La Provincia impulsa voto popular en el Consejo de la Magistratura

 

LA PLATA-  Cinco proyectos legislativos oficialistas que proponen, entre otras reformas, el voto popular para la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura provincial, ingresaron a la Cámara del Senado bonaerense para su tratamiento.

Se trata de un paquete de reformas en el ámbito de la justicia bonaerense, en sintonía con los cambios dispuestos en la órbita nacional para la democratización del poder judicial.

El 14 de mayo último, el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, había expresado «la necesidad de llevar el proceso de la democratización de la justicia que se dio en la Nación a la provincia de Buenos Aires» y había adelantado que ya estaban trabajando en ese sentido.

Mariotto efectuó este anuncio al participar del «Congreso Nacional sobre Democratización de la Justicia», que se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

«Lo que la Nación impulsó con tanto coraje nos viene como anillo al dedo en la provincia», afirmó en esa oportunidad.

Una fuente legislativa confirmó que en las últimas horas ingresaron a la cámara alta provincial cinco proyectos impulsados por Mariotto, el senador Santiago Carreras y otros legisladores kirchneristas.

Los cinco proyectos ingresados apuntan a cambiar la integración y la forma de designación de miembros del Consejo de la Magistratura; a la creación de la cámara de casación laboral; un proyecto de ley de acceso a la información pública; otro de «ética pública» y otro plantea el ingreso igualitario al poder judicial.

El proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, elaborado por el senador Santiago Carreras, amplía la cantidad de miembros de 18 a 19 integrantes: uno por la Suprema Corte, tres jueces, tres abogados, tres abogados de matrícula y tres miembros de ministerio público, todos elegidps por el voto popular; y además seis legisladores y tres representantes del Ejecutivo provincial.

La iniciativa que crea la cámara de Casación Laboral tendrá ocho salas de tres miembros, con sedes en La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, Mercedes y Mar del Plata.

El proyecto de ley de ética pública establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deban presentar periódicamente las declaraciones juradas de sus bienes; el de acceso a la información pública elimina las restricciones para la difusión de fallos y sentencias y el otro proyecto regula la selección de aspirantes a la carrera judicial.

Se estima que estas iniciativass comenzarán a ser debatidas en comisión la semana próxima