El Congreso se tiño de verde en el pañuelazo por el grito de Aborto legal Ya!

CAPITAL FEDERAL- «Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia», es la consigna bajo la cual la ONG trabaja desde hace 13 años por los derechos de las mujeres y en el marco de la cual miles de mujeres vuelven a protestar frente al Parlamento para exigir la legalización del aborto, por todas las que mueren cada año en procedimientos clandestinos.

La exigencia es del “aborto legal ya” a los diputados y senadores, que no aprobaron una ley que mejore la situación de las cientas de mujeres que deben someterse a procedimientos clandestinos cada año.

Más temprano, el reclamo incluyó un “tuitazo” de 12 a 14 y luego el “pañuelazo” frente a la Legislatura Nacional de 18 a 20.

“No hay democracia si no está garantizado el derecho a las mujeres a decidir sobre su vida, sus proyectos, sus ganas o no de ser madres”, afirmaron. Reclaman que se trate el proyecto de despenalización que espera desde 2007 llegar al recinto.

El objetivo es preparar el terreno para elevar nuevamente la propuesta de despenalización y legalización del derecho a la aborto en Argentina, algo que la Campaña estima que sucederá en marzo. El aborto legal seguro y gratuito, así como el reconocimiento de la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, va a ser también una de las consignas del Paro Internacional de Mujeres, el próximo 8M.

Según la Campaña, que recoge datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina las muertes por complicaciones derivadas de abortos practicados en la clandestinidad está entre las primeras causas de mortalidad materna. El Ministerio reconoce también que en el país hay entre 300 mil y 500 mil personas que abortan cada año.

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y las firmas de diputados de todos los bloques, fue presentado por primera vez en 2007 por la Campaña. Volvieron a hacerlo en 2008, con la firma de 22 diputados, y desde entonces fue elevado al Congreso una y otra vez, cada dos años. En ninguna de esas oportunidades logró superar el dictamen de comisión.

Desde 2007 la iniciativa ha tenido la particularidad de ir acumulando cada vez más firmas. Muchas. “Es poco usual que un proyecto tenga tal cantidad de avales de legisladores como tuvo y tiene éste. Esa una manifestación testimonial de quienes apoyaban el derecho al aborto como parte de una deuda de la democracia para con las mujeres. Sin embargo, eso ha sido un apoyo meramente formal que no se ha traducido en el impulso político para que se den por fin los pasos concretos: la discusión en comisiones, los dictámenes y la discusión en el recinto”. De este modo Martha Rosenberg explica por qué desde la Campaña dicen que en estos once años el debate real por el aborto ha estado excluido en la práctica de la agenda parlamentaria. Sin embargo, sigue Rosenberg, “en estos años también hemos hecho un trabajo muy grande de despenalización social del aborto por medio de cátedras, seminarios, movilizaciones, declaraciones públicas, difusión periodística y académica. Más de una década de producción de argumentos que legitiman el derecho al aborto voluntario”.

“Nosotras siempre tuvimos apoyo de diputados y diputadas. Los legisladores firman pero después eso no se discute. Se traba. No sé si este año será distinto. Todavía no se definió siquiera quién será el o la primera firmante del proyecto. Pero la despenalización social está aumentando sin duda. Hemos tenido en estos meses un incremento notable en las redes con respecto a las personas que nos siguen. Hay olas de mujeres preguntándonos, por ejemplo, donde se consigue el pañuelo. Este pañuelazo, a juzgar por lo que se está cocinando en las redes proderechos, será masivo”. La que habla es Andrea Zamparini de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y así describe el amplio consenso del que hoy goza el derecho a decidir, que va desde Jorge Rial luciendo el pañuelo verde en el estudio de Intrusos al fallo F.A.L., la histórica sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012 con el objetivo de terminar con la judicialización y el entorpecimiento del acceso al aborto legal.

Se habla de aborto legal o Interrupción Legal del Embarazo (ILE) porque Argentina adhiere al modelo de causales: el artículo 86 del Código Penal dice que la práctica es legal cuando el embarazo es producto de una violación y cuando representa un peligro para la vida o la salud de la mujer, teniendo en cuenta que la salud no sólo es física sino también social y emocional. A través del fallo F.A.L. el Máximo Tribunal ratificó el derecho a interrumpir el embarazo en todas las circunstancias contempladas por ley, exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a aprobar protocolos para ILE y recordó la necesidad de sancionar a quienes lo obstaculizan.  En 2015 en Ministerio de Salud de la Nación publicó el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE”, pero no llevó adelante una estrategia para difundirlo y aplicarlo. De cualquier modo, para el Código Penal la ausencia de protocolos no es condición para que no se pueda acceder al aborto.

