El Gobierno quiere enjuiciar políticamente a los jueces que fallaron a favor de los bancarios en el conflicto  

BUENOS AIRES- La cartera de Triaca pretende la destitución de los jueces que se pronunciaron a favor del gremio de Palazzo cuando reclamaba la homologación de su acuerdo paritario, por encima del 24%. El sindicalista advirtió que es “un hecho de inusitada gravedad institucional”.

Siguen los embates desde el Gobierno en contra de la paritaria que logró superar el techo del 20 por ciento. Luego de que el Ministerio de Trabajo se viera obligado a aceptar el acuerdo con los bancarios, desde el oficialismo presentaron un pedido de juicio político contra los dos camaristas del fuero laboral que avalaron la paritaria de la Asociación Bancaria. Desde ese gremio advirtieron que se trata de “un hecho de inusitada gravedad institucional que merece nuestro repudio”.

La presentación judicial se concretó ayer desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, con el pedido de enjuiciamiento de los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino ante el Consejo de la Magistratura.

En un primer momento, el Gobierno intentó no homologar el acuerdo que había alcanzado el gremio, pese a que el 80 por ciento de las cámaras empresarias lo firmaba. Fue entonces cuando el sindicato se presentó ante la Justicia y obtuvo un fallo favorable, en plena feria judicial. En su sentencia, Gibert y Marino le indicaban al Gobierno que debía abstenerse de intervenir en la paritaria y le dieron la razón al gremio.

Así, luego de resistirse, los funcionarios no tuvieron otra opción que firmar la paritaria de los bancarios. Fue el mismo día en que el Presidente, en medio de la conferencia por el escándalo con Correo Argentino y la baja de los aumentos a jubilados, reiteraba la pretensión oficial de paritarias por debajo del 20 por ciento. Los bancarios, en cambio, lograron una por encima del 24.

Pero el Gobierno decidió ir por más, tras otra derrota que no pudo evitar. El pedido de juicio político y destitución a los camaristas que fallaron a favor de los bancarios los denuncia por “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”.

En tanto, el denunciado juez Gibert rechazó esta mañana el pedido de juicio político y aseguró que con su fallo «se evitó un conflicto salvaje». «Creo que es un caso serio de dislexia, creo que estos muchachos no saben leer. Lo que se le dice al Ministerio de Trabajo es que no interfiera arbitrariamente. Nosotros no homologamos nada, lo que dijimos fue parar la negociación y que se presenten las pruebas», enfatizó el camarista, en declaraciones a radio Rivadavia.

«Lo que hice fue darle 10 días para que inicien una causa y, mientras tanto, no innovar. Lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente. Fue una resolución que escribimos en lenguaje muy claro. Quien incumple la Constitución es el Estado cuando se arroga facultades que no son propios», advirtió el camarista, muy crítico del rol del Ejecutivo. Aseguró que nadie del Gobierno lo llamó para presionarlo, pero señaló que los funcionarios no entendieron el fallo de la Cámara.

«Yo fallo a favor del Derecho», destacó el juez Arias Gilbert en declaraciones al programa «Mañana Sylvestre», que se transmite por Radio 10. Asimismo, sostuvo que está obligado a «decir la Ley le guste a quien le guste» y agregó que de lo contrario, «desaparecería la división de poderes».

En tanto, el magistrado dijo que los jueces «no están para llorar» y que no tienen derecho a tener miedo. En ese sentido, resaltó que su trabajo es dictar resoluciones judiciales al tiempo que concluyó: «No es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino».

Vare recordar que, como informó Ámbito Financiero, la cartera de Trabajo que conduce Jorge Triaca confirmó que la presentación contra ambos magistrados fue realizada ayer por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa repartición. Entre las acusaciones se destacan «mal desempeño», «falta de idoneidad», «negligencia grave», «incumplimiento de la Constitución nacional» y «arbitrariedad y falta de imparcialidad», indicaron cerca del ministro. Los funcionarios alegan que Arias Gilbert y Marino se excedieron en sus atribuciones al involucrarse en un acto administrativo como es la homologación de los convenios colectivos de trabajo firmados entre un sindicato y la representación patronal.

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, también salió a repudiar el pedido de juicio político a los camaristas. Consideró que se trata de «un hecho de suma gravedad» y «consolida el concepto autoritario del Gobierno». Palazzo advirtió además que en el oficialismo «están dispuestos a avanzar a costa de lo que sea» y que «vinieron a buscar la baja del costo laboral argentino».

«No sé si ya la han presentado o no, pero es un hecho de suma gravedad enjuiciar a dos jueces porque establecieron una cautelar para que nos pagaran lo que se había firmado. Es de una gravedad inusitada que consolida el concepto de rasgo autoritario del Gobierno», aseguró, en declaraciones a Radio 10.

Por último, Palazzo dijo que «el conflicto bancario le ha servido de piso al resto de las organizaciones», aunque admitió que la posición de la cartera que conduce Jorge Triaca «va a hacer que la negociación paritaria sea más tensa».

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