Cuenca Matanza-Riachuelo: Acusaciones cruzadas por contrataciones irregulares

BUENOS AIRES- El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, apuntó al secretario de Ambiente, el kirchnerista Juan José Mussi, y a la empresa estatal AySA, al reclamar a la Justicia que investigue a presuntos corresponsables de las supuestas irregularidades en obras de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
Destacó que la Corte Suprema haya apartado al magistrado federal de Quilmes, Luis Armella, del seguimiento del fallo que ordena depurar el curso hídrico ante su presunto vínculo con empresas beneficiadas por contrataciones directas, mientras interpretó que el mensaje del máximo tribunal fue que tomará «medidas contra todos aquellos que no cumplan con la sentencia».
«Averiguamos quién tenía las facultades de control porque hay adjudicaciones muy evidentes e insinuantes y, en la audiencia pública última, el secretario de Ambiente señaló que no había ejercido un control con una respuesta un poco evasiva sobre ese tema», criticó Despouy.
El presidente de la AGN agregó: «Nosotros acreditamos que ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) tenía facultades, tanto por la ley como por los convenios, de ejercer ese control».
Se refirió así al ente presidido por Mussi e integrado también por funcionarios bonaerenses y porteños, que está encargado de aplicar el programa integral de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
Despouy, al volver a fustigar a la cúpula de la ACUMAR, sostuvo: «O sabía que se producía esto o tendría que saber que había un manejo tan desordenado, tan liberal de las adjudicaciones».
«También, (por la investigación de la AGN) supimos que AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), que es la que principalmente realizó las contrataciones, tenía también la obligación de controlar», enfatizó en diálogo por radio América.
Por último, interpretó que la Corte Suprema, con el fallo con el que apartó a Armella, «quiso decir que todos tienen que descontaminar y, cuando surja algún obstáculo, lo va a remover».
«Al mismo tiempo, está diciendo a los tres Estados y a los otros actores, como las empresas de la región: ‘Señores, esto es un llamado de alerta: si estamos dispuestos a apartar a nuestro juez, también vamos a tomar medidas contra todos aquellos que no cumplan con la sentencia'», completó.
En relación al saneamiento de la Cuenca el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, reclamó a los gobiernos porteño y bonaerense que aporten al presupuesto de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para colaborar, tal como marca la ley, en el saneamiento del recurso hídrico contaminado.
El funcionario, que preside la ACUMAR, confirmó que esta semana se presentará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para detallar las deudas que tienen Ciudad y Provincia en torno al funcionamiento del organismo.
«La Ciudad y la Provincia tienen que aportar lo que corresponde. A cada uno le corresponde un 25 por ciento del presupuesto para que la ACUMAR pueda funcionar, y hoy no cumplen», dijo Mussi.
El secretario de Ambiente señaló que la administración porteña, a cargo de Mauricio Macri, sólo entregó 25 millones de pesos de los 160 millones establecidos por la norma.
Por su parte, aclaró, la Provincia «dijo que no tenía los recursos y no aportó absolutamente nada», indicó Mussi.
El funcionario comentó que la ACUMAR continuará en el Riachuelo con las obras que tiene a su cargo el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y la empresa AySA.
Sin embargo, reconoció que tendrá «graves problemas» para «pagar el trabajo de las cooperativas de trabajo y los inspectores» que revisan el estado de las industrias situadas a la vera del río.
«Sobre los 640 millones de pesos (previstos), vamos a alcanzar un poco más de la mitad», señaló.