Quedó promulgada la ley de fertilización asistida

BUENOS AIRES- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó  la promulgación de la Ley de acceso a los procedimientos de reproducción asistida, cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, y que las obras sociales deben incorporan a sus prestaciones.

Mediante un comentario en su cuenta oficial en la red de micro bloggin Twitter (@cfkargentina), la Presidenta destacó: «Hoy, promulgación de la ley de #fertilizaciónasistida».

La jefa del Estado hizo alusión de ese modo a la iniciativa sancionada por el Congreso Nacional el pasado 5 de junio, que tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

En la flamante norma legal, cuya promulgación fue publicada hoy en el Boletín Oficial, se destaca que se entiende por reproducción médicamente asistida «a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo».

La nueva Ley abarca las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y\o embriones, y señala que «Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico- científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación».

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, en cuyo ámbito se creará un registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.

Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores de gametos y\o embriones.

La ley establece que el Ministerio de Salud deberá propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.

Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales se instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer.

Deberán incorporar esta técnica de fertilización el sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades.

También deberán hacerlo todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean.

Se establece en el texto legal la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida.

Se incluyen: la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación.

Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.

También quedan comprendidos en la cobertura los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.

A los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.

Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la Argentina. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes.