Bullrich: «Les vamos a dar 5 o 10 minutos a los manifestantes, si no se van, los sacamos»

BUENOS AIRES- «Les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos», afirmó Bullrich en declaraciones a radio La Red, en relación al protocolo difundido ayer por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer «reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes».

La ministra consideró que la jornada de ayer, en la que se registraron unos 200 cortes en todo el país pidiendo la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amarú Milagros Sala, fue un «caos» y desde el Gobierno «no queremos que esa situación siga sucediendo».

«A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron ayer», advirtió la ministra, quien informó que en los próximos días les avisarán a las organizaciones sociales que «no podrán cortar las calles» y que «deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea programada; y cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente».

Bullrich aclaró que «no es que se van a prohibir las manifestaciones», sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quieren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario, para poder «avisar a la población y habilitar una parte» para protestar.

En los casos de las protestas que no sean avisadas con antelación, «las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata», sin la intervención de la Justicia, informó.

La funcionaria anticipó también que no se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes entre los manifestantes. «Si hay una negativa para entregarlos, se los va a detener», indicó.

La ministra de Seguridad precisó que la instrucción que recibió del presidente Mauricio Macri es que «haya convivencia, que no haya más cortes, que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo tranquila y los manifestantes lo hagan en lugares donde no interrumpan el tránsito».

Ante estos dichos las críticas y repudios no se hicieron esperar

Desde el PTS en el Frente de Izquierda afirmaron que «con una resolución ministerial pretenden prohibir la protesta del pueblo trabajador”. Por su parte Victoria Donda sostuvo que con esta medida «ponen en riesgo la paz social y nos retrotraen al peor pasado represivo».

La decisión del Ministerio de Seguridad nacional, con adherencia de la misma cartera en la provincia de Buenos Aires, de armar un protocolo ante la protesta social trajo aparejadas duras críticas desde los distintos sectores de la oposición al Gobierno que conduce Mauricio Macri

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, fue una de las primeras dirigentes que salió al cruce del «protocolo» dispuesto por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. «Es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería», denunció la referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

«El protocolo publicado parte de considerar que toda protesta constituye flagrante delito y deja en manos de las fuerzas de seguridad -juzgando en forma sumaria- definir qué protestas permiten y cuáles no, pulverizando el principio de inocencia y violando numerosos fallos judiciales que han reconocido que el derecho a la protesta está por sobre eventuales problemas de tránsito», aseguró Bregman. «El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía y el cual proponemos derogar mediante un proyecto de ley que estamos presentando», adelantó la diputada del bloque del PTS en el Frente de Izquierda.

Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentarán en el Congreso un proyecto de resolución donde se plantea «rechazar y repudiar enérgicamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se publica un ’Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas’, el que constituye lisa y llanamente un cercenamiento y regimentación del derecho a la protesta, un avance de las atribuciones a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y hasta juzgar en forma sumaria a las personas por sobre cualquier decisión judicial, por lo tanto una mayor criminalización de la protesta, en abierta oposición a derechos y garantías constitucionales y a tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional».

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda expresó su profunda preocupación por poner en riesgo la paz social y resolver los reclamos de los ciudadanos a través del diálogo.

La referente de Progresistas opinó: “Bajo el argumento falaz de garantizar el derecho de circulación de los ciudadanos, este protocolo apunta a amedrentar y esconder los justos reclamos de miles de argentinos. El ejemplo más claro de esto son los pedidos de miles de vecinos que sufren todo tipo de padecimientos por los cortes indiscriminados de energía que se producen en medio de una ola de calor agobiante; pareciera que este gobierno prefiere impedir la protesta en lugar de exigir a las empresas que hagan las inversiones necesarias para brindar un buen servicio a la ciudadanía”.

Donda pidió a las autoridades que no se confundan en relación a los anhelos de cambio que la ciudadanía expresó con la elección de un nuevo gobierno: “Los argentinos no eligieron un nuevo Presidente para reducir libertades y garantías básicas como el derecho a la protesta, sino para que resuelva los problemas que más los afecta; como la inflación, que tanto impacta en el bolsillos de los más humildes; el desempleo, que condena a miles de compatriotas a recibir un ingreso paupérrimo para llevar el pan a la mesa de sus hogares; o la exigencia de que las prácticas corruptas en el Estado se acaben. Este anuncio, por el contrario, parece apuntar a acallar la protesta y ocultar los problemas con represión y persecución”.

Por último Donda advirtió sobre las consecuencias de darle un poder discrecional a las fuerzas de seguridad y recurrir a la penalización de la protesta para ocultar los reclamos. “Es una fórmula que nos retrotrae a épocas a las que no quisiéramos volver, un gobierno que hace gala de ser tolerante y dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía; de esta forma pone en riesgo la paz social que necesitamos para que la Argentina se recupere. Por todo esto,  este Protocolo es contradictorio con el andamiaje jurídico que tanto nos ha costado desarrollar como sociedad para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

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