San Miguel del Monte llora a sus niños fusilados  a la par de la exigencia de justicia

 

Siete oficiales de la Policía Bonaerense fueron detenidos por la masacre de San Miguel del Monte, acusados por la persecución a tiros que provocó el accidente en el que murieron dos adolescentes de 13 años, uno de 14 y un joven de 22. Otra chica está herida de gravedad. En el cuerpo de uno de ellos se encontró una bala policial.

Esta vez, en San Miguel del Monte, la mentira para encubrir un nuevo caso de gatillo fácil tuvo patas cortas. La supuesta “linterna” que, según los policías, había sido direccionada hacia el Fiat 147 Spazio durante la persecución mortal del lunes a la madrugada, era un arma reglamentaria de la Bonaerense que hirió a uno de los cuatro jóvenes que murieron al estrellarse el auto contra un camión estacionado. El fiscal de Cañuelas a cargo de la causa, Lisandro Damonte, tiene como imputados a siete policías, cinco de los cuales ya se encuentran detenidos. Entre los apresados está al menos uno de los que apretaron el gatillo, balazos cuya existencia había sido denunciada desde el principio por varios testigos presenciales. Esos testigos tuvieron que ratificar sus dichos en sede judicial, porque en el acta de instrucción primaria de la policía, en lugar de señalar que habían escuchado “disparos”, se había señalado que sólo fueron “estruendos”.

Los primeros cinco detenidos son el capitán Rubén Alberto García, el oficial Leandro Daniel Ecilape, el subinspector José Alfredo Domínguez, el oficial subayudante Mariano Ibañez y el oficial Manuel Monreal. Los nombrados García y Ecilape fueron los primeros en ser desafectados de la fuerza policial, el miércoles, junto con el titular de la comisaría de Monte, subcomisario Julio Franco Micucci. A última hora fueron detenidos el oficial subayudante Cristian Righero, y el oficial Juan Gutiérrez.

García y Ecilape serían los que iban en el primer móvil que perseguía al Fiat y del cual partieron los disparos. Las cámaras de seguridad, como se dijo, captaron el momento en que uno de los policías asomó la parte superior del cuerpo por la ventanilla del acompañante del móvil, con la supuesta “linterna”, que en realidad era un arma. Detrás del primer móvil iban otros, el segundo con cuatro ocupantes y el tercero con un número de agentes que no fue precisado. Todos llegaron en caravana, en tropel, detrás del auto donde murieron el joven de 22 años y los cuatro adolescentes.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, luego de confirmar que la bala hallada en el cuerpo de una de las víctimas es calibre 9 milímetros, informó que a las tres sanciones aplicadas el miércoles, se sumaron otras doce. Los policías apartados de sus cargos son el comisario general Marcelo Corbalán, superintendente de Seguridad Región Capital; el comisario mayor Óscar Osvaldo Frías, jefe de la Departamental San Vicente; el comisario inspector Juan Carlos Sosa, segundo jefe de la Departamental San Vicente; el comisario inspector Mario Angel Mistreta, jefe de la Policía Comunal San Miguel del Monte.

Se están realizando peritajes balísticos para saber de cuál o cuáles de las armas partieron los disparos que escucharon los testigos. Un joven que estaba en la ruta 3, a la altura de Monte, cuando ocurrió el hecho en la madrugada del lunes, declaró que no sólo escuchó los tiros que venían “de un móvil policial” sino que tuvieron que tirarse al piso    –con otros chicos que lo acompañaban– porque “las balas pasaban cerca nuestro”.

Otro testimonio importante es el del chofer del camión contra el que se estrelló el Fiat Spazio. El hombre dijo que estaba durmiendo y que primero lo despertaron los tiros y luego entró en conmoción al escuchar el impacto del auto sobre el vehículo en el que se encontraba.

El abogado Marcelo Lafolla, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien viajó al lugar de los hechos, le dijo a PáginaI12 que entre los imputados “en algunos casos lo son por su participación (directa) en el hecho y otros por lo que dijeron en la instrucción policial, en el ámbito de las dependencias policiales” porque estas “difieren de las que se tomaron en sede judicial”. La sospecha es que al parecer “tomaron mal las declaraciones con intencionalidad, no por error, y eso complejiza la situación”. El fiscal le confirmó, por ejemplo, que cuando los testigos decían “disparos” los instructores policiales asentaban “estruendos”.

