Un proyecto de Cambiemos limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.(Página 12)
Una nota de la Revista Crítica realizada por Carla Poth explica el tema con la mayor riguridad.
Para entender qué tan loco es este intento de promulgar una Ley de Semillas, alcanza con tomar el fallo de la Cámara 3 en lo Civil y Comercial, que ratificó la resolución del INTI, para impedir a Monsanto que patente la semilla de soja intacta.
En el fallo, la idea de la Cámara era la de graficar el concepto de la siguiente manera: «Imaginate que mañana, una persona diga que ‘quiere patentar la palabra elefante, porque cuando escribió esa palabra, le hizo un vericueto a la letra E’. Así de loco es. Es como querer patentar palabras en el lenguaje. ¿Quién empezó con el lenguaje? ¿Quién fue inventando las palabras? Esta es la misma intención que tienen las empresas para con las semillas.
¿Cómo pueden subrogarse la propiedad de una semilla, que -según dicen- la han mejorado genéticamente, cuando -en verdad- es una semilla que la han tomado desde algún lugar, y que ya fue mejorada por otros?
Este tema de la discusión de la Ley de Semillas es central y fundamental para todos y todas porque se está jugando nuestra forma de alimentación. Henry Kissinger, cuando fue ministro de Defensa de Jimmy Carter en esa presidencia de Estados Unidos, llevó adelante el proceso de la «expansión verde». Y en este contexto sostenía que «Quien controla los alimentos, controla a la humanidad».
¿Cómo pueden subrogarse la propiedad de una semilla, cuando es una semilla que la han tomado desde algún lugar, y que ya fue mejorada por otros?
Este debate tiene que ver con el proyecto de país que nos queremos plantear y el proyecto de humanidad que queremos tener. La Ley de Semillas regula todo lo que tiene que ver con las semillas alimentarias, con lo cual la lógica es la de expandir el sistema de agronegocios a absolutamente todo el escenario.
Es un paso más, ni siquiera cualitativo sino cuantitativo, en el intento de estas grandes empresas de controlarlo todo. Este proyecto ha dejado afuera a la gran mayoría de los interesados en este tema.
La forma espuria con la que se está llevando a cabo el tratamiento de este proyecto (porque ni siquiera ha sido ingresado al Congreso, sino que se busca el dictamen de un proyecto que ni siquiera ha sido presentado) se lo van a dar a los diputados, con las consecuentes presiones, para que lo aprueben directamente.
Este apuro por sacar la Ley de Semillas antes de que termine noviembre está íntimamente relacionado con la llegada del G20. Porque esta cumbre es la vidriera que pretende mostrar las políticas del Gobierno, para que vengan los inversores a la Argentina. Y quieren mostrarle a las corporaciones transnacionales agroalimentarias que el Gobierno Nacional le va a brindar las garantías políticas necesarias para que estas empresas vengan a invertir.
De promulgarse esta ley tendríamos, por un lado, a los productores seriamente perjudicados, porque aquellos que no problematizan la lógica del agronegocio y que compran las semillas, van a ver acrecentados terriblemente sus insumos. Van a tener que pagar no solamente cuando compran las semillas sino también cada vez que la utilicen, es decir una regalía por ese uso de la semilla.
Este apuro por sacar la Ley de Semillas antes de que termine noviembre está íntimamente relacionado con la llegada del G20.
Y aquellos productores que no quieran usar semillas compradas, que quieran intercambiar o generar las semillas propias, se van a ver afectados también porque sobre ellos se va a ejercer el control de policía. Las empresas controlarán oligopólicamente el mercado de todas las semillas, por lo cual, tranquilamente avanzarán contra los bancos de semillas milenarias.
Estas empresas dependen originariamente no sólo de poder monopolizar el uso de las semillas, sino también de -lisa y llanamente- robar semillas. Es sobre este accionar que estas empresas viven. Claramente podrán generar este poder de policía para poder controlar esos bancos de semillas.
A posteriori de todo esto, la situación irremediablemente implicará también a las cuestiones del consumo. El efecto inmediato será que el consumo de los alimentos va a estar controlado por muy pocas empresas, y hacia eso es a dónde se dirigen. Van a poder poner los precios, pero también van a poder decir qué semillas se van a usar para producir nuestros alimentos, y cómo se van a producir. Con lo cual, lo primero que se va a lesionar, es la soberanía alimentaria.
Esta nota tiene fotografías de Nico Cardello y su autora es doctora en Ciencias Sociales y docente universitaria. Este es el link
http://www.revistacitrica.com/quien-controla-las-semillas-controla-la-humanidad.html?fbclid=IwAR0s0NuheClDyZtEf_TUErPOjkPLGVs4_7JE0hnPrKx5pWJIA4AZMUnhJpI
