Por CLAUDIA BRACCHI*
Diciembre de 2007, hacía seis meses se había aprobado la Ley de Educación Provincial y un año antes, la Ley de Educación Nacional. Ese marco normativo no era solo un cambio de regulación para el sistema educativo, ni un cambio que quedaba en el ámbito legislativo. Esas leyes, junto a otras como la Ley de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, implicaron cambios profundos y asentados en otro paradigma cultural.
Una decisión política clara y contundente: la educación como derecho social, el conocimiento como bien público y el Estado como garante de generar las condiciones materiales y simbólicas para que el gran paso de la obligatoriedad de la educación, desde la sala de cuatro años en la provincia y, hasta finalizar la secundaria, sea posible.
Por primera vez en la historia de nuestro país, la secundaria se convertía en obligatoria y para todos, con tres fines: la formación de los estudiantes para el ejercicio de la ciudadanía, para insertarse en el mundo del trabajo y continuar estudios superiores.
La tarea era compleja y desafiante a la vez, hacer una escuela secundaria con eje en la enseñanza, inclusiva y más democrática. Como sabemos, la obligatoriedad implica un proceso de construcción social que representa un proyecto político educativo cultural más amplio, que posibilite construir una sociedad más justa y menos desigual, donde la inclusión con aprendizaje de los adolescentes, jóvenes y adultos sea el objetivo.
Pensarla para todos fue tener en claro que era necesario que hubiera escuelas secundarias en zonas urbanas, rurales, en las islas de la provincia, en los barrios más pobres donde no había, que se crearan escuelas para los jóvenes que tienen conflicto con la ley, para aquellos que ayudan al sostenimiento familiar, para las mamás y los papás adolescentes, para los hermanos que cuidan a sus hermanos y dejan de ir a la escuela, para los que tienen enfermedades transitorias o prolongadas y no deben perder días de clase, para aquellos que tienen alguna discapacidad.
Pensar una escuela para todos es definir que no hay una única manera de ir a la secundaria y que la escuela necesariamente tiene que cambiar y desmontar su matriz selectiva y desplegar las mejores estrategias para que todos los jóvenes tengan un lugar en ella.
Conformar escuelas de seis años, elaborar nuevos diseños curriculares, otro régimen académico de acuerdo a los tiempos actuales, definir e implementar claras políticas de inclusión y hacer de la escuela secundaria un lugar más democrático, con más participación y mayor protagonismo de los estudiantes se convirtieron en las líneas políticas institucionales donde se asentaron los cambios emprendidos en este nivel de enseñanza.
Y allí empezó el trabajo. En aquel diciembre de 2007 y repasando los informes con los que se contaba, de un conjunto de casi tres mil escuelas solo cincuenta y siete eran las que contaban con Centro de Estudiantes. Reconocerlos y promoverlos fue uno de los objetivos que nos propusimos. Tarea que no era sencilla ya que requería que todos estuvieran implicados: supervisores, equipos directivos, docentes, estudiantes y sus familias.
Se inició así un trabajo sostenido donde se realizaron jornadas de trabajo, talleres con estudiantes y también con docentes, encuentros institucionales, distritales, regionales y provinciales donde los estudiantes y los docentes fueron protagonistas de los cambios que se iban sucediendo.
Que los jóvenes tomen a palabra fue la tarea y así, los estudiantes, se fueron organizando. Decidieron hacerlo a través de distintas formas: cuerpos de delegados, asambleas, ateneos y conformación de centros de estudiantes teniendo en cuenta la normativa vigente.
Cada escuela necesitó establecer etapas, disponer la presencia de docentes para que acompañen este proceso y equipos directivos comprometidos con la participación de los estudiantes en las escuelas.
Y cada año fueron más escuelas que contaban con centro de estudiantes y otras experiencias se fueron sucediendo. Hoy se desarrollan los procesos eleccionarios, las campañas, elaboraban propuestas y las plataformas de cada una de las agrupaciones. Debaten, eligen nombre para cada agrupación, establecen qué propuestas pondrán en las plataformas, como comunicarán los avances y logros al resto de los compañeros. En conjunto estas acciones se convirtieron lentamente en cuestiones cotidianas en muchas de las escuelas. Los recreos, algunos profesores que disponen parte de sus horas para acompañar este proceso, directores que posibilitaron un lugar para que el Centro de Estudiantes funcione, fueron parte de esa escuela secundaria que va teniendo cambios profundos.
Hoy en 2013 podemos dar cuenta que este proceso que llevó tiempo, trabajo y compromiso de muchos tiene logros para compartir. Sabemos también quienes promovemos que estas cosas sucedan, que aún falta mucho por hacer, pero celebramos que, luego de ese trabajo intenso, de aquellos cincuenta y siete Centros de Estudiantes hoy hay más de mil novecientos diecisiete entre Centros de Estudiantes y organizaciones estudiantiles. Un paso cualitativo para las instituciones educativas. Un paso importante en calidad institucional.
Septiembre es un mes especial. Es el mes del estudiante y la reafirmación de sus derechos. El 16 de septiembre de cada año miles de actividades se realizan por la Noche de los Lápices en las escuelas. Memoria, Verdad y Justicia es la consigna y los Lápices siguen escribiendo la frase más elegida por los jóvenes. Este año además, muchos de los estudiantes han participado de talleres por la ampliación de derechos y la posibilidad que hoy los jóvenes a partir de los 16 años tienen de manera optativa, de votar.
Entendemos que el Estado tiene la responsabilidad de la formación política de los jóvenes y en esto, la secundaria de la provincia tiene mucho que aportar ya que decidió que a través de la enseñanza en las distintas materias y en la práctica cotidiana de las escuelas se exprese esa formación política. Por eso decimos que formar para la ciudadanía, es formar a los estudiantes para la ciudadanía en el presente, no para cuando los jóvenes sean adultos.
Las decisiones políticas y de política educativa se expresan en los lineamientos que se llevan a cabo, en las normativas que se definen, en los diseños curriculares que se elaboran, en la promoción de otras maneras de organizarse institucionalmente.
En cada Encuentro de Centros de Estudiantes que organizamos desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria, hacemos entrega de las «Urnas de la democracia» (aquellas Urnas de madera que volvimos a usar con el retorno de la democracia en nuestro país, en 1983).
La entrega a los estudiantes de estas Urnas de madera es como símbolo y como legado, para que ellos con su participación, organización y formación ciudadana, cuiden, defiendan y profundicen la democracia que costó la vida de tantos compañeros y compañeras. Esas Urnas que claramente simbolizan el retorno a la democracia, también representan respeto por la diversidad, por la libertad para la actividad política, por el compromiso ciudadano, por el derecho a participar activamente y organizarse.
Estamos en otro momento histórico de nuestra querida Argentina, donde la ampliación de derechos es una de sus marcas. Los estudiantes concurren a una secundaria en la que se logró dar un marco legal para promover la participación democrática.
Cada uno de estos pasos que hemos dado en conjunto representa un gran avance en las políticas de profundización y consolidación de la democracia. Los estudiantes secundarios se forman para el ejercicio de la ciudadanía desde el primer al sexto año y la ejercitan a diario.
Hoy, desde un enfoque de derechos, se reconoce la condición ciudadana de los jóvenes y su poder hacer como actores políticos en el presente.
*Docente e investigadora de UNLP/UBA/UNLZ
Directora Provincial de Educación Secundaria de la Pcia. de Buenos Aires
