Para el Juez Arias «El caso Arruga demuestra que la policía capta menores para delinquir»

LA PLATA- El juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata Luis Arias aseguró que lo viene denunciando desde 2009 y que lo trataron «de loco e irresponsable», pero el caso de Luciano Arruga era uno entre 28 casos que investigó.

El cadáver de Arruga, desaparecido hace cinco años y ocho meses en Lomas del Mirador, fue encontrado la semana pasada enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN.

Tras el hallazgo, el magistrado sostuvo en un comunicado que «la Policía recluta menores (de edad) para delinquir y las detenciones por averiguación de antecedentes se usan como método de alistamiento».

Recordó que en 2009 «había fallado contra este tipo de aprehensiones, pero la Cámara Penal de Apelaciones de esta ciudad (por La Plata) anuló esa sentencia».

Después, cuando el ministro de Justicia, Ricardo Casal, le pidió pruebas sobre esas denuncias, el magistrado afirmó que envió a los medios un listado con «23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por apremios y torturas a chicos de la calle, en las que se dejaba traslucir la idea de reclutamiento».

En ese marco, Arias recordó también el homicidio de Daniel Capristo (45), asesinado a tiros por un chico de 14 años en la localidad bonaerense de Valentín Alsina en 2009.

«Sobre ese caso se sospecha que el menor (de edad) que le quitó la vida a Capristo, recibía por parte de policías de la zona cuarenta dosis de paco por cada automóvil que robaba», denunció el juez.

El magistrado sostuvo en un comunicado que «la Policía recluta menores (de edad) para delinquir y las detenciones por averiguación de antecedentes se usan como método de alistamiento» El magistrado recordó, además, el crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea (46), ocurrido en 2008 en Acassuso, partido de San Isidro, en el que se sospecha que participaron adolescente que habrían sido reclutados por la Policía bonaerense en La Matanza para cometer delitos en la zona norte del conurbano.

Para el juez platense, estas denuncias tienen un punto en común con la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013.

Durante la misma, destacó Arias, «hubo múltiples irregularidades en el ámbito del Gobierno, la Policía y el Poder Judicial en torno a la investigación por la cantidad de muertos que provocó la trágica inundación, la que dejó como saldo 89 muertos».

En tal sentido, recordó que «hubo cosas increíbles, como el hecho de que dos personas fueron enterradas con el mismo nombre», y que descubrieron una «modalidad de ocultamiento de cuerpos que puede haberse aplicado con Julio López y que evidentemente se aplicó con Luciano Arruga».

Por otra parte, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos marcharán mañana desde las 10 desde el Departamento Central de la Policía Federal, en Moreno 1550 de la Capital Federal, hasta la sede del Ministerio de Seguridad bonaerense, en calle 2, entre 51 y 53, en La Plata, «en repudio al abuso policial y el hostigamiento a los jóvenes por su condición social».

Bajo el lema «Los pobres también tenemos derechos, caminamos para que no haya ni un pibe más ni una piba menos», se efectuará la «Marcha Nacional de la Gorra», que tendrá actos en simultáneo en Córdoba, Mendoza y Rosario.

Antes de partir rumbo a La Plata, habrá una conferencia de prensa junto a familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones políticas y de derechos humanos.

«Los jóvenes pobres padecen permanentemente el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. El marco de emergencia en la provincia de Buenos Aires agravó esta situación: en agosto difundieron cifras oficiales que hablaban de 394 ‘enfrentamientos’ policiales en los que se registraron 137 ‘delincuentes’ heridos y 85 muertos», precisa un comunicado de los organizadores.

Recordaron que «Arruga era hostigado por la Policía de su barrio, su hermana escuchó sus gritos bajo tortura en el destacamento de Lomas del Mirador y ocultaron su cuerpo durante cinco años y ocho meses. Es la gota que rebalsa el vaso. Luciano es símbolo de una problemática social persistente, que debe ser sancionada», afirmaron.