El Gobierno envió a 1000 agentes de seguridad a Córdoba

 

BUENOS AIRES- El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció  que -por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- se decidió el envío a la provincia de Córdoba de mil agentes de las fuerzas federales «en materia de seguridad preventiva frente a eventuales acciones» de protesta por parte de la policía local.

«El gobernador (José Manuel) De la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federal y en consecuencia se estableció un mecanismo de prevención», dijo Capitanich en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

El pedido de De la Sota tiene su origen en la decisión del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba de sancionar a cuatro efectivos, que fueron pasados «a pasiva», porque presuntamente incitaban a nuevas protestas, similar al acuartelamiento que a principios de diciembre derivó en saqueos y actos de violencia que se prolongaron por dos días.

En ese marco, el jefe de Gabinete indicó que el envío de fuerzas federales tiene como objetivo «evitar acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo» y remarcó que «es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituída en democracia y el orden institucional».

Capitanich detalló que el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba sansionó a los cuatro efectivos «como una medida preventiva en virtud de que han promovido un proceso de autoacuartelamiento similar a lo registrado en esa provincia el 3 de diciembre pasado con disturbios y saqueos ocurridos allí y que han involucrado a miembros de esa fuerza».

«Es por ello -insistió el funcionario- el envío de los hombres de las fuerzas federales, para la seguridad preventiva frente a eventuales acciones por parte de la Policía de la provincia de Córdoba».

El ministro señaló que «de modo categórico queremos afirmar que el apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente a los efectos de evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo».

«Esto pone en evidencia que no se puede actuar bajo extorsión alguna y que finalmente es absolutamente imprescindible hacer valer la autoridad legítimante constituída en democracia y el orden institucional», dejó en claro.

Recordó que «la seguridad pública es competencia de la provincias argentinas y el gobernador De la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federal y en consecuencia se establece un mecanismo de prevención en esa provincia».

«Pero lo que tiene que quedar muy claro acá es que nadie, absolutamente nadie, que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana, puede extorsionar a los gobiernos. Por lo tanto en la República Argentina nadie puede estar sometido a procesos extorsivos de carácter permanente», añadió.

Y dijo: «en consecuiencia, el respaldo de la Presidenta es para garantizar el orden institucional en cada una de las juridicciones del país a partir de las participación de las fuerzas de seguridad federales».