Más de ochocientos magistrados por la Justicia Legítima

BUENOS AIRES- Al encabezar unas jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional, la procuradora general de la Nación volvió a apuntar contra el Poder Judicial. Durante su discurso, consideró que existe «una matriz corporativa y autoritaria» en la Justicia. Opinó además que hay «feudos y padrinazgos en la familia judicial». Sin mencionarlo, respondió en duros términos al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que ayer dio inicio al año judicial
Gils Carbó, quien días atrás había deslizado críticas al Poder Judicial, volvió a pronunciarse con duras palabras y abogó por la «democratización» de la Justicia al participar de unas jornadas que se realizan en el primer piso de la Biblioteca Nacional.
Durante su discurso, Gils Carbó consideró que «un lobby oscuro mueve los hilos en la Magistratura» y remarcó que «se requiere más debate que consenso para una democratización».
Esta última frase es en clara respuesta a las palabras del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien dijo ayer que «el consenso también debe existir». En ese sentido, gran parte de la alocución de la procuradora hizo referencia a lo expresado ayer por Lorenzetti cuando inició el año judicial.
Para Gils Carbó, existe una «matriz corporativa y autoritaria» en la Justicia y opinó que «hay feudos y padrinazgos en la familia judicial». «Se requiere más discusión que unidad corporativa» para mejorar el sistema judicial, agregó la funcionaria.
Lorenzetti había pedido ser «respetuosos de la diversidad y pluridad de opiniones de los estamentos internos de la Justicia» y se mostró en contra de los llamados del Poder Ejecutivo para «democratizar» la Justicia.
Gils Carbó fue la principal oradora del encuentro nacional de la corriente «Justicia Legítima» que se desarrolla en la Biblioteca Nacional.
El acto realizado hoy fue iniciado por Horacio González y también Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo entre los oradores.
Al tomar la palabra, Carlotto reclamó que los jueces «paguen impuesto a las ganancias como el resto de los ciudadanos».
Esta primera jornada del encuentro por una Justicia Legítima despertó un espíritu de «día histórico» entre la multitud presente en la Biblioteca Nacional y ante la amplia concurrencia de jueces, fiscales y defensores que asistieron desde temprano y que continuarán debatiendo acerca de cómo democratizar el sistema judicial en el día de mañana.
Esta primera jornada convocó a más de mil jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país, que coincidieron en las críticas de lo que llamaron el «actual sesgo corporativo de la denominada `familia judicial`”.
Más de ochocientos magistrados colmaron el auditorio de la Biblioteca Nacional en la primera de las dos jornadas del encuentro, que mañana culminará con talleres y exposiciones de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, y el jurista portugués Antonio Cluny.
Los expositores que participaron de las mesas de debate pusieron especial énfasis en el rechazo al actual sesgo corporativo de la denominada `familia judicial`; la discrecionalidad en la administración de los fondos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –atribución originaria del Consejo de la Magistratura-; a la falta de transparencia en los nombramientos; a la ausencia de un sistema generalizado de concursos, y a la impronta conservadora de las cúpulas del Poder Judicial.
La organización dispuesta para el acontecimiento, abierto también al público, ya tenía prevista la masiva concurrencia y por ese motivo dispuso de pantallas en distintos puntos estratégicos del edificio para que nadie se perdiera las alocuciones del auditorio Jorge Luis Borges.
Hubo también mucho debate fuera del auditorio, entre pasillos, y en mesas chicas informales que comentaban y aplaudían las intervenciones que se iban sucediendo desde el micrófono que luego del acto inaugural fue alternándose en turnos de cinco minutos para cada uno de los expositores.
El ensayista y escritor Horacio González, a cargo de la Biblioteca Nacional y de las palabras de bienvenida, también calificaba el primer día del encuentro por una Justicia Legítima como «un día histórico», al explicar que la consigna convocante de por sí ya era «estimulante, porque se trata de un encuentro sapiente, de gran significación».
En la primera comunicación sobre la convocatoria para abordar propuestas sobre cómo debe ser reformado el sistema judicial, se anunciaba la presencia de más de seiscientos juristas durante las dos jornadas, aunque desde la organización, desbordados por el primer día de trabajo, aseguran que el número de asistentes superará ampliamente lo previsto.
El desborde y la expectativa era tal que incluso desde el bar lindante al Auditorio Jorge Luis Borges se dispuso de otra pantalla que tuvo dificultades con el sonido, y que generó en más de una oportunidad llamados a silencio entre unos y otros, porque nadie quería perderse ni una coma sobre la apertura del debate.
El clima de armonía sólo sufrió apenas una interrupción cuando desde el micrófono principal el titular del gremio de judiciales y dirigente moyanista Julio Piumato se cruzó con algunos de sus pares como Jorge Auat, el titular de la Unidadad Fiscal de Coordinación de causas de lesa humanidad.
El balance y las conclusiones de las exposiciones aún no tienen un destino formal, pero muchos de sus asistentes esperan que el resultado de las mismas sean un aporte para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan encarar reformas necesarias y pendientes del sistema judicial desde el regreso de la democracia, siempre con una fuerte espíritu anti coporporativista y teniendo en cuenta desigualdades sociales en el acceso a la justicia.
Entre los primeros oradores figuraron el juez de casación bonaerense Daniel Carral; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara nacional de Casación Penal y Alicia Ruiz, del Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, quienes agregaron matices al reclamo común de “reconciliar la justicia con la ciudadanía”
También participó el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; la ex presidenta de la Camara de Casación, Angela Ledesma; los jueces federales Carlos Rosanki, Mario Portela, Fernando Povina, Juan Carlos Reinaga, y los fiscales Mónica Cuñaro, Jorge Auat, Angel Osorio y Felix Crous, flamante titular de la Procuraduría contra el narcocrimen.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que «el cambio en el Poder Judicial está en marcha» y que el mismo «debe ser visible de cara a la sociedad y que los temas que interesan a todos se resuelvan en audiencias públicas y que las víctimas no deban exponer cientos de veces su dolor».
