Por Gustavo M. Russo
El 1° de febrero a las 18 horas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Nación, se llevará adelante una marcha emblemática para la historia de la República Argentina, que será escuchada por la Corte Suprema, aunque la misma se resista a entenderla. Es lo que diviso, de acuerdo a las diferentes movidas y consignas que se despliegan, tanto en su favor como en su contra. Pero voy a rescatar una, muy particular, con la cual me resulta cómodo acordar, en base a mis principios ideológicos que no escondo. La propuesta es simple y clara, dice: “Para que no se apliquen leyes contra el pueblo” y es enunciada por el sector de Madres de Plaza de Mayo.
Quienes tienen un poco de conocimiento del contexto de la realidad argentina y además un pensamiento crítico, no necesitarán mucha explicación para darse cuenta, que en nuestro país todavía tenemos y sufrimos una violencia institucional descarada, que cada vez se aplica más contra personas, que con osadía, molestan al status quo de la elite cultural dominante. Es por ello, que con fallos contundentes de ejecución mediática, confeccionados a medida por un conjunto de medios de comunicación que actúan en tándem, se busca demonizar con la construcción del sentido común, a determinadas personas: mujeres y hombres de la política. La idea, es arrojar el guante de la sospecha que inmediatamente será recogido por algún servil tribunal o fiscalía, dispuesta a crear con eso alguna causa judicial, sin importar, que amerite pruebas o justificativos acordes al derecho y al respeto por las normas de brindar garantías del debido proceso. Lo que es llamado hoy como Lawfare. (Su significado responde a “guerra jurídica”, un ataque a los oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales pero dando siempre apariencia de legalidad). El apoyo que brindan los medios para instalar ese ataque, lo realizan con las “Fake news”, noticias falsas.
Es decir, hacer ruido para poder salir de cacería, justificando así la persecución y el disciplinamiento que parte desde los medios, poderes fácticos, logrando, lo que no se puede generar genuinamente desde un estrado judicial. La oportunidad perfecta para la creación, que permite el odio irracional, de un enemigo importante, un mal social como pocos, un monstruo jamás visto, que debe ser destruido de alguna manera. Y es ahí, cuando suele entrar al juego, sin importar el cómo pero si las reglas impartidas – como alude y enuncia Pierre Bourdieu– algún funcionario judicial dispuesto a terminar con este flagelo, con esta calamidad, que no es otra cosa que un invento para la protección y ocultamiento de los intereses espurios de los poderosos de siempre.
Permanentemente el embate se dirigirá contra quienes militan en política, contra los jóvenes que insisten en obtener un provenir lejos de las garras del neoliberalismo. Implícitamente también, está dirigido a estigmatizar a todos aquellos que adhieran, a la tergiversación conservadora, del vocablo popular. Con el fin, de “alejar a las masas de la corrupción política”. Pero, favoreciendo a los verdaderos impunes, que llegan ocasionalmente a la política para formar parte de un gobierno rancio, neoconservador y negacionista de los crímenes de lesa humanidad, que no solo utilizan a la política para sus cometidos sino, que a su vez, la desprecian. Impulsando a través de ella, medidas de ajuste económico, permitiendo silenciar a sus opositores, instaurar la fuga de capitales, generar endeudamiento como un condicionamiento democrático, atacando permanente las acciones públicas, que ayudan a las mayorías populares, evitándose pagar mayores impuestos, incrementando notablemente sus capitales depositados en paraísos fiscales del extranjero, mientras originan paralelamente a todo esto, una devaluación notable de nuestra moneda de curso legal, proponiendo a todo cambio, en materias de políticas públicas, una protocolización gubernamental de decretos de necesidad y urgencia (DNU), todo para evitar debates parlamentarios infructuosos, entre muchas otras aberraciones jurídicas, que llevan agua hacia su molino. Sin olvidar la agitación que distribuyen, por falta de argumentos sólidos, de improperios, injurias de connotación emocional, esparcidas como humo en la sociedad para defenderse y de esa manera, contribuir a confundir a aquellas personas que están desprovistas de información verás. Generalmente, rehenes de sus diatribas triviales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, demuestra cada día que pasa, no estar a la altura de las circunstancias para comenzar a resolver algo de todo lo expuesto. Si bien, se pudieren nombrar cuestiones que involucran en prevaricato a sus principales miembros, en algunas de sus intervenciones, la Corte ha favorecido sin lugar a dudas, con el dictado de resoluciones ambiguas, a determinado sector de la política. Determinaciones que pueden entenderse de modo diferente, originando interpretaciones que confunden y alteran criterios de fondo, faltando a derecho. Como ha ocurrido con su intromisión, en el Decreto 168/2021(DECNU -2021-168-APN-PTE) de alcance nacional emitido por el Presidente, para que no tenga, ni cause efecto jurídico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a la presencialidad de los niños en las escuelas en plena pandemia, cuando no existían garantías de cuidados por parte de las autoridades locales. Salvaguardando a la Ministra de Educación porteña Soledad Acuña, que en varias oportunidades, ha probado no estar preparada mínimamente para esa gestión, tan compleja y necesaria. Dejando vía libre, al máximo Tribunal de Justicia capitalino, tapar los yerros de la administración de Horacio Rodriguez Larreta para permitirle posicionarse electoralmente, generando mayor circulación de personas en pleno ascenso de contagios. La Corte, ya ha obrado en obediencia a favor de los poderosos, le permite al Grupo Clarín poder ser cada día un imperio comercial más monopólico y le hace guiños permanentes al macrismo oportunista dueño de las acciones del diario La Nación. Su misión es otorgarles un buen respaldo desde su posicionamiento. No le interesa participar y en ayudar a lo populacho, sigue estando cómoda donde se encuentra.
