Indagatoria a Cristina: Declaración de intendentes del FPV

 

BUENOS AIRES-  Once intendentes manifestaron su preocupación por el proceso contra Cristina Kirchner. «Quieren deslegitimar las conquistas y los derechos ganados» señalaron.
Un grupo de intendentes del Frente para la Victoria hizo pública una postura ante la situación de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue obligada por el Juez Federal Claudio Bonadío a asistir a los Tribunales en Comodoro Py, para dar declaración indagatoria en una causa en la que se la imputa por asociación ilícita.
Este grupo de intendentes ya han tenido no pocas coincidencias, y diversos analistas políticos los observan como un núcleo influyente en la interna del peronismo.
Ese grupo lo conforman, Juan Zabaleta (de Hurlingham), Gabriel Katopodis (de San Martín); Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora); Juan Pablo De Jesús (del Partido de la Costa); Mariano Cascallares (de Almirante Brown); Gustavo Menéndez (de Merlo); Leonardo Nardini (de Malvinas Argentinas) y Ariel Sujarchuk (de Escobar), a los que se sumaron en los últimos encuentros, Fernando Gray (de Esteban Echeverría); Alberto Descalzo (de Ituzaingó) y Eduardo Bucca (de Bolívar).
Concretamente, con relación a l caso que ocupa a Cristina Kirchner, los jefes comunales sostuvieron:
«Ante la indagatoria dictada por la Justicia Federal por la que se cita a la ex presidenta de la Nación compañera Cristina Fernández de Kirchner, expresamos nuestra posición como intendentes y como militantes peronistas».
Para luego desarrollar: «En un Estado de Derecho, todo trámite judicial debe estar regido por el principio de inocencia, por la seriedad de los procesos, por una investigación sobre pruebas concretas y la imparcialidad de los jueces y fiscales; nunca por revanchismos políticos ni mucho menos por la politización de la Justicia».
Los intendentes dejaron en claro que «como hombres elegidos por el pueblo para gobernar nuestros distritos y representar los intereses de todos, creemos firme-mente en la división de los poderes, la constitucionalidad y el estado de derecho por sobre todas las cosas».
Luego siguiendo con la idea de que el proceso judicial que involucra a la ex primer mandataria, se asemeja en muchos aspectos a una operación política, concluyen: «La búsqueda de revancha por vía judicial contra la ex presidenta de la Nación tiene un objetivo político, que es deslegitimar las conquistas sociales y los derechos ganados en la década ganada por todo el pueblo argentino».

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