BUENOS AIRES- El titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, sostuvo que la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires responde a «una actualización para que el costo fiscal de la tierra se aproxime al real», al defender el proyecto de ley que mañana será debatido en la cámara baja.
El ex ministro de Agricultura defendió así el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado provincial y que será debatido mañana, y aseguró que «es una atribución propia del gobernador (Daniel Scioli)y de la Legislatura sobre un tema que hacía más de 15 años que no se trataba» de la provincia de Buenos Aires.
En comunicación con la Televisión Pública, Domínguez volvió a lamentar los incidentes provocados en la legislatura la semana pasada por un grupo de ruralistas encabezados por Hugo Biolcati que obstruyeron la sesión provocando lesiones en el personal administrativo y destrozos en la entrada de la Legislatura.
«Es una pena que haya quienes impidan que las instituciones de la República funcionen bajo la presión y la violencia», y agregó que «todos tienen derecho a participar respetando y escuchando opiniones pero no impidiendo que ocurran estas cosas porque cuando esto pasó, los argentinos la pasamos muy mal».
Por su parte el director provincial de Política Tributaria del Ministerio de Economía bonaerense, Agustín Lódola, defendió el proyecto de reforma impositiva al asegurar que el 62 por ciento de las partidas del inmobiliario rural «van a pagar menos», y que el incremento promedio es del 30 por ciento.
Lódola aseguró que el objetivo del proyecto de reforma impositiva, que ya cuenta con media sanción y será debatido mañana en la Cámara baja bonaerense, «es recuperar la progresividad que tuvo este impuesto», y lograr «que sea sólo un impuesto a la tierra y que no grave las mejoras productivas, las inversiones rurales».
Explicó que había una gran distorsión que hacía que «dentro de un mismo partido pagaba lo mismo una partida de 10 hectáreas que una partida de 200 hectáreas».
Aseguró que hay partidos enteros, como Necochea o Exaltación de la Cruz, que van a pagar menos a partir de esta reforma porque «estaban pagando de más».
«Con esta reforma, el 62% de las partidas van a pagar menos impuesto inmobiliario», remarcó.
Negó que se vayan a producir aumentos del 1.000 por ciento, y afirmó que «el incremento promedio es del 30%».
El funcionario de la cartera económica provincial destacó que la reforma impositiva prevé recursos por 2.682 millones, de los cuales 300 millones corresponden al inmobiliario rural, «que es el la reforma de la cual más se ha hablado”.
«Este impuesto aporta el 1 por ciento de los recursos provinciales”, precisó.-
Asimismo el ministro de Producción bonaerense, Gustavo Arrieta, aseguró hoy que “hay una distorsión absoluta de los valores del Inmobiliario Rural en la provincia”.
«Hace 15 años que no se realiza ningún tipo de revalúo sobre las propiedades rurales en las tierras, a diferencia de las propiedades urbanas que fueron revaluadas seis veces durante los últimos 10 años», dijo Arrieta.
El ministro detalló que “el aumento es de un 40 por ciento en promedio y donde el valor de la tierra está muy distorsionado supera ese porcentaje”.
Remarcó en diálogo con radio Provincia que «sobre un total de 17 millones de hectáreas, en 4 millones queda igual o baja el monto del impuesto».
Sostuvo que “existe una inequidad impositiva y asimetrías que no se corresponden con la realidad” y aseguró que “nos hemos reunido alrededor de 12 ó 13 veces con todas las organizaciones agropecuarias y avanzado en la resolución de las problemáticas del sector”.
Dijo que “si bien en la mayoría de los temas que trabajamos hemos llegado a acuerdos, sobre este tema no, y no nos parece que cuando estamos de acuerdo sea todo extraordinario, pero cuando no lo estamos se producen hechos de violencia como la semana pasada» en la legislatura con ruralistas.
Arrieta indicó que “algunos dirigentes son el reflejo de una Argentina que está superada, que es la Argentina del autoritarismo”.
Otro funcionario que opinó al respecto fue el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella, quien desestimó las especulaciones de algunos sectores del agro sobre los alcances del Impuesto Inmobiliario Rural bonaerense y reafirmó que «el reajuste alcanzará a quienes tienen una mayor capacidad contributiva”.
Di Bella explicó que el incremento que impulsa la administración provincial, que ya cuenta con media sanción del Senado y que mañana podría recibir sanción definitiva de los diputados provinciales, alcanza fundamentalmente a quienes “tienen una capacidad contributiva manifiestamente más alta”.
“Básicamente aumenta Ingresos brutos”, subrayó y, ante algunos ejemplos dados por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, quien señaló que el aumento superaría el quinientos por ciento, manifestó que “habría que pedirle el número de partida de ese campo y cotejarlo con la base de datos”.
Di Bella insistió en que “el incremento no es lineal” y puntualizó que “lo que enviamos a la Legislatura provincial son los valores óptimos” de cada circunscripción, pero “no hay ninguna partida que tenga ese valor óptimo” sobre el que se hacen los cálculos de valuación fiscal.
El funcionario resaltó que “la importancia de este proyecto” está referida al Impuesto Inmobiliario Rural, pues prevé «aplicar un revalúo que hizo la Provincia hace un año para tener en claro cuál es el valor de cada campo».
“La base imponible está por debajo de la mitad del valor fiscal de los inmuebles alcanzados por el tributo», dijo, y recordó que “hace más de veinte años que la Provincia no hace un revalúo de esos bienes”.
El director de ARBA ejemplificó luego que en el partido de Pergamino, uno de los principales centros de producción agrícola de la provincia, “un campo de sesenta hectáreas, que tenía una valuación de 184 mil pesos, ahora será de dos millones y medio; antes pagaba 7 mil pesos de impuesto y ahora va a pagar 10.400 pesos, el cuarenta por ciento más”.
Di Bella recordó que “el campo es el único sector productivo en a la provincia de Buenos Aires que tiene una ley de emergencia especial” por la que “en caso de sequía u otra crisis climática, el impuesto se posterga o no se paga”.
