La apropiación de un nieto y una trama de complicidad civil en la ciudad de Olavarría

 OLAVARRÍA- La apropiación de Guido, el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, podría constituir un episodio más dentro de una extensa trama de complicidad civil empresarial con el terrorismo de Estado, de la que Olavarría fue claro ejemplo durante los años de la última dictadura cívico militar.

Guido, hijo de los militantes Laura Carlotto y Wilmar Montoya, nació en cautiverio y fue entregado a una pareja de peones rurales por Francisco Aguilar, un conocido empresario rural en la zona de Olavarría, fallecido el pasado 26 de marzo.

El nieto recuperado 114 creció con el nombre de Ignacio Hurban junto a Clemente y Juana, que vivían en un campo de Colonia San Miguel y que no podían tener hijos.

Si bien la Justicia debe determinar ahora cómo llegó Guido a manos de Aguilar, los aceitados vínculos que el empresario tuvo con las autoridades castrenses en aquellos años podrían dar algunos indicios.

Aguilar presidió la Sociedad Rural local, criaba caballos y se dedicaba a las actividades y competencias hípicas, en las que participaban también los oficiales del regimiento de caballería mecanizada de Olavarría.

El empresario perteneció a las denominadas “fuerzas vivas” de la comunidad, participó en política en los años ’90 y en 2007 se candidateó a concejal por la colación Unión-Pro que encabezó Francisco de Narváez..

“Las vinculaciones de Aguilar con los militares eran muy conocidas por todos acá. Desde que se conoció la verdadera identidad de Guido, hay gente que también expresa dudas sobre los orígenes de otros jóvenes”, señaló en diálogo con Télam Carmelo Vinci, titular de la Comisión por la Memoria de Olavarría.

Y en ese sentido, señaló: “Aguilar era cercano a Ramón Camps (coronel, jefe de la Policía bonaerense en la dictadura) y se llevaba bien con el personal de inteligencia del regimiento”.

Como militante por los derechos humanos y antiguo integrante de la APDH, Vinci sigue con expectativa el juicio por los delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el centro clandestino de detención de Monte Peloni, un caso en el que están imputados Ignacio Aníbal Verdura, Walter Jorge “El Vikingo” Grosse, Omar “Pájaro” Ferreyra y Horacio Rubén Leites.

El juicio de Monte Peloni, que comenzará el próximo 22 de septiembre en la sede que Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires posee en Olavarría, será el segundo proceso de lesa humanidad que tiene que ver con la historia de la ciudad que albergó a la cementera Loma Negra, propiedad de la familia Fortabat.

En 2012 se llevó a cabo en Tandil un juicio por la desaparición del abogado Carlos Moreno, defensor de trabajadores que habían contraído enfermedades respiratorias en la cementera que fundó Alfredo Fortabat en 1927 y que heredó su esposa, Amalia Lacroze, cuando el magnate del cemento y contratista del estado murió en enero de 1976.

Moreno trabajaba para la Asociación Obrera Minera Argentina y llevó en 1976 un juicio contra Loma Negra en reclamo de una indemnización en favor de un trabajador llamado Florencio Paniagua, que había contraído silicosis, una afección derivada de aspirar el silicio que se desprende de las canteras.

Moreno ganó ese juicio y comenzó a representar a otro trabajador enfermo, Juan Ventura Zabala, pero a fines de abril de 1977, el letrado fue secuestrado en las calles de Olavarría.

El abogado fue trasladado a una chacra de Tandil, propiedad de los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, empresarios rurales de la zona que resultaron condenados por este hecho junto con los coroneles Julio Alberto Tommasi e ItaloPappalaro y el suboficial José Luis Ojeda, integrantes de la patota que secuestró a Moreno.

El ex socio de Moreno en un estudio de abogados que ambos tenían en Olavarría, Marcos Gubitosi, declaró en el juicio de Tandil que el entonces jefe de personal de Loma Negra, Ernesto Cladera, hoy fallecido, lo recibió después del golpe en su despacho.

“Me vino a ver el jefe inteligencia del regimiento y me dijo que le haga una lista de los que andan jodiendo. Y como usted sabe, yo soy dueño de vidas y bienes”, le señaló el gerente a Gubitosi.

Lo paradójico es que tras la muerte de Moreno, Zabala cobró el juicio, pero ningún trabajador se presentó a reclamar, entre otras cosas porque Loma Negra quedó militarizada y 14 delegados terminaron detenidos en la cárcel de Azul.

“Loma Negra y algunos pueblos cercanos fueron construidos por la empresa de los Fortabat que Amalia Lacroze empezó a dirigir tras la muerte de su marido. Las casas eran de Loma Negra y los trabajadores ni siquiera pagaban servicios o alquileres”, cuenta la periodista y escritora Soledad Vallejos, autora de Amalita, una biografía de la empresaria.

“Durante la dictadura, el pueblo estuvo militarizado, había tanques en la puerta por donde ingresaban los obreros. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de la gente dice que allí no pasaba nada”, relató Vallejos.

El caso de Guido-Ignacio Montoya Carlotto y el juicio por Monte Peloni contribuirán a correr el manto del olvido que parece haberse extendido sobre una ciudad como Olavarría, en la que se impone la necesidad de establecer memoria, verdad y justicia.