Presentan propuestas en el Congreso Federal sobre Reformas Legislativas

MAR DEL PLATA- La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que el modelo acusatorio en el sistema procesal penal “rompe con el esquema de estado policial y va a un esquema de estado de derecho, con un rol nítido por parte del fiscal y del juez”.
En el Congreso Federal sobre Reformas Legislativas, que se desarrolla en Mar del Plata, Gils Carbó dijo que “el modelo acusatorio cambia la lógica inquisitiva, donde la víctima tiene un rol preponderante porque se le da protección, asistencia y reparación, y ese sistema da soluciones porque agilizan los procesos y la eficacia; permiten juicios orales transparentes, con jueces imparciales y participación ciudadana”.
Para Gils Carbó “hay que suprimir la delegación en la investigación en la policía en los delitos federales, que hoy en día aporta pruebas y define los autores de los hechos, y en eso hay una deformación de la persecución penal”.
En ese sentido la procuradora declaró que el artículo 116 de la Constitución Nacional “refiere que el juez debe tener decisión en las causas pero no involucrado en ella y no acumulando pruebas contra el acusado”.
“Sólo el 27 por ciento de los detenidos tiene condena firme y el 73% está procesado, porcentaje que sube al 77% en el caso de los jóvenes adultos”, completó Gils Carbó.
La funcionaria judicial consideró que “hay una crisis de los modelos inquisitivos en la Justicia nacional y en la federal importante y hoy el Código Procesal penal es semi inquisitivo, un modelo descartado ya en América Latina en los `80 para garantizar los derechos humanos y el debido proceso”.
Puso como ejemplo que “en 15 estados de México ya funciona el sistema acusatorio, como también en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cosa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile, y parcialmente en Brasil” y refirió que en la Argentina “se utiliza en las provincias de Buenos Aires Córdoba, Salta Jujuy, La Pampa, Tucumán, Chaco y Catamarca”.
“Creamos procuradurías en narcocriminalidad, trata y explotación de personas, criminalidad económica y lavado de activos, violencia institucional y policial, lesa humanidad y violencia de género, y tenemos que tener fiscalías fuertes ante el crimen organizado”, completó Gils Carbó.