Intensifican controles en comercios para que se cumpla la Ley de Talles

LA PLATA- A pesar de que fue promulgada hace más de 5 años en la provincia de
uenos Aires, la Ley de Talles se acata en forma parcial. Diminutas prendas que aún se siguen catalogando con las letras S, M y L, talles grandes casi inexistentes en las vidrieras; para hombres y mujeres encontrar ropa acorde a su talla sigue teniendo complicaciones.
En la Provincia, desde el 2005 rige la Ley Nº 12.665 que obliga a los comercios a tener todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer adolescente.
La iniciativa surgió como una herramienta más de lucha contra las imposiciones de una moda que obliga a contar con una figura ultra delgada. Discriminación, bulimia, anorexia y otros trastornos en la conducta alimenticia son las consecuencias de esta tendencia peligrosa.
Buenos Aires fue una de las primeras provincias en tener una legislación que regule la confección de ropa. Si bien se ha avanzado en hacer cumplir la normativa, aún no se respeta en un cien por ciento. “La Ley se cumple en forma parcial”, indicó en diálogo con BA Noticias Gustavo Fuertes, quien está al frente de la dirección provincial de Comercio, organismo que lleva adelante los controles.
“No hoy un cumplimiento en lo que tiene que ver con la curva de talles. La norma establece la obligatoriedad de que los talles vayan del 38 al 48. En algunos comercios no los tienen o no los tienen identificados de esa manera, sino que se los identifica con un nomenclador no permitido, como talle 1, 2, 3 y el consumidor no sabe con exactitud cuál es el talle real”, agregó.
La Ley fija multas para quienes violen alguno de sus artículos y también prevé clausura de hasta cinco días en casos de incumplimientos reiterados. Durante 2010, las multas realizadas alcanzaron los 846.500 pesos, en el 2011 sumaron 929. 325 pesos, y en lo que va del año las infracciones treparon a los 500 mil pesos. “No son multas muy altas, estamos tratando de que realmente el comerciante pueda cumplir con la normativa”, indicó Fuertes.
En la actualidad, y si bien la Cámara de Diputados aprobó el último año una ampliación de la Ley e incluyó a los hombres, los controles se realizan sobre la ropa para mujeres adolescentes. “En algunos comercios nos dicen que la ropa fue comprada en alguna provincia en la cual no rige la Ley de Talles, en ese caso le pedimos que adecue la ropa a la normativa provincial”, dijo Fuertes y en esa línea agregó que si la Ley tuviera vigencia en todo el territorio nacional, “ya no habría más excusas” para no cumplirla.
Sobre ese punto, Horacio González presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sostuvo a BA Noticias que “no se trata de imponer sanciones y obligar sino de lograr un profundo cambio cultural para erradicar la violencia y que la solidaridad también sea un determinante social a la hora de comprar una prenda”.
Asimismo, añadió que no conseguir ropa es una forma de violencia simbólica. “Vamos a continuar trabajando para incentivar la toma de conciencia en la población sobre un tema que hace a la calidad de vida de todos. Discriminar por tamaño, estatura o peso es una forma de violencia y de agravio a la inherente dignidad humana”, precisó.
Folletería, desfiles, revistas con información sobre la Ley y cartelería en la vía pública son algunas de las estrategias utilizadas desde la Legislatura provincial para concientizar sobre la importancia de respetar el derecho a vestirse como uno quiere.
“Debemos trabajar para erradicar la discriminación. Debemos hacerlo por la vía del control a través de la autoridad correspondiente, pero también a través de la concientización, que siempre es la manera más contundente. Y terminar con los mandatos simbólicos y materiales -impuestos por la moda- que fomentan conductas de riesgo para la salud al impactar psicológicamente en la persona, empujándola a sentirse mal con su propio cuerpo”, concluyó González.
Más allá de los controles, una de las cuestiones que destacan las autoridades provinciales es el rol fundamental que cumplen los consumidores exigiendo que se acate la Ley.
En ese sentido, desde el ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología se estableció una línea gratuita para asesoramiento y reclamos sobre este tema y otros que es el 0-800-222-9042. En tanto, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires recibe quejas y denuncias mediante el 0800-222-5262.