El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó en La Plata que “en el cuerpo de uno de los jóvenes varones se ha encontrado un orificio de proyectil”. Agregó que se estaba verificando el calibre de la bala (luego se comprobó que era 9 milímetros) y al mismo tiempo “se está verificando en las armas que fueron secuestradas a los efectivos policiales presentes en este episodio, si hay ausencia en los cargadores”.

Antes, el fiscal platense Héctor Vogliolo había adelantado el uso de las armas por parte de los policías. “Dispararon hacia el vehículo, en el que se están haciendo peritajes nuevamente para ver si se encuentra el orificio” de bala. Aunque el vehículo está destrozado, partido en dos, por la tarde se dijo en fuentes judiciales que se habría encontrado “algo que parece ser el orificio” que hizo al menos uno de los proyectiles.

Vogliolo, en coincidencia con el fiscal a cargo de la causa, consideró que lo sucedido “excede el ámbito del homicidio culposo” porque “hay muchísimas filmaciones en poder del fiscal y elementos suficientes como para poder reconstruir las circunstancias que rodearon a este hecho tan trágico”.

“Las filmaciones que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo, donde los chicos estaban muy contentos, estaban cantando y demás; la policía dice que no respondieron a la voz de alto, pero si eso hubiese ocurrido, es porque no creo que los chicos hayan escuchado ninguna voz de alto.”

En Monte fueron sepultados ayer los cuerpos de Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14) y Danilo Sansone (13), en el Cementerio Parque de la ciudad de Lincoln. La cuarta fallecida, Camila López (13), había sido sepultada el miércoles, en el mismo cementerio.

La indignación de un padre

“Quisieron tapar todo”, denunció Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, uno de los chicos que murió en San Miguel del Monte tras ser perseguido por la policía. Entre lágrimas, sostuvo que “los acribillaron a los nenes, hicieron un desastre»

Danilo Sansone es uno de los cuatro muertos luego de que el vehículo en el que circulaban fuera perseguido a los tiros por agentes policiales, lo que los llevó a chocar contra un camión estacionado. “A una nena le sacaron un tiro de un glúteo. Quisieron tapar todo, se llevaron el auto en dos segundos. Una persecución a muerte fue”, dijo Juan Carlos Sansone en diálogo con radio La Red.

“Nadie nos quiso atender, estamos luchando nosotro con los pocos recursos que tenemos”, agregó en un conomevor testimonio.

Trending topic para Bullrich y sus acostumbrados polémicos dichos

Las redes contra Bullrich por sus dichos sobre la masacre de San Miguel del Monte

Luego de la trágica persecución que terminó en la muerte de cuatro chicos, la gente en las redes sociales le recuerda a la ministra de Seguridad sus palabras sobre el gatillo fácil y la doctrina Chocobar. Miles de mensajes van dirigidos a Bullrich por estas horas y convirtieron al hashtag #MalditaMinistra en trending topic.

La muerte de estos cuatro chicos en San Miguel del Monte sensibilizó a toda la sociedad. Y muchos cargan sobre los hombros de Bullrich estas trágicas muertes en manos de la policía.

La llamada ‘Doctrina Chocobar’ y la luz verde del Gobierno para las fuerzas de seguridad en materia de represión y gatillo fácil, son las que ponen hoy a la ministra en el banquillo de los acusados, en las redes sociales.

A través de estos medios la gente puede expresarse y manifestar su bronca por el asesinato de los jóvenes tras una persecución mortal.

El hashtag #MalditaMinistra es trending topic en este domingo.

@GuidoMolte

Mucha tristeza e impotencia por los chicos de San Miguel del Monte. La doctrina Bullrich es muerte. Que se haga cargo.

@TodoNegativo

Las muertes de lxs chicxs de San Miguel del Monte, a manos de la maldita policia, son la consecuencia de un adoctrinamiento enfermizo por parte de quienes deberian haberles inculcado el deber de protegerlos!!! #HabráConsecuencias

@VaneSpaccavento

Esto genera la doctrina Chocobar. Esto es lo que genera @PatoBullrich Haganse cargo. No tienen perdón.

@anaecorrea

No murieron. Los masacraron por nada quienes en teoría son los encargados de protegerlos. Es gravísimo. Mañana organizaciones convocan a a Plaza de Mayo para pedir justicia.

