Frigerio aseguró que se está reactivando el empleo

BUENOS AIRES-  El ministro del Interior presentó   en el Senado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prevé crear un régimen de contratación público-privada para obras de infraestructura como rutas, hospitales y escuelas.

En su exposición ante los integrantes de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Asuntos Municipales, Frigerio sostuvo que la iniciativa permitirá dar impulso principalmente al sector de la construcción, golpeado en los últimos meses por la caída del empleo y de la obra pública.

El ministro señaló la necesidad de reactivar el sector, pues «hubo muchos despedidos» en ese sector, según datos de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en «los peores meses de 2015 que fueron -dijo- noviembre y diciembre».

«La mitad de la obra pública no había recibido un sólo peso en la segunda mitad de 2015» por lo que «hubo que empezar a pagar certificados» de la obra pública, recordó.

«Había una deuda enorme sólo en mi ministerio de 10.000 millones de pesos que hubo que empezar a saldar, previa auditoría porque los certificados a veces no se correspondían con los avances de las obras», puntualizó.

Frigerio detalló que este proyecto, que propone crear un régimen de contratación público-privada para la concreción de obras de infraestructura, surgió «del gobierno anterior», que intentó implementarlo a través de un decreto en 2005, pero remarcó que «fracasó» porque «no se implementó bien».

«Ahora queremos tomar esa iniciativa política y que se traduzca en más obras» porque consideramos que «una ley es mucho más fuerte y poderosa que un decreto», declaró, y advirtió que el gobierno de Mauricio Macri no busca «ninguna garantía de rentabilidad al privado» sino que «están las mismas garantías que existen en la ley de inversión pública y ley de obra pública».

El funcionario subrayó que si bien «la obra tiene que cubrir costos», lo que la administración de Cambiemos pretende es que «el resto sea riesgo empresario».

«Uno de los objetivos centrales del proyecto es socializar con el sector privado los riesgos o una parte significativa de los que enfrenta el Estado cada vez que emprende obra de infraestructura», añadió.

El ministro precisó que otro de los propósitos de la normativa es «acelerar los plazos de las obras y de los proyectos de inversión en Argentina».

«Los privados -dijo- van a recibir una retribución del Estado si cumplen en tiempo y forma con lo que se plantea frente a cada proyecto que podamos generar bajo esta nueva figura y van a tener enormes incentivos para empezar y terminar con la obra».

Por otro lado, adelantó, en caso de aprobarse la iniciativa, que según alentó «está sujeta a recibir mejoras» si la oposición lo sugiere, el Estado «se va a quedar con todas las atribuciones en términos de control y regulación y va a ser el principal socio en estos emprendimientos».

También resaltó que los grandes beneficiarios de esta norma serán las pymes y afirmó que lo que indican las experiencias de los países vecinos que están «más avanzados que Argentina en la implementación de esta normativa» es que los proyectos «no son la megaobra sino los muy vinculados con lo que pueden hacer las pymes».

Ante una consulta del senador Walter Barrionuevo (FPV-Jujuy), aseguró que el Gobierno discutió con las provincias y los municipios, que están «ávidos de recibir más recursos», y sostuvo que las jurisdicciones «que adhieran a este régimen también podrán ser contratantes dentro de su propio proyecto de inversión pública».

 

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