Gracias a las políticas públicas el trabajo infantil se redujo en un 66% en la última década

BUENOS AIRES- Los derechos de los niños que viven en áreas rurales son promovidos por el gobierno nacional a través de la difusión de la ley y de programas que evitan que trabajen, y utilizando materiales didácticos en actividades que se fortalecen esta semana, ya que el jueves 12 se recuerda el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
«Difundimos los dispositivos estatales como la Asignación Universal por Hijo, el Progresar y otros que permiten que niños y adolescentes hagan lo que tienen que hacer: estudiar y jugar, no trabajar», destacó a Télam el sociólogo Gabriel Fajn, subgerente de Capacitación y Formación del Registro Nacional de Trabajadores Y Empleadores Agrarios (Renatea).
El Renatea es el organismo estatal de registración, fiscalización y seguridad social para los trabajadores agrarios del país, y al ser el primer contacto en este sector, cuando encuentra situaciones de trabajo infantil «damos lugar para que intervengan otros organismos pertinentes y acompañamos el proceso», sostuvo el funcionario.
Desde el año pasado, el organismo incorporó materiales lúdicos para niños y niñas y otros destinados a adultos «para sensibilizar y concientizar sobre los derechos y lo hacemos en distintos espacios, tanto en escuelas o durante operativos de registración en las distintas delegaciones que tenemos en el país», explicó el profesional.
El equipo interdisciplinario de la subgerencia utiliza títeres y el juego de mesa `Renato´ donde, por ejemplo, si se trabaja de sol a sol o si hay niños trabajando se retrocede varios casilleros pero se avanzar si la jornada laboral es de ocho horas.
«Difundimos los dispositivos estatales como la Asignación Universal por Hijo, el Progresar y otros que permiten que niños y adolescentes hagan lo que tienen que hacer: estudiar y jugar, no trabajar»
Gabriel Fajn, subgerente de Capacitación y Formación del Renatea «Aprovechamos las actividades lúdicas para charlar con ellos, para informar sobre sus derechos, para que reconozcan e incorporen los cambios generados a partir de la ley 26.727 de 2011 y lo que implican esos cambios en sus vidas», resaltó el subgerente.
La nueva legislación impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, derogó el antiguo Régimen de Trabajo Agrario creado por la dictadura cívico-militar en 1980.
«Iguala a quienes trabajan en el sector agrario en condiciones de trabajo y seguridad con las demás ramas productivas. Son visibilizados y reconocidos como sujetos de derecho», resaltó el sociólogo.
La ley, con un diseño de bolsillo, junto a una historieta y folletos informativos sobre la legislación son entregados a adultos, quienes también tienen la posibilidad de alfabetizarse en espacios que el Renatea habilitó en distintos puntos del país.
Este año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) centra la atención pública, por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se recuerda el 12 de junio, en el papel de la protección social para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos del mismo.
«Muchos adultos fueron niños trabajadores que no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela, por eso interactuar con las distintas generaciones posibilita que ellos incorporen que hay un Estado presente que brinda la posibilidad de que sus hijos no repitan esa historia», valoró el funcionario.
En relación al tema, el subgerente de Fiscalización de Renatea, Diego Segovia, afirmó que desde ese organismo trabajan por «la erradicación del trabajo infantil a través de la concientización de los trabajadores y de la tarea territorial porque no trabajamos desde las oficinas sino en el campo».
En una entrevista con radio Télam, Segovia explicó que «no decimos trabajo infantil sino delito, porque esas dos palabras no deberían ir juntas».
A su vez, Segovia destacó que «desde Renatea se trabaja con el departamento de coordinación interinstitucional, con el ministerio de Justicia y otros organismos para hacer actividades de concientización que se hacen en lo que respecta a los lugares rurales porque el objetivo es que niños, niñas y adolescentes no terminen siendo explotados».
