Un trabajo articulado entre Nación, provincias, comunas, poderes judiciales y policías para lograr sistemas unificados de denuncias y acciones ante situaciones de riesgo por violencia de género, es el principal objetivo del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, explicó hoy Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La creación del Consejo fue anunciada este sábado por el presidente Alberto Fernández.
Ayer, Fernández se reunió con las ministras de Justicia, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabina Frederic; con la secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra y con Gómez Alcorta, quien en una entrevista con Télam brindó detalles de esta decisión que llega luego del femicidio de Úrsula Bahillo (18) en la localidad bonaerense de Rojas, a manos del policía Matías Ezequiel Martínez (25).
Télam:¿Cómo funcionará este Consejo para que no sea un eslabón más burocrático y sea efectivo y ágil en las respuestas?
-Elizabeth Gómez Alcorta: Ayer nos reunimos con el presidente las tres ministras y le llevamos parte del trabajo que venimos haciendo, desde agosto, en el Programa Interministerial de Abordaje de Violencias Extremas. Le comentamos el estado de dos sistemas de información: uno de denuncias por motivos de género que está creado por el Ministerio de Seguridad, y el sistema integrado de casos de violencia de género que está a nuestro cargo. Durante esa reunión el presidente decidió crear el Consejo, para abordar integralmente los femicidios, travesticidios y transfemicidios, teniendo en cuenta la estructura federal de nuestro país, que las fuerzas de policía y poderes judiciales están en manos de las provincias y que son vitales para la prevención y para investigar, para la persecución, sanción, y también la reparación de estos hechos. Estuvimos charlando la conformación. El presidente decidió que el Consejo va a ser creado por decreto. Los tres ministerios, junto con la Secretaría Legal y Técnica, nos encontramos trabajando en estas horas para ultimar detalles.
Puedo adelantar que estaríamos invitando a todas las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, a sus poderes ejecutivos, en el marco del Programa Interministerial. En ese sentido las carteras de Seguridad, Justicia y Género provinciales serían quienes, entendemos, deberían estar presentes, y los titulares de ministerios públicos y poderes judiciales y legislativos. Es decir los tres poderes de cada provincia.
El funcionamiento, mas allá de los detalles que se están ultimando, es trabajar regionalmente. Las particularidades que puedan tener los fenómenos de las violencias por motivos de género no son homogéneas en todo el país, así que veremos cuál es la modalidad. La idea es que las reuniones se hagan en distintas regiones.
-T: Ante la urgencia que requieren las situaciones de violencia de género ¿Cómo imaginan el trabajo diario?
-EGA: El Consejo tiene una función que no está vinculada a las intervenciones de cada caso, sino que su función es la coordinación interinstitucional. Detectamos, y es sencillo de ver, que hay una ausencia de coordinación entre distintas agencias, instituciones. Tanto intrainstituciones -Poder Judicial, fuerzas policiales, poderes ejecutivos-, como entre distintas agencias. La coordinación es lo único que va a permitir un abordaje articulado entre todos los organismos que intervienen, en algunos casos, a nivel local, provincial o nacional, para poder prevenir, investigar, asistir o reparar estos hechos.
-T: ¿Qué aprendizajes dejó para la política pública toda la situación que terminó con el femicidio de Úrsula?
-EGA: El femicidio de Úrsula, para quienes trabajamos cotidianamente, viene a poner de relieve aquellas cosas que venimos denunciando y pensando y articulando a lo largo del año de gestión para modificar. Parte de las dos cuestiones que hablamos ayer están vinculadas, por un lado, al sistema integrado de casos de violencia de género que está en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, que está pensado para que las provincias y distintos organismos puedan encontrar en un mismo lugar un sistema que absorba toda la información sobre los distintos casos y situaciones, con denuncias y sin denuncias, por violencias por motivos de género. Lo que se trabaja centralmente es con indicadores de riesgo y sistemas de alerta y, sobre todo, con posibilidad de seguimiento de casos. Esto es lo que queda al descubierto. Era una de las demandas históricas, que el femicidio de Úrsula viene a poner sobre el tapete nuevamente.
Con estos sistemas se viene trabajando hace tiempo. De hecho ya 20 provincias han tenido reuniones con el Ministerio de Mujeres para poner en marcha este sistema.
-T:¿Cuáles son las modificaciones inmediatas que deben hacerse para prevenir femicidios?
-EGA: Parte de lo que necesitamos es una mayor articulación entre los poderes judiciales, las fuerzas de seguridad y las áreas de Género y, también, claramente, la posibilidad de acceso a justicia, y más rápido y efectivo acceso a herramientas modernas que sean superadoras a las existentes, en cuanto a dispositivos de protección para víctimas. La posibilidad de contar con equipos interdisciplinarios especializados en fiscalías, en policías. Es central que operadoras y operadores que intervengan en los distintos ámbitos, organismos en lo que una mujer pide ayuda, trabajen con indicadores de riesgo. Que se pueda, en base a esos indicadores, identificar casos donde hay que hacer intervención de urgencia, particular, que esos indicadores estén integrados a sistemas de alertas. Y hay que fortalecer las áreas de Género provinciales y municipales.
