Un estudio muestra que el encarcelamiento de los padres suma vulnerabilidades a los hijos menores

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Los niños, niñas y adolescentes que tienen a alguno de sus padres o adultos cuidadores privados de su libertad tienen muchas más probabilidades de tener un mal desempeño escolar (75%), de ser víctimas de violencia verbal (39%) o realizar trabajo infantil (58%) que otros chicos de su mismo nivel de ingresos pero de familias sin experiencia carcelaria, según un nuevo informe de la UCA.

Estas cifras surgen del estudio «Las múltiples vulnerabilidades que afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes con su padre, madre o algún referente encarcelado (Nnapes)», presentado este miércoles por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA junto a la oficina regional para América Latina y el Caribe de Church World Service (Cwslac).

«Lo que se puede advertir es que son niños muchos más vulnerables en términos de pobreza e indigencia -pero también de déficit educativo y trabajo infantil- que chicos que nunca tuvieron a sus padres encarcelados, aún en las mismas condiciones de pobreza o de desventaja social», dijo a Télam la responsable del estudio, Ianina Tuñón.

Y respecto a estos indicadores, los Nnapes están incluso «bastante peor respecto a los que alguna vez tuvieron a alguno de sus padres presos» pero no los tienen actualmente, indicador de que «cuando superan esta situación, de alguna manera se ven más protegidos» y sus condiciones de vida «tiende a equipararse a la de los pobres que nunca experimentaron esta situación», lo que demuestra que «el efecto encarcelamiento es muy importante».

Se calcula que la población de Nnapes, como porcentaje del total de niños, niñas y adolescentes (NNA) del país entre 0 y 17 años, se mantiene estable entre 1,3% y 1,7% desde 2014.

En base a esta información se puede decir que aproximadamente 217.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde algún miembro de la familia se encuentra encarcelado; cifra que asciende a 700.000 cuando también se tienen en cuenta aquellos chicos que atravesaron por esta experiencia en el pasado pero ya la superaron.

El análisis realizado permite la comparación entre estos dos grupos, pero también con los chicos pobres o no pobres que nunca enfrentaron esta problemática familiar.

Así, se observa que el 70,1% de los hogares en los que viven los Nnapes se encuentran por debajo de la línea de pobreza y la probabilidad de ser pobres es un 40% mayor para estos chicos en relación con aquellos que nunca tuvieron a sus padres presos.

Esa vulnerabilidad se confirma al ver que el 85% de ellos y ellas viven en hogares pertenecientes a los estratos más bajos, valor que desciende hasta el 78.3% para el caso de los chicos y chicas que están por debajo de la línea de pobreza pero pertenecen a hogares que nunca tuvieron un integrante en prisión.

También se observa que las configuraciones familiares de los Nnapes tienden a ser en mayor medida monoparentales (42,8% contra el 25% entre los que no atravesaron experiencias carcelarias en el hogar) y sus hogares están conformados como familias extensas, es decir que viven con abuelos, tíos u otros familiares (47,1% versus 31,7%).

La población de Nnapes, sobre todo les que transitan la primera infancia y la adolescencia (educación inicial y secundaria), registran mayor propensión a tener déficit educativo que quienes vivenciaron esta situación con anterioridad o que no lo hicieron nunca.

Así, las probabilidades de no asistir a la escuela o hacerlo con sobre-edad se incrementa un 75% entre los chicos con alguno de sus padres o referente adulto encarcelados, en relación con otros niños, niñas y adolescentes igualmente pobres pero que nunca transitaron una experiencia penitenciaria.

«El déficit educativo está correlacionado con la pobreza pero también con la discriminación porque estos chicos tienen que lidiar con una situación familiar que no es fácil explicar ni vivenciar sin que no tenga consecuencias negativas para ellos y esta problemática específica los coloca en una posición de desventaja para alcanzar mayores niveles de equidad (a partir de la escolarización)», dijo.

Pero esta situación se revierte significativamente en el caso de los niños, niñas y adolescentes que se vieron afectados por una ausencia familiar por cuestiones penales en el pasado, pero ya no en la actualidad: el déficit educativo se reduce un 30% entre los chicos de 13 a 17, y en un 70% para niños de entre 5 y 12 años en este otro grupo.

Por su parte, el trabajo infantil –ya sea doméstico o para el mercado- es un 42% más habitual entre los Nnapes comparativamente con los niños, niñas y adolescentes pobres que nunca tuvieron a algún miembro de la familia encarcelado.

Así también los hijos menores de 18 años de personas encarceladas son un 39% más propensos a recibir agresión verbal y un 8.5% a recibir agresión física, si se los compara con chicos cuyos padres o adultos responsables nunca estuvieron presos.

Por otro lado, les Nnapes de todos los grupos etarios, estratos socio-ocupacionales y áreas geográficas, tienen más probabilidades de recibir algún tipo de ayuda por parte de los Estados, que sus pares anteriormente en esa situación o que nunca la atravesaron, sean pobres o no (57,6% contra el 54% y el 54.7%, respectivamente).

«Es una de las poblaciones más protegidas por los sistemas de transferencia de ingreso –como AUH o la tarjeta Alimentar- , por tratarse de una población con mucha incidencia de la pobreza», dijo.

En definitiva, el informe muestra «cómo el encarcelamiento de un miembro del hogar se constituye como un factor de vulnerabilidad para el ejercicio de derechos de los niños, niñas o adolescentes, de manera simultánea y aditiva a los factores de riesgo ya existentes».

«Para los chicos, esta problemática implica que reducción de ingresos y un adulto menos en el hogar para afrontar estrategias de sobrevivencia, crianza y educación; pero también padecer los prejuicios y valoraciones negativas en torno al encarcelamiento, empeora sus condiciones de pobreza porque la familia se ve discriminada para conseguir trabajo, en su hábitat social y escolar», explicó.

Es decir que el encarcelamiento de sus padres o adultos referentes opera como un «efecto extra que altera las condiciones de vida de los chicos y su potencial de desarrollo».

Para Tuñón, las instituciones que pueden contribuir a paliar esta situación son fundamentalmente la escuela y el sistema de protección social a través de «la incorporación de esta diversidad» con «un abordaje especial» que permita «prevenir de la discriminación y garantizar que estos chicos puedan encontrar en la escuela, un refugio».

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