El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió investigar juntas las causas iniciadas por denuncias de jueces que dijeron que sus líneas telefónicas habían sido vulneradas con las de aquellos magistrados que se enteraron de que se habían activado líneas a su nombre sin que ellos hubieran contratado el servicio, como les ocurrió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y al vice de ese tribunal, Carlos Rosenkrantz.
Martínez de Giorgi apunta a investigar «un plan criminal vinculado a maniobras relacionadas con la afectación de líneas telefónicas, cuyos damnificados resultan ser en gran parte de los casos jueces que desempeñan sus funciones en esta ciudad», según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.
En rigor, el magistrado declaró la conexidad en la causa iniciada por la denuncia que presentó Rosatti luego de enterarse que desde la provincia de Misiones se habían activado a su nombre al menos cuatro líneas telefónicas que él no había contratado, con el expediente en el que jueces federales como Mariano Borinsky (Casación Penal) denunciaron que sus comunicaciones habían sido vulneradas.
A pesar de que se trata de maniobras distintas, Martínez de Giorgi sostuvo que se está «frente a acontecimientos ocurridos en un período temporal cercano, que guardan características similares, encontrándose todos ellos relacionados con la vulneración o afectación de líneas telefónicas vinculadas con distintos magistrados».
«En otras palabras, surge evidente la conexión en torno a la selección de las víctimas, dado que -como se dijo- revisten el carácter de jueces federales y ministros del Tribunal Supremo, y las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en un cercano lapso temporal», resumió.
En el caso de la denuncia presentada por Rosatti, el juez Martínez de Giorgi rechazó enviar el expediente a Misiones como había postulado la fiscal federal Paloma Ochoa tras señalar que toda la maniobra había sido ejecutada desde esa provincia, según surge de los elementos incorporados al expediente hasta el momento.
«Entiendo que el hecho de que alguna de las tarjetas SIM utilizadas para llevar a cabo parte de los hechos en cuestión se hayan obtenido en la provincia de Misiones, no puede en modo alguno bastar por sí solo para atribuir competencia en la presente a la Justicia de dicha jurisdicción», sostuvo el juez al rechazar el planteo.
De los elementos incorporados al expediente surge que la empresa Telecom Personal SA informó 5 líneas telefónicas que fueron dadas de alta a nombre de Horacio Daniel Rosatti, con domicilio en la ciudad de Rosario, entre las fechas 20 de diciembre de 2022 y 19 de febrero de 2023, y luego fueron dadas de baja el 9 de marzo de 2023: todas se habrían activado desde tarjetas SIM vendidas en Posadas y Guarupá, Misiones.
«La activación de las líneas indicadas se llevó a cabo a través del procedimiento para el alta del servicio bajo la modalidad prepaga, por lo cual no se contaba (en la empresa Personal) con documentación física de su alta. Además, (la firma) hizo saber que las líneas registraron un cambio de plan que fue realizado desde la App Mi Personal, a la cual resulta posible acceder sin la necesidad de la creación de un usuario ni contraseña», indicó el juez en su resolución.
En este contexto, «la empresa prestataria aportó la información registral con relación a las Simcard asociadas a los abonados a nombre de Horacio Daniel Rosatti, de cuyo análisis surge que los puntos de venta donde se comercializaron se localizan en las ciudades de Posadas y Garupá, provincia de Misiones», señaló el magistrado.
Entre las medidas solicitadas por la fiscalía en el mismo dictamen en el que se postuló el envío del caso a Misiones, había algunas tendientes a determinar si los teléfonos utilizados para activar las líneas apócrifas también se habían utilizado para realizar las mismas acciones a nombre de otras personas: para ello fue necesario identificar los IMEI (un código de identificación único de cada teléfono móvil) de los dispositivos utilizados.
En ese sentido, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco) informó que, de los cinco usuarios estudiados a nombre de Rosatti, «se registran siete IMEIs en los cuales se traficaron comunicaciones» a nombre de «39 abonados».
Los 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas, entre las que hay cinco a nombre de Rosatti, una a nombre de Rosenkrantz y de la jueza María Verónica Skanata, jueza federal de Posadas.
«Los aludidos magistrados refirieron no reconocer como propios los abonados registrados a su nombre que surgieron en el citado informe», se indicó.
En el marco de este expediente, Martínez de Giorgi también recibió una comunicación de parte del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en la que el ministro del máximo tribunal dijo haber sido advertido de que se estaban realizando llamadas telefónicas desde líneas atribuidas a su persona respecto de las cuales él no tenía conocimiento.
«Por tales motivos, se ordenaron nuevas medidas urgentes respecto del nombrado ministro y del Dr. Juan Carlos Maqueda, que se encuentran en pleno trámite», explicó el juez en su resolución, en la que no se indicó que hubiera otro elemento que permitiera sospechar que también se habían sacado líneas telefónicas falsamente invocadas a Lorenzetti o a Maqueda.
La conexidad declarada es con el expediente en el que se investigan maniobras de sim swap (duplicación de sim) de las que habrían sido víctimas los jueces de la Cámara de Casación Penal Borinsky y Gustavo Hornos, y dos de los jueces del tribunal oral que intervino en el caso vialidad, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
En febrero del 2022, Borinsky denunció que autores desconocidos habían logrado acceder al control de su servicio de Whatsapp y amplió esa denuncia en septiembre tras perder control de algunas de las aplicaciones que utiliza para comunicarse.
En mayo último se sumaron en ese expediente otros magistrados en calidad de víctimas: fue el caso de Hornos y de Giménez Uriburu, que dijo que el 8 de septiembre de 2022 autores desconocidos habían tomado control de sus cuentas en Telegram y Whatsapp.
El juez Basso, por su parte, denunció que el 30 de septiembre había perdido el control de su línea telefónica de Movistar.
(Télam)