Asimismo se difundió que Programas como la AUH, Progresar, Argentina Trabaja y Fines, que comenzaron a aplicarse desde 2003 consiguieron a lo largo de la última década una drásticas reducción de dos tercios del trabajo infantil en la Argentina, concluyeron distintos analistas y organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
La Asignación Universal por Hijo (AUH), el plan Progresar, el Argentina Trabaja, el Fines, los regímenes de empleo rural y doméstico, y las modificaciones legislativas para reforzar su erradicación han contribuido desde 2003 a la fecha a «sacar» a los niños y niñas del mercado laboral.
Al conmemorarse hoy el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el director del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep), Lucas Utrera, destacó que «desde 2003, en línea con los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina cuenta con una política pública plasmada en los sucesivos planes nacionales para la erradicación del trabajo infantil».
Precisamente un reciente informe de la OIT señaló que «Argentina ha ratificado su compromiso por impulsar estrategias integrales a través de una combinación de políticas que logren erradicar el uso de los menores como fuerza laboral,
entendiendo a esta lucha no como un objetivo de gobierno, sino como una cuestión de Estado».
Se pasó de 6,4 por ciento de empleo infantil en niños menores de 13 años en 2004 a 2,2 en 2012, lo que representa una disminución de 66 por ciento» Utrera afirmó que en la última década «se viene fortaleciendo la gestión en cuestiones legales, institucionales, educativas, sanitarias y sociales».
Precisó que «como resultado, se pasó de 6,4 por ciento de empleo infantil en niños menores de 13 años en 2004 a 2,2 en 2012, lo que representa una disminución de 66 por ciento, tanto para trabajo doméstico y autoconsumo como en actividades productivas».
Remarcó que «un logro significativo es la sanción de la Ley 26.390 que colocó al país a la vanguardia en materia de edad mínima de acceso al empleo, al elevarla hasta los 16 años, además de regular el trabajo adolescente, entre los 16 y los 18».
Indicó que «a esto se suma, en abril de 2013, la Ley 26.847 que modifica el Código Penal, y establece que será reprimido con prisión `de uno a cuatro años` al que `aprovechare económicamente` el trabajo de un `niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave».
Por su parte, la investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Mariana Melgarejo indicó a Télam que «cuando se decide como Estado proteger los derechos de los niños es necesario generar las condiciones normativas y legales para que eso pase, pero para garantizarlos con las leyes solas no alcanza».
En ese sentido, sostuvo que «también hay que fortalecer a las familias más pobres para que dependan cada vez menos del ingreso que proporcionan los chicos».
«Por eso se necesitan políticas públicas integradas que mejoren las condiciones apuntando en dos sentidos: mejorar el ingreso y los niveles de escolarización», remarcó Melgarejo.
En tanto, Utrera también destacó «la inédita experiencia de la Red de Empresas contra el Trabajo infantil, formalizando el compromiso del sector empresarial en el combate a este flagelo».
«Todos estos avances se enriquecen con una serie de políticas públicas que permiten el abordaje multidimensional de la problemática y contribuyen con el fortalecimiento de la escolarización y el bienestar de los niños», afirmó el director del Cedep.
Señaló que «la AUH, el Progresar, el Fines, la nueva normativa sobre el trabajo doméstico y el rural, así como el fortalecimiento
de las inspecciones laborales, son sólo algunas de las acciones emprendidas que le han dado mayor visibilidad al trabajo infantil».
Sobre la AUH, la Cepal y la OIT ponderaron su efectividad en la reducción de la pobreza y del empleo infantil.
En el trabajo recientemente publicado «Los Programas de Transferencias Condicionadas y el mercado laboral», ambos organismos aseguraron que los recursos otorgados mediante estos planes «por lo reducido de los montos, no suelen incidir en una menor inserción laboral de los adultos en edad de trabajar, pero sí, tal como es su intención, de los niños».
Así, puntualizaron que los Programas de Transferencia Condicionadas «han logrado tener el efecto deseable de desincentivar el trabajo infantil