BUENOS AIRES- La Justicia dispuso el secuestro de documentación a raíz de una denuncia que pesa sobre Juan José Aranguren por el presunto pago de sobreprecios.
La Justicia allanó hoy el Ministerio de Energía de la Nación para buscar documentación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado a Chile.
El Ministro Juan José Aranguren se encuentra imputado en la causa por el fiscal Carlos Stornelli, luego de que los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade realizaran la denuncia ante el juzgado número 9.
Las compras se realizaron a unan firma británica, filial de Shell en Argentina y costaron entre un 53% y un 128% más que si se hubieran comprado en Bolivia. Aranguren fue hasta diciembre de 2015 el CEO de Shell.
Además luego del fallo de la Corte abre la puerta a una ola de amparos de estos sectores.
El duro golpe que significó para el Poder Ejecutivo la decisión de la Corte Suprema sobre el tarifazo podría no ser el último. Si bien el fallo se limita a anular los aumentos en la tarifa del gas a los usuarios residenciales, los juristas coinciden en que abre la puerta a que otros sectores como por ejemplo industriales y comerciantes impulsen acciones similares para llegar al mismo resultado.
Al fundamentar su decisión en la ausencia de las audiencias públicas que establece la ley para poder modificar las tarifas de servicios públicos, la Corte sienta precedente para que en el corto plazo se dejen sin efecto la suba de la electricidad, la del agua y la de la telefonía fija.
Desde la CAME expresaron que «la pequeña y mediana empresa se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo» y aseguraron que el sector «encaminará donde corresponda las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo.»
Los juristas coinciden en que la Corte abre la puerta a que otros sectores como por ejemplo industriales y comerciantes impulsen acciones similares
También el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino hizo escuchar su voz. «La corte nos dio la razón, el tarifazo es ilegítimo, pero el fallo dice mucho más que eso», aunque «los empresarios Pymes tienen que recorrer el camino judicial para que finalmente nos ampare el derecho», afirmó en un comunicado esa entidad.
Por su parte, el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cespi), Pedro Sisti, quien presentó el amparo contra la suba del gas que llegó a la Corte, explicó: “El fallo deja la puerta abierta para que Pymes y comercios vayan a la Justicia y si demuestran que representan adecuadamente a un colectivo, pidan la suspensión total del tarifazo».
A diferencia de las organizaciones que representan a comerciantes y Pymes, la UIA reaccionó con menos ímpetu. Uno de sus vicepresidentes, José Urtubey, prefirió un tono moderado al comunicar que la mesa directiva no se reunirá hasta el martes y que la prioridad es resolver el tema en términos políticos y no apelar, en principio, a la vía judicial.