@DiegoAleson

Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira y los chicos de Monte. Víctimas inocentes y casos emblemáticos de las políticas represivas del gobierno. Hay muchos más, quizás sin tanta difusión.

La doctrina chocobar mata.

Bullrich mata.

Macri mata

BASTA.#MalditaMinistra

@Daniel5ok

🔴 El pacto de silencio de la policía para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte. Los policías implicados en la persecución que terminó con la muerte de cuatro chicos, ocultaron pruebas, manipularon testimonios y trucharon partes. #MalditaMinistra

@Delpetrolero

No eran un comando terrorista ni mafiosos. Haganse cargo de la masacre que provocaron!!! #MalditaMinistra

@Alesh1984

Cuando uno cree que esta borracha inoperante llegó al límite de la bestialidad humana, aparece y dice cosas cómo estás, además de ensuciar el nombre de Luciano Arruga que pretende decir? Que el asesinato de San Miguel del Monte es un montaje?? #MalditaMinistra #BullrichRenunciaYA

@coreacentronet

«El caso de (Luciano) Arruga terminó demostrándose que todo lo que se había construido era mentira», aseveró @PatoBullrich esta noche en una entrevista con @odonnellmaria y #ErnestoTenembaum en #CoreaDelCentro 👉http://www.canalnet.tv/page/senal-en-vivo …

La voz del CELS

La masacre de San Miguel del Monte tiene vinculación directa con las políticas de seguridad impulsadas por el Estado, con “la instalación de una idea de orden muy autoritaria”, aseguró la abogada Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es importante pensar este caso en términos políticos, que significa entender que estos casos son consecuencias de políticas que toleran o incentivan ese modo de hacer policial, y que es un modo históricamente muy violento”, señaló. Ese planteo, añadió, también tiende a relevar de responsabilidades a políticas a las autoridades que, sin embargo, son quienes lo impulsan.

-Cuando se plantean mensajes de que la policía tiene que intervenir de cualquier modo, aun cuando el planteo de las autoridades políticas tenga que ver con que lo racional es que intervengan de forma muy dura respecto de la criminalidad, con la idea de generar una situación de mayor seguridad para todos, el planteo des-responsabiliza a la policía y las autoridades políticas ante esa forma de intervención muy violenta. El planteo tiene que ver con la instalación de una idea de orden muy autoritaria, según la cual el Estado viene a generar orden con las fuerzas de seguridad, a disponerlas masivamente por todos lados y a que tengan la posibilidad de intervenir.

-Ese planteo, además, en algún sentido postula que existen fuerzas de seguridad impolutas, con procedimientos incuestionables.

-Es que va de la mano una cosa con la otra: el planteo es de una idea de seguridad muy autoritaria, donde lo que se está dando son valores, mensajes en el sentido de que la intervención policial violenta, por más que cause afectación al derecho a la vida, está justificado por la idea de seguridad. Es una propuesta política que parte de ahí. La propuesta del Estado en relación con la construcción de autoridad y la política de seguridad no puede partir de ese presupuesto de orden autoritario. Si parte de ahí, lo que se generan son situaciones de mayor violencia. Es el Estado el que genera los hechos de violencia, que terminan en situaciones que las propias autoridades políticas se ponen a lamentar como si fueran hechos desconectados de la política. No se pueden des-responsabilizar las autoridades políticas por hechos que son consecuencia de sus propios planteos. Entendemos que es correcto que se haya separado de la fuerza a los policías que intervinieron, sin duda, pero eso hoy no es lo principal. La individualización de los policías responsables tiene que ir acompañado de la responsabilidad política por las muertes. Hay responsabilidad política por esas muertes, tiene que ver con el hecho de haber planteado la situación de seguridad asociada a un orden muy autoritario, que se des-responsabiliza de la violencia estatal. Eso quiere decir que hay vidas que importan y vidas que no importan.

Litvachky señala que, ante planteos sobre la discusión en torno a políticas de seguridad democráticas y límites a la actuación policial, la respuesta es una manipulación: “Se confronta diciendo que en realidad lo que queremos es que no haya construcción de autoridad, no haya política de seguridad alguna. Se busca armar una contraposición absoluta”. Así, el diálogo en vistas a modelos no autoritarios de seguridad queda obturado.