Carlotto dijo además que los «mismos mecanismos» existentes desde la última dictadura militar «hoy frenan la aplicación de una ley clave para la Democracia, por eso reclamamos un sistema judicial rápido», sostuvo para referirse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
«Como Abuelas de Plaza de Mayo tenemos mucho para decir. Hace más de tres décadas la dictadura nos arrebató a nuestros hijos y nietos. Desde entonces los buscamos incansablemente, siempre a través de los medios institucionales. Y el Poder Judicial fue una herramienta ineludible con jueces y fiscales que se empecinaron en obstaculizar nuestra búsqueda, y con otros que sí han sido solidarios», agregó Carlotto.
También enfatizó que «todavía hay jueces de la dictadura» aunque aclaró que desde Abuelas «no impulsamos ninguna caza de brujas, sino que sabemos que fueron algunos pocos los que en aquella época intentaron resistir y sufrieron las consecuencias», y sentenció: «Quienes brindaron apoyo ideológico y político deben ser apartados de sus cargos».
Por su parte el juez de la Cámara Nacional de Casación, Alejandro Slokar, afirmó que la convocatoria por una Justicia Legítima intenta «revertir una justicia de espaldas al pueblo», a la vez que subrayó que el Poder Judicial debe ser «atravesado por el poder democrático y rendir cuentas a modo de ajustar su actuación y su desarrollo».
El magistrado explicó que la convocatoria en la Biblioteca Nacional «está nucleada en torno a un postulado e ideario que supone una reacción anticorporativa contra todo verticalismo, contra todo manejo de carácter autocrático del Poder Judicial», y diferenció que el mismo «no es un todo compacto y homogéneo, sino que es una heterogeneidad con multiplicidad de actores».
«Desde esta perspectiva reivindicamos desde siempre el absoluto apego de toda judicatura a la vigencia estricta de los derechos humanos y el avance definitivo en el juicio y castigo de todos los crímenes cometidos en la última dictadura militar», subrayó quien fuera secretario de Política Criminal durante el gobierno de Néstor Kirchner y autor de unos libros en la materia junto al ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni.
Slokar, también profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, agregó que otro de los ejes del debate está centrado en «el acceso de los sectores más desfavorecidos y más vulnerables al sistema de justicia».
«Sobre esa continuidad que supuso la década neoliberal con los postulados del terrorismo de Estado, lo que se invita acá es a revertir esa justicia de espaldas al pueblo», agregó.
«Reclamamos independencia externa de todo poder, no sólo formal sino también fáctico. También del sistema de economía concentrada, de la hegemonía mediática y de la intolerancia religiosa. También mayor independencia interna de las cúpulas y de las propias asociaciones que nuclean a magistrados, y que en muchos casos expresan lo más caracterizado del conservadurismo, en defensa del statu quo y contra toda innovación», concluyó.
Cuando estaba por finalizar la jornada, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Julio Piumato, pidió el micrófono recién llegado al lugar, pero debió interrumpir su discurso por un abucheo generalizado del auditorio, incluyendo los empleados judiciales que se encontraban presentes.
En medio de los silbidos, Piumato decidió dejar el micrófono y se retiró inmediatamente del lugar, ante la reprobación de sus representados.
Una vez culminado el acto los magistrados, juristas, fiscales, abogados y otros miembros del poder judicial que participaron del primer encuentro de «Justicia Legítima» emitieron un documento en el que señalaron que defienden «una noción de independencia que no ignore la trama de poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el que trabajamos».
En la primera jornada del encuentro inaugurado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quienes asistieron señalaron que el encuentro es «el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de `invocar independencia´ para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho».
En el mismo texto, aseguraron: «Queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un modo diferente de ejercer la magistratura y la jurisdicción».
Por otra parte, destacaron que «rara vez en estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y apellido un cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en los documentos de `Justicia Legítima´”.
En el texto se señala que, de esta forma, «se habilita el escenario de un debate público en el que sin desconocer la mayor responsabilidad que nos corresponde como integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar muchas voces y muy diferentes actores sociales para inaugurar mecanismos de participación ciudadana».
También destacaron que «es inédito y auspicioso» que miembros de las justicias federal, nacional y locales «elijan modos de encuentro y participación como el de esta asamblea nacida de una convocatoria en la que nadie se arroga la representación de otros, ni apela a distinciones o jerarquías que no reconocemos ni aceptamos».
En ese contexto, aseguraron: «Defendemos una noción de independencia que no ignore la trama de poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el que trabajamos y el mundo en el que vivimos y somos concientes de los deberes que nos son propios y estamos dispuestos a cumplirlos sin claudicaciones».
Con el mismo criterio, llamaron a todos los miembros del Poder Judicial a «mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia» y hacer pública la «autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una justicia legítima”.
«Para conformar otro sistema de justicia -continuaron- hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género».
En la misma línea destacaron que «todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel».
Finalmente aseguraron querer discutir «cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes», como así también «cómo y por quiénes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles».
También se llamaron a discutir «cómo se asegura que la postulación y elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y sin restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la jurisdicción y de la administración y cuáles son las condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los vulnerables».
También plantearon el debate sobre «cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad civil en la construcción de una Justicia fuerte, independiente y democrática».

1 COMENTARIO

  1. a este paso vamos a llegar al instante que alguien del poder va a ordenar quien va preso y quien tiene permiso para robar.justamente la procuradora es la que esconde y traba todas las denuncias por corrupcion hechas al poder ejecutivo,y solo quieren garantizarse impunidad.

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