Olavarría es escenario de los juicios por delitos de lesa humanidad en Monte Peloni

OLAVARRÍA- El proceso por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención comenzará en medio de la expectativa que este concita en una comunidad que pretende establecer Memoria, Verdad y Justicia en relación al terrorismo de Estado.

El auditorio de la sede que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) tiene en esta ciudad será el recinto en el cual se desarrollará el debate de esta causa en la que se aguarda la declaración de 45 testigos.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los magistrados Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela estará a cargo de las audiencias, en tanto que la acusación será llevada a cabo por los fiscales Walter Romero y Marcos Silvagni.

El expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra («Pájaro»), el capitán Walter José Grosse («Vikingo»), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de «homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas».

Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esta localidad.

El centro de detención de Monte Peloni se estableció en octubre de 1975, en Sierras Bayas, cerca de Olavarría y pertenecía al área 1/12/124, dentro de la zona 1, en relación a la división territorial que el Ejército diseñó para llevar a cabo la represión.

Además de Olavarría, las otras ciudades comprendidas en esa zonificación eran Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Salliqueló, Daireaux, General La Madrid y Laprida.

Las personas que estuvieron cautivas en Monte Peloni eran trabajadores con actividad sindical, estudiantes y militantes, y se estima que hubo 32 detenidos desaparecidos entre las víctimas.

Durante el proceso, que se extenderá por seis semanas, los imputados estarán alojados en las instalaciones del Penal de Sierra Chica, salvo Verdura, que por su avanzada edad gozará del beneficio de la prisión domiciliaria.

Cuando sucedieron los delitos que se le imputan, Verdura era coronel y estaba a cargo del regimiento mecanizado con sede en Olavarría, pero en los años 80, con el grado de general, actuó al mando del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba.

El militar acusado hoy de delitos de lesa humanidad pasó a retiro en 1986, luego de que se descubriera una bomba en una alcantarilla del predio del Tercer Cuerpo justo el día en que el entonces presidente Raúl Alfonsín visitaba la unidad.

No será la primera vez que la comunidad de Olavarría enfrente el pasado que tuvo que ver con el terrorismo de Estado, ya que en 2012 se celebró en Tandil el juicio por la desaparición del abogado Carlos Moreno.

Moreno representaba a trabajadores que litigaban contra la cementera Loma Negra, empresa emblemática de Olavarría y propiedad de la familia Fortabat. El letrado oficiaba en causas en la que empleados de la cementera reclamaban indemnizaciones por las enfermedades respiratorias que contrajeron en las canteras de esa empresa.

Moreno fue secuestrado en 1977, en pleno centro de la ciudad, y tras recibir «advertencias» que fueron trasmitidas a su socio, Marcos Gubitosi por el jefe de personal de la cementera, Ernesto Cladera, ya fallecido.

El abogado estuvo cautivo en una chacra de Tandil, propiedad de los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, empresarios rurales de la zona que resultaron condenados por este hecho junto con los coroneles Julio Alberto Tommasi e Italo Pappalaro y el suboficial José Luis Ojeda, integrantes de la patota que lo secuestró.

El hijo de Moreno, Matías, hoy director del Área de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, señaló que tras la sentencia de este nuevo juicio «Olavarría será una sociedad mejor».

«Esto es posible por la lucha incansable de muchos actores que trabajaron para que este ‘gesto reparador’ llegue a los sobrevivientes de Peloni, pero también a toda la sociedad que ha sido víctima en su conjunto del terrorismo de Estado», apuntó el funcionario.

El juicio de Monte Peloni tendrá lugar en una ciudad que aún está conmovida por las repercusiones que dejó la recuperación de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Hijo de Laura Carlotto y nacido en cautiverio en 1978, Ignacio Guido creció en una zona rural de Olavarría criado por un matrimonio de apellido Hurban.

La pareja lo recibió de parte de Francisco Aguilar, un empresario rural que tenía aceitados vínculos con las autoridades castrenses que administraban la ciudad.

La apropiación del nieto recuperado 114 no será tratada durante este proceso, sin embargo, es posible que se aborde durante el debate la cuestión de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.

«Hubo mucha gente vinculada con la represión acá. Todos sabían las vinculaciones que tuvo Aguilar», afirmó Carmelo Vinci, titular de la Comisión por la Memoria de Olavarría.