Organizaciones indígenas de todo el país piden la liberación de Milagro Sala

JUJUY- Organizaciones indígenas de todo el país y de todos los pueblos originarios reclamaron el “cese inmediato” de la privación de la libertad de “la hermana Milagro Sala” y denunciaron gravedad institucional y falta de garantías de un proceso al que juzgan “ilegal e impuesto” por el Ejecutivo y el Poder Judicial jujeño

El comunicado lleva la firma de decenas de organizaciones territoriales y que está encabezado por la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina (ONPIA) y, por citar algunas, la Comunidad Huarpe de Mendoza; Ocastafé (originarios de Santa Fé); y comunidades wichí de Salta, de Chaco, de Formosa; y comunidades guaraníes de Salta, Jujuy.

«La realidad de Jujuy hoy nos quiere mostrar lo que nos puede pasar si nos atrevemos a luchar por nuestros derechos a través de la detención de la hermana Milagro Sala. Se trata de un proceso ilegal en contra de una hermana indígena, que está en estado absoluto de discriminación y desigualdad» indica el pronunciamiento de los indígenas.

Además, añade que la detención de la dirigente social fue «impuesta por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy en absoluta y pública connivencia con el Poder Judicial de la provincia, en acto de juzgamiento político con abuso y arbitrariedad» por lo que consideran «ilegal» el proceso.

Al rechazar el «sojuzgamiento público, la provocación y discriminación» a Milagro Sala, los originarios presentaron cinco puntos: en primer lugar exigen la libertad inmediata; en segundo lugar anticipan que acudirán en «defensa y protección de Milagro Sala por la vía legal que según derecho corresponde» y en tercer lugar «declaran el estado de alerta, emergencia y movilización de todas las organizaciones e instituciones» de pueblos originarios.

En el punto cuatro, instan al estado provincial a «desistir y deponer su actitud de generar enfrentamientos violentos entre pueblos originarios y la ciudadanía, situación probada y de público conocimiento, que se ejerce diariamente» y en el último punto responsabilizan al gobierno provincial «por presiones» a las cooperativas legalmente constituidas.

 

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