Represión a los manifestantes que piden comida frente al Ministerio de Desarrollo Social

 

Pasadas las 16, comenzaron los disturbios en la avenida 9 de Julio. Desde las 10 hay movilizaciones de distintas organizaciones en reclamo de una Ley de Emergencia Alimentaria. La línea C del subte está interrumpida. El Metrobus funciona.

Apenas unos minutos después de que los movimientos sociales anunciaran un nuevo acampe, esta vez por 48 horas, frente al ministerio de Desarrollo Social, la Policía de la Ciudad avanzó sobre los manifestantes para intentar evitar el corte del Metrobús de la 9 de Julio y la instalación de carpas en el centro porteño.

Como consecuencia del operativo policial varios manifestantes resultaron heridos mientras que las fuerzas de seguridad arrestó al menos a uno de ellos.

Los movimientos sociales seguían adelante este miércoles con sus protestas que incluían la instalación de una olla popular en la Plaza de Mayo y un nuevo acampe, de dos días, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, luego de considerar «un fracaso» la reunión que mantuvieron el martes con el gobierno de Mauricio Macri por más presupuesto para asignaciones, comedores y planes sociales.

Desde las 10, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional MTD Aníbal Verón y la Federación de Organizaciones de Base FOB, se concentraron en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo, para luego marchar a la Plaza de Mayo.

En tanto, el Polo Obrero, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales iniciaron a las 15, y por dos días, un acampe frente a Desarrollo Social por considerar que esa cartera no dio respuestas ayer a las demandas concretas de los movimientos sociales, de aumentos en las asignaciones, incremento de los alimentos para los comedores y aperturas en los planes sociales.

Cinco millones de personas  no acceden a los alimentos básicos. Mientras el oficialismo insiste en que hablar de emergencia es un slogan de campaña, cinco millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, el doble que cuatro años atrás. La sostenida inflación de estos años, la dolarización de los precios de los alimentos y una política dirigida solo a abaratar costos laborales explican que hoy la canasta básica alimentaria por persona se lleve un tercio del salario mínimo (15.625 pesos desde este mes). Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) revela la separación que existe entre los precios de los alimentos y el promedio general de la economía, impactando con mayor crudeza en el segmento de la población con menores recursos. El informe advierte que más de cinco millones de argentinos no pueden acceder a una alimentación básica. Los afectados son el doble que en 2016.

“El nivel general del IPC creció interanualmente en el GBA en julio un 53,9 por ciento. No obstante tanto los alimentos (57,3) como las bebidas no alcohólicas (59,8) lo hicieron en mayor medida”, detalla el documento de la Undav. La leche, los productos lácteos y los huevos, por ejemplo, subieron 85,7 por ciento el último año. Es otra señal del descalabro económico, como la tasa de interés del Banco Central, que también escaló a 85 por ciento y pese a ello no pudo contener la estampida inflacionaria.

En el Gran Buenos Aires los aumentos llegaron a niveles extravagantes como en el caso de la leche, los productos lácteos y los huevos, con un alza interanual de 85,7 por ciento a julio. La manteca, grasas y aceites aumentaron 71,7 por ciento. Le siguieron azúcar, dulces, chocolate y golosinas (60,1 por ciento), carnes y derivados (56,7 por ciento) y pan y cereales (54,5 por ciento). En el rubro bebidas hubo aumentos de 70,2 por ciento en café, té, yerba y cacao y de 56,6 por ciento en aguas minerales, gaseosas y jugos. Esto explica que la canasta alimentaria (CBA) y total (CBT) iniciara su ascenso por encima de la inflación general. En julio pasado la inflación fue en el 54,4 por ciento pero la CBA subió un 57,3 y la CBT un 58,6 por ciento. En tanto, el salario mínimo vital y móvil perdió un 24 por ciento de poder adquisitivo desde diciembre de 2017 y 36 por ciento desde mediados de 2015.

En la noche del lunes ingresó al Congreso el proyecto consensuado por el Frente de Todos, el bloque Justicialista, los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, la cual vence el 31 de diciembre de este año. La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” mínimo de 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Desde el oficialismo aseguran que la presentación tiene fines políticos, desconociendo la situación de la población. “En Argentina no hay hambre ni emergencia”, resumió el pensamiento de Cambiemos el secretario de Cultura, Pablo Avelluto.

“Desde abril del año pasado las familias vienen enfrentando los duros embates de la crisis económica, que azota especialmente a los sectores de menores ingresos. En esta coyuntura, los hogares deben recortar gastos superfluos y maximizar aquellos esenciales”, señala el informe de la Undav. Sin embargo, el margen de recorte no es el mismo para todos los segmentos y en el de menores ingresos, el presupuesto familiar llega a comprimirse hasta presionar sobre consumos básicos como los servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) e incluso alimentos”, según el informe.

Pese a que el Gobierno apunta al efecto post PASO, la inflación en alimentos se disparó en abril del año pasado, como consecuencia de la mega devaluación que se inició en ese mes. Un año después, en abril de 2019 el promedio de precios de los alimentos acumulaba un alza de 66,2 por ciento mientras que el nivel general se ubicaba en 55,8 por ciento. “La aceleración inflacionaria que sobrevendrá en agosto –el Indec lo dará a conocer este jueves—y en los siguientes meses impulsados por una nueva suba del dólar de 23 por ciento, impactará especialmente en precios de alimentos”, señala el Observatorio de la Undav.

De este modo se llegó en cuatro años a 14,3 millones de pobres en las zonas metropolitanas del país. Dentro de esa cifra, unos 3,6 millones no logran siquiera acceder a la canasta de alimentos. Es mucho peor si además se cuenta la población rural. Producto de la crisis a la que llevó la política macrista, la asistencia alimentaria directa aumentó entre 2015 y 2018. Pasó del 26,9 por ciento de las niñas, niños y adolescentes del GBA en el 2015 al 40,3 por ciento de los mismos en 2018. Con lo cual el aumento es de 13,4 puntos porcentuales en tres años. “Así se ha visto en el último tiempo una proliferación de mayores consumos de alimentos de segundas y terceras marcas. En otros se observa una contracción en el consumo de determinados alimentos, como leche fresca o carne. En todos los casos se observa un recorte en la dieta alimentaria que demuestra una situación crítica que puede ocasionar daños irreversibles y que deben ser atendidos por el Estado como una situación de emergencia”, advierte la Undav.

Preocupación de defensores

La coalición de organizaciones Infancia en Deuda adhirió a la declaración de los defensores de niñas, niños y adolescentes que expresaron “preocupación por el agravamiento de la situación económica” de ese segmento y exhortaron al gobierno de Cambiemos a protegerla “declarando la emergencia alimentaria y garantizando la intangibilidad de los fondos destinados a infancias y adolescencias”. “La aceleración inflacionaria y su efecto sobre los salarios afectan el poder adquisitivo de las familias e impactan en su bienestar. En este contexto, los hogares con niñas, niños y adolescentes son los más expuestos a riesgos, aún más los que ya estaban en situación de pobreza e indigencia, con bajos ingresos o empleo informal”, indica el documento que suscriben los defensores provinciales Analía Colombo (Santa Fe), Luis Horacio Santucho (Santiago del Estero), Miguel Ángel Molina (Misiones), Juan Pablo Meaca (La Pampa) y Amelia López (Córdoba); y los defensores nacionales designados por la Comisión Bicameral del Congreso, Marisa Graham, y sus adjuntos Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto.

 

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