-El planteo nuestro, en la discusión a nivel nacional y provincial, es que la construcción de políticas de seguridad democráticas tiene que apostar al derecho a la vida. El Estado tiene que dar ese mensaje. No puede pasar que se propongan políticas que van en la orientación contraria, y que cuando causan muertes como las de San Miguel del Monte, que ahora no pueden explicar, lo tomen como hechos trágicos propios de un accidente de tránsito. Aparece una cuestión muy clara de querer buscar algún tipo de empatía con el dolor de los familiares, pero no de rendir cuentas realmente de lo que vinieron haciendo estos años y cómo fueron abonando la idea de que la protección de la vida, de los derechos humanos implicaba una desprotección para todas las personas. Este hecho demuestra lo contrario: que una propuesta de seguridad como esta lo que hace es que todos tengamos miedo de la policía. Es un orden muy asociado al miedo, a la sospecha.

-Anoche, en un programa de televisión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “todo lo que se construyó en el caso de Arruga se demostró que era mentira”.

-Me parece que ella está intentando generar una provocación. Que justamente haga esta contraposición entre “nosotros somos la autoridad y ustedes, los que plantean que hay que respetar los derechos humanos, en realidad lo único que quieren es culpar al policía en todos los casos” es político. Esa construcción argumentativa es política, sostiene que los derechos humanos no protegen a las personas y están en contraposición con cualquier política de seguridad posible.

-La ministra dio información errada sobre el caso.

-Creo que se toma de casos que pueden generar controversia, y con falta de respeto por el dolor de las familias. Por un lado, juega con el dolor de esas familias, y por el otro, quiere generar una estigmatización, un etiquetamiento de las organizaciones de derechos humanos, que según ella mienten, frente a ella, que tiene esta “verdad”. Se trata de una confrontación que no tiene sentido. Lo importante es el debate político: quién es responsable de estas muertes. Ella intenta poner en discusión casos donde la sociedad argentina se movilizó pidiendo justicia, y lo hace en vistas a un caso donde va a pasar lo mismo. La sociedad argentina se va a movilizar por la masacre.

-En San Miguel del Monte, ya lo hizo: por eso se logró desarmar la versión policial.

-Se movilizó, sí. Lo importante es que ahora el Estado responda en términos de representación de autoridad, que haya responsabilidades políticas y se explique cómo va a hacer el Estado para respetar los derechos, para que las personas no tengan miedo de lo que pueda hacer la policía. El punto también es qué tipo de reparación plantea el Estado para las familias de Luciano Arruga, de Santiago Maldonado, de estos chicos, en casos en los que el Estado es responsable de lo que les pasó. La ministra tiene que dar una respuesta reparadora a las familias, no echarles la culpa, decir que mienten y ponerlas en contraposición. Es irresponsable y doloroso, es injusto con esas familias.

-¿Cree que va a suceder?

Las muertes no se pueden reparar, pero creo que el desafío político es construir esa respuesta, incidir para que se construya. También para que la larga historia de activismo antirrepresivo, de militancia antirrepresiva en Argentina vaya construyendo una respuesta reparadora para las familias. Esto tiene que permitir una reflexión social y política sobre la relación del a policía con la sociedad: ¿qué le pedimos a la policía?, ¿qué toleramos que haga la policía?, ¿cómo pretendemos que funcione? El gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo algunas intervenciones interesantes, al menos en lo que refiere al trabajo de Asuntos Internos, en hacer sumarios e intervenir en algunos casos de corrupción de la Policía Bonaerense. Es importante intervenir en ese sentido. El planteo político en relación con la Bonaerense es que no se puede escindir la discusión sobre sus vínculos con la ilegalidad de la discusión sobre su actuación violenta.

El estado de la única sobreviviente

En tanto, la adolescente de 13 años, Rocío Guagliarello  continúa con pronóstico reservado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela

Este viernes se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Rocío Guagliarello, la adolescente de 13 años que está internada en terapia intensiva en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela.

Rocío es la única sobreviviente de la persecución policial que provocó el choque del auto en el que viajaban Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez.

Según el informe, Rocío está en estado crítico «mecánicamente ventilada, con altos requerimientos ventilatorios debido a Distres Respiratorio Agudo en curso, soporte vasopresor similar y monitoreo de Presión Intracraneana (PIC) con valores normales».

«Actualmente presenta cuadro compatible con sepsis para lo cual se medicó oportunamente con antibióticos. Su pronóstico sigue siendo reservado», finaliza el comunicado.

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