Lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Tortura

BUENOS AIRES- Instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales lanzaron  la «Campaña Nacional contra la Tortura» en un acto en el que participaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez; y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.

Con el objetivo de visibilizar la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad en cárceles, comisarías y detenciones, representantes del Estado y la sociedad civil fueron convocados a reflexionar sobre esta problemática que «registra más de un hecho de tortura y\o malos tratos por día», según datos oficiales de la propia Defensoría General, responsable de esta convocatoria.

El lanzamiento en el Espacio Memoria y Verdad -ubicado en el ex centro clandestino de detención de la ex ESMA- fue un anticipo de lo que ocurrirá en el Congreso Internacional contra la Tortura que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio en la Biblioteca Nacional y contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales como el Relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez.

Durante su alocución, Gils Carbó destacó la reciente creación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que tiene como objetivo profundizar la erradicación de este tipo de delitos en las cárceles dependientes del Sistema Penitenciario Federal, al tiempo que indicó que la campaña tiene por objeto «unir voluntades contra este tipo de violencia y a favor de la democratización de toda la sociedad».

«Lo primero que hay que hacer es aceptar que la tortura existe y que está arraigada en muchas instituciones. Mientras esté, no podemos hablar de la plena vigencia de los derechos humanos», agregó la jefa de todos los fiscales, al tiempo que enfatizó que «venimos a manifestar nuestro firme compromiso para erradicar la tortura de nuestro país».

Por su parte, la defensora Stella Maris Martínez reflexionó que en algunos sectores de la sociedad «no hay un rechazo visceral a la tortura», y señaló en su exposición que minutos antes y en diálogo con la prensa destacaba que «es necesario concientizar a toda la población acerca de esta práctica; trabajar con los operadores judiciales, las fuerzas de seguridad y los estudiantes, tanto universitarios como secundarios».

«La tortura ocurre en la mayoría de los centros de detención, en todo lugar de aislamiento, como los neuropsiquiátricos y también en las comisarías. No es que todos los policías torturen o todos los miembros del servicio penitenciario lo hagan, pero como experiencia se da. Y estamos conmemorando que hace doscientos años la Asamblea de 1813 abolió la tortura», dijo.

Asimismo, Carlotto expresó que «sentimos una profunda tristeza al corroborar que declaraciones de principios tan claras, como las de las Asamblea de 1813 y otras, no han sido suficientes para terminar con la tortura en nuestro país. Estas declaraciones no impidieron que un jefe de policía inventara en los años 30 ese elemento diabólico como lo es la picana eléctrica».

«Tampoco evitaron que fuera empleada en forma sistemática y generalizada durante el terrorismo de Estado como método para perseguir y someter a toda una generación. Por desgracia tampoco nos liberaron de los actos de tortura como los que se cometen aun en muchas comisarías y cárceles del país», agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Luego de destacar los avances que implicaron el enjuiciamiento a represores de la última dictadura militar, Carlotto concluyó que en el reciente encuentro judicial en la Biblioteca Nacional «decíamos que una Justicia Legítima es aquella que es capaz de garantizar eficazmente la vigencia de los derechos humanos. Aún queda mucho por hacer para abolir la tortura, pero sabemos que tenemos las herramientas, la convicción y la fuerza para lograrlo entre todos».

Fresneda, por su parte, destacó los avances impulsados desde su área en torno a la capacitación y la formación a nivel nacional de las fuerzas de seguridad para erradicar la tortura, en colaboración con el Ministerio de Seguridad; al tiempo que subrayó que «es imprescindible que autoridades nacionales, provinciales y municipales se acerquen a las fuerzas» para encontrar una solución.

«Se deben acabar aquellos tiempos en los cuales con las fuerzas nos mirábamos de reojo. Sabemos muy bien que no hemos logrado democratizar del todo las fuerzas y que esos tratos inhumanos y esas conductas no deseables por el pueblo argentino, muchas veces las encontramos como sujeto activo entre nuestros propios compatriotas y fuerzas de seguridad», agregó.

La jornada incluyó también una exposición a cargo del historiador Mario O`Donnell, director del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano «Manuel Dorrego», quien abordó en profundidad los avances decretados durante la Asamblea General Constituyente de 1813, en la que se abolió la esclavitud y se suprimió jurídicamente la práctica de la tortura.

La lista de oradores incluyó también la participación de la funcionaria del Ministerio de Seguridad, Cristina Caamaño; los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV), Remo Carlotto y Leonardo Grosso; el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo; el interventor del INADI, Pedro Mouratián; el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim; la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini; y al juez Luis Niño.

Al igual que también expusieron, en representación de organismos internacionales, el director del Instituto de Políticas de Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich; el representante para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Américo Calcaterra.

En representación de organismos de derechos humanos asistieron también Jorge Taiana, director general del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín; Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria; Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina; y Paula Livachtky, del Centro de Estudios Legales y Sociales