En simultáneo al extremo desasosiego de gran parte del Poder Judicial en mantener el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias, un grupo de jueces expresaron su preocupación por las condiciones humanitarias de los sectores más vulnerables dentro de las personas privadas de libertad.
El pasado lunes 25 de octubre, cuando el Congreso se preparaba para tratar el Presupuesto, una nutrida lista de integrantes de la corporación judicial, se apuró en contactarse con legisladores para tratar de convencerlos de rechazar la iniciativa que obligaría a todos los magistrados a pagar el impuesto a las ganancias.
Ese mismo día, se desarrolló en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, el seminario “Personas privadas de libertad: Desafíos de los estándares de la Corte IDH para la justicia penal”, organizado por la Cámara Federal de Casación Penal, la Defensoría General de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Allí, el presidente de la Casación Federal, Alejandro Slokar; las juezas de esa Cámara, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, entre otros expositores, analizaron las actuales condiciones de detención en el contexto de sobrepoblación carcelería regional y local.
El contraste es sano porque evidencia que no todos los magistrados priorizan su billetera. Hay quienes se ocupan de los derechos humanos de los más vulnerables.
En la Cancillería la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó su última opinión consultiva “Enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad” que estableció obligaciones específicas para los Estados en relación a mujeres embarazadas, en período de parto, post parto y lactancia; niñas y niños que viven en centros de detención con sus madres o cuidadores principales; personas LGBTI; personas pertenecientes a pueblos indígenas, y personas mayores”.
Junto a los jueces citados, disertaron el Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Pablo Saavedra; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; la Defensora Pública Oficial, Silvia Martínez; la Secretaria Adjunta de la Corte IDH, Romina Sijniensky; la jueza de la Corte IDH, Nancy Hernández López y el Defensor Público Oficial, Jorge Perano.
En ese seminario Alejandro Slokar afirmaba que «la justicia debe resguardar a los más débiles», mientras tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional desplegaba todas sus influencias para que el privilegio de no pagar por sus cuantiosos dividendos, se mantenga incólume. Les fue bien. Tuvieron el apoyo de la Corte Suprema de la Nación y en la Cámara de Diputados lograron que no se apruebe el artículo del presupuesto que perjudicaba a los jueces y demás empleados de altos sueldos de los Poderes Judiciales nacional y provinciales.
Pero hay otro contraste menos sano. Y es el impacto dispar que generan estos temas.
Por un lado, la defensa de los derechos humanos de los presos sigue irritando a gran parte de la sociedad, por supuesto estimulados por los medios de comunicación más poderosos, que consideran innecesario garantizas sus derechos.
Pero por otro, no se ve la misma irritación al comprobarse que el “triunfo” de la corporación judicial, de mantener la exención del impuesto a las Ganancias de sus ingresos, le quita al Estado la posibilidad de recaudar el año próximo $ 237.850 millones, que, como bien calcula el periodista Alejandro Rebossio en DiarioAR, es “el equivalente a 3,3 veces el esfuerzo contributivo que hacen todos los monotributistas del país”. Y agrega: “Con lo que se podría recaudar de los magistrados y sus asistentes de mayores ingresos -los que ganan menos de $ 330.000 no pagarían de ningún modo Ganancias- se podría utilizar para duplicar la inversión en autopistas o el reparto de alimentos o el presupuesto de las fuerzas de seguridad o el gasto militar, o se podría financiar el plan de crédito hipotecario Procrear, toda la infraestructura educativa (llámese plan Conectar Igualdad de reparto de computadoras, nuevos jardines de infantes y escuelas, etc.) o el 80% de lo destinado a obras de agua potable y cloacas”. Curiosamente, estos datos no enojan tanto como, por caso, pretender darle dignidad a una mujer embarazada durante su estadía en la cárcel.
¿Todos somos iguales ante la Ley? No. Está visto que más allá de lo que dicte la Constitución, están los que por tener más poder, gozan de más privilegios y a quienes, por ejemplo, por estar privados de la libertad, resulta sencillo violar sus derechos, que en los papeles, tienen garantizados.
Así queda al desnudo una desigualdad que solo se revertirá cuando los derechos de los que habitan los subsuelos de la sociedad, sean prioritarios en la agenda del judicial, y no sea su propio bolsillo el motivo que los desvele.
