planteo de inconstitucionalidad de Clarín.

En respaldo de la ley, estarán el CELS, con Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, y el patrocinio de Damián Loreti; la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), con Miguel Julio Rodríguez Villafañe; y las universidades nacionales de San Martín, con el rector Carlos Ruta y Eduardo Ratti; y de Lanús, con la rectora Ana Jaramillo, y Víctor Abramovich.

También la Asociación Argentina de Juristas, representada por Ernesto Moreau, con el patrocinio de Beinusz Szmukler y Claudia V. Rocca, con Beinusz Szmukler como orador.

En tanto, por la postura del Grupo Clarín intervendrán la Asociación Internacional de Radiodifusión, con Héctor Amengual y el patrocinio de Gregorio Badeni; y el Comité del Consumidor (CODELCO), representada por Francisco Durand Casali y el patrocinio de Andrés Gil Domínguez.

También la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con Eduardo Oteiza; Observatorio Iberoamericano de la Democracia-Asdrúbal Aguiar Aranguren, con el patrocinio de Carlos Laplacette y Adrúbal Aguiar como orador, y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), representada por Carlos Jornet, con Luis Pardo como orador y Lucas Grossman como abogado.

Cada ONG dispondrá de 15 minutos para exponer sobre aspectos específicos de los puntos de la norma que siguen bajo controversia: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y, sobre todo, la cláusula de desinversión que permanece todavía frenada judicialmente por el Grupo Clarín.

El máximo tribunal avaló también la participación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que encabeza Cynthia Ottaviano, como amicus independiente, al igual que ocurrió con el Centro de Estudios en Derecho y Economía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, representado por Juan Vicente Sola.

Asimismo, el cierre de la audiencia pública de hoy estará marcado por la exposición de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en tanto que el debate continuará en una segunda jornada mañana, con la exposición de partes.

La ley de Medios fue aprobada en 2009 por el Congreso, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, aún quedó trunca la aplicación plena de la norma.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, confió en que la audiencia de hoy, convocada por la Corte Suprema de Justicia, sea el «paso previo para la resolución definitiva» del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad que hizo el grupo Clarín sobre parte de la Ley de Medios, votada hace cuatro años por el Congreso.

«Esperamos que esta audiencia pública sea el paso previo para la resolución definitiva del tema», dijo Sabbatella en declaraciones a los medios que aguardaban su llegada al Palacio de Tribunales.

Agregó que «es importante que el tema se resuelva con celeridad» y señaló que si bien la Ley de Medios se viene discutiendo desde hace varios años en diferentes foros de todo el país, y en el Congreso, «si la Corte consideró necesario esta audiencia», la AFSCA prestará la colaboración necesaria.

Sabbatella recordó que esta «ley de la democracia es una herramienta parlamentaria nacional que aprobó el Congreso hace cuatro años por amplia mayoría, y no sólo con el voto del oficialismo, sino también de la oposición».

Dijo también que esta ley vino a «democratizar el mercado» de medios de comunicación y que no tiene dudas respecto de su «constitucionalidad» ni de «la capacidad regulatoria que tiene el Estado».

«Yo no me puedo imaginar un escenario en el que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley, porque creo que es absolutamente constitucional», aseveró Sabbatella.

No obstante, dejó claro que si la Corte se pronuncia en contra de la constitucionalidad, se aceptará la decisión «como siempre se ha hecho».

Recordó que en los cuatro años que lleva sancionada la ley, la Justicia «ya ha opinado respecto de su constitucionalidad en cinco oportunidades», y una sóla de estas fue contraria, en referencia al planteo de la Cámara que, según dijo, «fue hecho a la medida del grupo Clarín».

Sabbatella sostuvo también que la actitud de Clarín fue «dilatoria» desde la sanción de la ley, el 10 de octubre del 2009.

En cuanto a los tiempos de la Corte para resolver el conflicto luego de terminadas las audiencias, Sabbatella explicó que dependerá del alto tribunal.

«Nosotros no sabemos cuáles serán los tiempos de la Corte, es una decisión de ellos, pero esperamos que sea lo antes posible porque hay una situación de gravedad insitucional porque hay una ley aprobada hace cuatro años no se puede aplicar», consignó el funcionario.

Finalmente, dejó claro que «todas las empresas tiene que cumplir la ley, sin diferencias», y recordó que «Clarín es la única empresa que no sólo no presentó su voluntad de adecuarse a la ley, en clara rebeldía, sino que además no cumple con la grilla» de ordenamiento de los canales de TV.