Cerca del 70% de los municipios no tienen áreas de Género, y esa es otra de las tareas que estamos llevando adelante desde el Ministerio.
-T: ¿Cuándo se pondrá en marcha el Consejo?
-EGA: Esperamos el decreto presidencial, la intención es que sea lo más rápido posible.
(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463)
Cuáles son los cambios judiciales urgentes para evitar femicidios, según abogadas especializadas
Cuando una mujer decide denunciar que está en situación de violencia de género se encuentra en un laberinto judicial, con falta de coordinación entre juzgados e instituciones, con ausencia de controles a victimarios, sin medidas de protección adecuada, una síntesis de las falencias de la justicia que funcionarias y abogadas analizan en esta nota, donde también proponen opciones de cambio urgentes para evitar femicidios.
En Argentina, una mujer es asesinada en contexto de femicidio, en promedio, cada 30 horas. Por lo tanto, hay hombres que, cada 30 horas, matan mujeres.
Las cifras, son personas. Y el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada esta semana por Matías Ezequiel Martínez (25) en la localidad bonaerense de Rojas, vuelve, una vez mas, a poner en agenda las carencias del sistema judicial cuando se trata de situaciones de violencia de género.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, Sergio Terrón, que investiga el femicidio de Bahillo, lo reconoció ante la prensa el viernes último: «Evidentemente funcionó mal (el sistema judicial) porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó», dijo.
¿Qué hacer para que alcance?
«Tomarse en serio las experiencias y la palabra de las mujeres», es lo esencial para Raquel Asensio, titular de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN).
La funcionaria consideró que para que eso ocurra, operadoras y operadores de la justicia «deben capacitarse para evaluar el riesgo en que se encuentran quienes denuncian violencia de género, y que se tomen en serio el deber de adoptar medidas apropiadas de protección».
Y que además de «investigar seriamente» las denuncias se «sancione a los responsables y exista reparación a las víctimas».
Las capacitaciones «en serio» para quienes tienen la responsabilidad de aplicar justicia, es decir, hacer efectiva la amplia legislación sobre prevención y asistencia en violencia de género que hay en el país, es también un reclamo de la abogada Soledad Deza.
La profesional tucumana, presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres, enfatizó que la perspectiva de género «es seria, no se incorpora con una charla enlatada. Tiene que haber evaluaciones de competencia e impacto en las sentencias. Es urgente».
Entonces, además de que una mujer cuando llega a la instancia de denuncia se encuentra con que no hay personal capacitado para acompañarla, también comienza a transitar un laberinto judicial, ya que la causa que se inicia tiene dos instancias, una civil y una penal. Y es sólo el principio.
«Es muy difícil atravesar el laberinto de procesos, de instituciones, de formas y procedimientos», aportó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
«Sin patrocinio jurídico para las mujeres en situación de violencia el acceso a la justicia es poco más que una consigna», agregó, además de destacar que ese proceso «requiere también de tiempos para el fortalecimiento emocional de las mujeres».
Lo mismo opinó Asensio, que pidió «una nueva forma de organización judicial, que permita un abordaje integral del problema. Ahora, está totalmente fragmentado» porque los juzgados de familia» toman medidas de protección, pero los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento».
«Y la justicia penal suele archivar, desestimar o minimizar las denuncias por incumplimiento. No se consideran esos incumplimientos como indicadores de incremento del riesgo y no se adoptan medidas de protección más efectivas», explicó la especialista de la DGN.
Úrsula Bahillo, como tantas mujeres, logró medidas de protección que no llegan nunca o llegan tarde.
De hecho, hay serias críticas a la efectividad de los escasos botones antipánico que existen, porque otra vez, la responsabilidad de cuidado recae en la víctima, que debe accionarlo si se siente en peligro. Y a veces no funcionan porque ellas no tienen señal de Internet o entran en un lógico pánico.
Por eso se impulsa el uso de tobilleras en los violentos, que se activan cuando se acercan a las víctimas, pero eso requiere de un monitoreo responsable que evite femicidios.
Deza añadió a este panorama que «tampoco se cita a los denunciados y eso los libera del control social y judicial, además de que sobrecarga el impulso de la víctima de sus propias denuncias, quien además de exponerse, queda en desamparo del Estado cuando no se investiga con debida diligencia».
Y reforzó Asensio: «Los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento. Las órdenes de protección son incumplidas sin ninguna consecuencia tangible. No se aplican las sanciones» establecidas en el artículo 32 de la ley 26485, de Protección Integral a las Mujeres.
«En gran parte de la justicia penal se advierte falta de formación y empatía. No están familiarizados con la dinámica de las distintas formas de violencia de género ni preparados para evaluar el riesgo. Es más, incluso cuando se cuenta con informes interdisciplinarios que califican la situación como de riesgo algo o altísimo, se omite tomar medidas idóneas para la protección de las víctimas», aseveró.
El cambio, urgente, es ahora. Hay hombres que, cada 30 horas, siguen matando mujeres. Muchas de ellas recurrieron a la justicia y no la encontraron.