La Corte tuvo manifestaciones graves con su proceder, en varias oportunidades, donde ha hecho caso omiso de participar con una conducta ejemplar. Cuando se separaron del Poder Judicial a altos funcionarios de sus cargos como Alejandra Gils Carbó, Carlos Rosanski, Eduardo Freiler, Luis Arias, entre muchos otros, dado a la presión política ejercida por el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, conjuntamente con la intromisión mediática del Grupo Clarín y la mesa de la Gestapro bonaerense de María Eugenia Vidal, articulada por su Procurador Provincial Julio Conte- Grand, una especie de padrino jurídico de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Por ende, considero que el recambio de sus miembros no sería una mala opción. Sin considerar la forma de selección por decreto, que trató de realizar el gobierno de la alianza Cambiemos / Juntos por el Cambio, de los últimos dos presidentes del alto tribunal. Se nota una clara connivencia entre los Supremos de la Corte y el principal frente opositor actual.
Exigir la renuncia de todos sus miembros de la Corte, ante el grado de inutilidad que ha manifestado abiertamente tener, no me parece algo descabellado. Sabiendo que cuando se vulneran los derechos de los pobres o de las mujeres y se requiere la intervención de una justicia, la misma contesta con el desprecio y la soberbia de clase. (Por supuesto, que existen magistrados probos). Tal como pasa y continúa pasando, frente al endeudamiento llevado adelante por el Ministerio de Economía de Nicolás Dujovne, en 2018, luego de permitir fuga de activos al exterior, sin que intervenga el Congreso Nacional como lo exige la Constitución. Lo que permitió Guido Sandleris, Presidente del Banco Central, cuando autoriza que los bancos hagan negocios otorgando tasas de interés semanal del 70 % a sus principales tenedores de bonos (Leliq). Luego se supo fehacientemente, que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional fue parte del salvataje propuesto a los amigos financistas y no para desarrollar la producción, la industrialización o las obras públicas de la Nación. Ante estos hechos acaecidos, jamás hubo una Corte de Justicia ni un Procurador que dijera basta de estos atropellos, anunciando la inconstitucionalidad de esas medidas porque se está delinquiendo y atacan el derecho de accesibilidad de la población entera, hipotecando sus vidas, su futuro. Nunca salió a defendernos, es más, guardó silencio absoluto de complicidad. Y todavía la República conserva presos políticos, que necesitan el sobreseimiento de sus causas, generadas por Lawfare, para continuar con su existencia, divagando por los juzgados para conseguirlo.
Por lo tanto, se requiere erradicar esta camada de Magistrados abyectos, despiadados, los peores de su historia, que se colocan únicamente donde alumbra y calienta el sol. A quienes no les interesa intervenir en el rol protagónico de intermediar frente a la problemática de género o para ayudar al más humilde. De lo contrario, pugna por hacer ver que la delincuencia tiene una bandera característica o que pertenece a un solo partido, espacio o frente político, no pudiendo defender los intereses nacionales o proteger la soberanía territorial, no tratando de evitar que se ataque a sus propios funcionarios comprometidos, no llegando a neutralizar la persecución ideológica de gobiernos tóxicos, sin enaltecer a las instituciones democráticas con sus acciones, no bregando por los trabajadores ni por sus fuentes de empleo, entonces me pregunto: para qué sirve sostener algo así. Con salarios de $ 1.000.000 pesos con jubilaciones que se acercan a los $ 800.000 pesos. Me replanteo: ¿Acaso, no es un gasto inapropiado y que resigna el derecho de la ciudadanía, preservar privilegios de este tipo sin tener un adecuado servicio de justicia? ¿No nos afecta a [email protected]? ¿Qué recibimos a cambio? Lamentablemente, el gasto, solamente se mide en términos presupuestarios cuando se amplían los derechos de las personas que se hieren, lesionan, restringen y se alteran diariamente.
Dado a lo sucintamente expuesto, considero de mucha notoriedad e importancia concurrir masivamente al acto del 1° de febrero. Y parafraseando, a la banda argentina por excelencia Serú Girán, creo que es necesaria la participación multitudinaria, para que no siga habiendo un río de cabezas aplastadas por un mismo pie y para que los inocentes no sigan siendo los culpables, tal como dice su señoría, “El Rey de Espadas”. Aclarando, que ayer durante el proceso militar, los jueces jugaban cricket bajo la luna y que durante el gobierno de Mauricio Macri y de su Ministro de Justicia Germán Garavano, jugaban paddle, en horario de trabajo y en la Residencia presidencial de Olivos. No es rencor, es memoria activa recargada.
