Avanza el proyecto contra la trata de personas

BUENOS AIRES- Diputados miembros de las comisiones de Legislación Penal, Seguridad y Familia serán recibidos hoy por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para intercambiar ideas sobre proyectos que modifiquen la ley de trata de personas.
De la reunión, que se realizará a partir de las 16 en la sede del ministerio, en México 12 de esta capital, participarán el titular de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu; su par de Seguridad, Raúl Barrandeguy; y la diputada a cargo de la comisión de Familia, Silvia Risko.
Albrieu aseguró que hay un marcado interés en la Cámara baja en dar una respuesta parlamentaria en dirección al delito de trata de personas y que las iniciativas «ya están en agenda», con la idea de que este año se apruebe la norma. La ministra acercará a los diputados la opinión de técnicos y especialistas del ministerio sobre la iniciativa aprobada en agosto del año pasado por el Senado y que será una de las que los diputados analizarán en comisión.
En agosto pasado el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que aumenta el castigo a los implicados en trata de personas y amplía la protección a las víctimas, pero no llegó a ser tratado en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que modifica la ley 26.364, incluye como principal cambio el de no contemplar el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad de un acusado de trata de personas.
El texto define a la trata de personas como «el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países».
Prevé, además, castigos cuando se «redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad»; cuando se «obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados» y cuando se «promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil».
En el texto, las penas carcelarias para los imputados de proxenetismo contemplan un castigo de 2 a 4 años de prisión pero, en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores de edad, el castigo va de 5 a 15 años.
La iniciativa prevé también crear organismos y volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito.
La ley de Trata de Personas (26.364) fue sancionada en el 2008 y, a partir de ella, el gobierno argentino adhirió al Protocolo de Palermo, por el que las naciones se comprometen a combatir el tráfico de personas.
Esa ley sirvió para tipificar el delito de trata de personas y colocarlo en jurisdicción de los tribunales federales.
Según Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa en el mundo, detrás del tráfico de drogas y de armas.
En Argentina, según datos del Ministerio de Justicia, desde 2008 y hasta el último día de febrero de 2012 fueron rescatadas 2.846 personas que estaban en situación de trata.