“Que se difundan las causales por las cuales hoy el aborto es legal es importantísima. Y esa es otra de las tareas que llevamos a cabo desde la Campaña. Las causales deben ser difundidas para que las mujeres podamos exigir su cumplimiento ante los efectores de salud. Muchos profesionales que hoy integran la red de profesionales por el derecho a decidir y también hay muchos otros que si bien no pertenecen a la red pero sus prácticas entienden que no pueden los derechos de las mujeres según las causales que están ya inscriptas en el Código Penal en el articulo 86 y reinterpretarlas de acuerdos a los avances tecnológicos y la conceptualización del derecho a la salud”, dice Martha Rosenberg,

Hace once años ya que se presentó el primer proyecto. En el último, que propone la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina, la primera firmante fue Victoria Donda. Fue presentado el 30 de junio de 2016 y contó con la firma de más de 40 lesgisladorxs de un amplio arco político pero perdió estado parlamentario. Este mismo será el que se presente nuevamente en 2018, todavía con fecha a determinar.

Las diferencias con el anterior tienen que ver con los avances normativos que se dieron en esos años y que el proyecto incorpora. Permite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las catorce semanas, mientras que el anterior hablaba de doce, y sin límite en las causales que figuran en el Código Penal: si el embarazo es producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano; si existieren malformaciones fetales graves. También elimina la necesidad de denuncia policial para acceder al aborto y la objeción de conciencia. Este último punto se sustenta en la Observación General Nº 22, de 2016, del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) que detalla las obligaciones de los Estados respecto de la salud sexual y reproductiva. La Observación establece que “debe garantizarse que un número adecuado de profesionales de la salud dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, deben estar disponibles en todo momento en las instalaciones públicas y privadas”, dice el proyecto de ley.

Por otro lado, el proyecto amplia los beneficios de la ley a todas las personas con capacidad de gestar, en consonancia con la ley de Identidad de género.

Para su redacción se hicieron durante el año 2015 foros de discusión en varias ciudades del país: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires Zona Oeste, Zona Sur y La Plata, Córdoba, Santa Rosa (La Pampa), Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán. Las conclusiones de esos Foros participativos fueron reunidas y consideradas por una Comisión redactora integrada por reconocidas juristas, médicas y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza.

Todavía está en discusión la fecha precisa de presentación del proyecto y quién lo encabezará, entre otras cuestiones. El trámite parlamentario obliga a conseguir la aprobación de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública, para luego llegar al Recinto. Aún las comisiones no están formadas: se desconoce quiénes las presidirán y cómo será su composición. Habrá que esperar a marzo para que los casilleros empiecen a completarse.

En medio de este pedido todavía resuenan en nuestras mentes las últimas cifras conocidas de femicidios. Según el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de Nación en Argentina se produjeron 292 femicidios en 2017, de los cuales 31 son vinculados a parientes de la propia mujer y cinco son personas Trans. El trabajo contiene la totalidad de casos relevados a través de fuentes de prensa, de asesinatos a mujeres -niñas, adolescentes y/o adultas- y personas Trans, perpetrados por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio.

Creado a fines de 2016, el Observatorio de Femicidios desarrolla desde entonces estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

El informe del año anterior, a cargo de La Casa del Encuentro, había reportado que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 hubo 290 femicidios y, como consecuencia, 401 hijos perdieron a sus madres (242 de ellos menores de edad).

En el informe actual del Defensor del Pueblo de la Nación, la provincia con mayor cantidad de casos -ocurridos en todo el país cada 30 horas promedio- fue Buenos Aires, con un total de 119 en el año. Seguida por Córdoba, con 26 casos; Salta, con 24; Santa Fe, 24; y Santiago del Estero, 19.

Acerca de la modalidad con la que fueron cometidos los crímenes, en un gran número de casos involucraron armas de fuego o fueron por apuñalamiento. Algunas víctimas fueron golpeadas o estranguladas.

Respecto a las víctimas, el 17 por ciento fueron menores de 18 años; el 33 por ciento, entre 19 y 30; el 34, de entre 31 y 50 años, y el 15 por ciento, a mujeres mayores de 50. Hay casos de niñas de muy corta edad, incluidas menores de 4 años.

En el 16 por ciento de los casos, la víctima había denunciado previamente a su agresor, mientras que en el 51 por ciento de los femicidios no se registra información, y en el 33 por ciento no estaba hecha la denuncia. No obstante, allegados refieren la existencia de episodios de violencia previos.

«La Defensoría del Pueblo de la Nación redoblará sus esfuerzos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido, se conjuguen”, afirma el Observatorio.

Y menciona al Instituto Nacional de las Mujeres como promotor del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que consta de 69 medidas y 137 acciones.

El informe Femicidios 2017 formula recomendaciones y propuestas, como la de “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres»; instar a la reglamentación de la Ley Nº 27.210 (acceso a la justicia) y garantizar la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para que las mujeres puedan acceder a un recurso judicial efectivo en salvaguarda de sus derechos humanos.

Además, promover la elaboración e implementación de protocolos de prevención y asistencia de la violencia de género en los establecimientos educativos, sanitarios y laborales.

E insta a la sanción a nivel nacional de la denominada Ley Brisa -que sólo rige en Ciudad de Buenos Aires, y alcanzó media sanción en la cámara de Diputados nacional-, mediante la cual se busca amparar a las víctimas colaterales de los femicidios a través de un aporte económico a los hijos hasta los 18 años, y brindarles asistencia y cobertura en salud.

 

 

 

 

 

 

 

 

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