Organizaciones sociales, curas y especialistas en Salud piden que no incineren 60 mil cunas


BUENOS AIRES-
El juez Claudio Bonadio determinó que se destruyan 60 mil cunas que se entregaban con el programa Qunita, el cual tenía como objetivo acompañar y cuidar la salud de las embarazadas y los recién nacidos en sus primeros meses de vida y con ello disminuir las muertes infantiles evitables. En este marco, Daniel Gollán, ex ministro de Salud sostuvo: «El programa estaba encaminado con mucha precisión a evitar que se murieran dos mil chicos por año y cien madres por año. Andaba fenomenal, con todas las madres controlando».
Además señaló que se entregaron 75 mil moisés y no se recibieron quejas. “El juez, en una causa amañada y política, dice que son peligrosos”
«Los problemas que señalan se pueden solucionar fácilmente sin necesidad de destruir. El doctor Alejandro Jenik pidió que no se las destruyan. Esto nos remite al ’55, cuando quemaron los pulmotores porque estaban en la Fundación Eva Perón. Yo no entiendo estas cosas, no me entran en la cabeza. Es ilegal mandar a destruir los moisés sin sentencia firme, son un patrimonio público», enfatizó.
Además sostuvo que el objetivo es deslegitimar las políticas de ampliación de derechos. “Para ellos, los pobres no tienen derechos. Quieren ilegalizar una manera de ver la política», dijo y concluyó: “No existieron sobreprecios en el Plan Qunita, es una barrabasada jurídica”.
En coincidencia con su forma de pensar un grupo de referentes de la salud y organizaciones sociales solicitaron anular la orden de Bonadío
En una conferencia de prensa realizada en la Unidad Sanitaria N° 9 de la Isla Maciel, la médica pediatra del hospital Garrahan, Gabriela Bauer, afirmó: «Le exigimos al Ministerio de Salud que distribuya las cunas porque forman parte de la identidad de los niños y representan el lugar seguro».
«En distintas partes del país se están organizando para frenar esta medida y para que el ministro (Jorge Lemus) defienda el derecho de los niños», manifestó quien estuvo acompañada por el padre Francisco Olivera, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
A su turno, Olivera manifestó: «Nos dijeron que podíamos vivir mejor. Y les están quitando la posibilidad a los chicos de tener un lugar mejor», al tiempo que afirmó que el juez tiene que elegir «si ser María y José o Herodes», en una analogía bíblica. Por su parte, la ex jefa de Unidad de Neonatología de la Maternidad Sardá Alicia Benítez relató que durante los meses que funcionó el programa se habilitó una línea 0800 para llamadas sobre el tema: «Se recibieron alrededor de 20 mil llamados. No se registraron situaciones de riesgo», remarcó.
«Nacen más de trescientos mil niños en el sector público. Los que no tienen posibilidad de acceder al moisés deben correr con el problema de que sus hijos terminen durmiendo con otras personas y el colecho es justamente uno de los factores que puede desencadenar la muerte súbita del lactante», explicó según un comunicado difundido por el Instituto Patria. En tanto, la neonatóloga Adriana Gorenstein expresó su desacuerdo «con la destrucción de un material valioso» y señaló que «el programa Qunita previene el síndrome de muerte súbita del lactante y provee un lugar seguro».
En relación a los informes del INTI y de la Asociación de Pediatría en los que basó la orden el Juez Bonadío explicó: «He leído las declaraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. No ha hecho ninguna negativa. Son recomendaciones de cuidado general». Sobre la situación en el Parlamento, la diputada kirchnerista Carolina Gailliard informó que ya se ha presentado un proyecto de Declaración para expresar la preocupación de los legisladores ante la decisión de la Justicia de destruir los elementos, y adelantó que la próxima semana citará a la Comisión de Salud de la Cámara baja para tratar el tema.
Gailliard consideró que «hacer justicia es entregar las cunas y no destruirlas. El juez ha manejado tendenciosamente la información del INTI».

 

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