Estado de alerta para los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación

LA PLATA- Trabajadores de la dirección general de Educación bonaerense, que mantuvieron la sede de esa cartera ocupada durante más 11 días contra un recorte por «excesos» en horas extras y cobro de personas fallecidas, anunciaron que se mantendrán «en estado de alerta» hasta el lunes, fecha en que la Provincia, según adelantó, pagará las sumas adicionales.
Así resolvió una asamblea de empleados de la cartera educativa bonaerense, luego de que el viernes alcanzaran un principio de acuerdo con el Gobierno, que permitió destrabar la toma del edificio de calle 13, entre 56 y 57, de La Plata.
No obstante, la situación se volvió a tensar durante el fin de semana con un conflicto con choferes de dirección de Educación.
María Inés Uro, integrante de la junta interna de ATE, gremio que junto a los sindicatos SOEME y UPCN realizó la protesta, advirtió que «si el día 15 no se cumple con el pago de la totalidad de horas extras, los viáticos y lo adeudado del mes anterior de la dirección de mantenimiento, retomaremos las medidas de fuerza».
La sindicalista dijo que «vamos a cumplir lo acordado, vamos a volver a nuestro lugares de trabajo», aunque adelantó que «nos mantendremos en estado de alerta cumpliendo lo firmado el viernes hasta el 15 cuando se depositen los adicionales».
El acuerdo que permitió levantar la ocupación incluyó el pago de las retribuciones salariales -horas extras y viáticos-, la reincorporación de los despedidos y la instalación de una mesa de negociación para jerarquizar el salario, la que comenzará a trabajar el 16 de octubre.
La titular de la cartera educativa, Nora de Lucía, dijo el viernes que en esa reunión se evaluará «las situaciones irregulares existentes en el cobro de distintos conceptos, tales como personas privadas de su libertad y fallecidas que percibían horas extras y otras irregularidades».
El conflicto por el recorte salarial comenzó el martes 25 de septiembre cuando un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales resolvieron ocupar el edificio, cortar la luz e impedir el ingreso de funcionarios a la sede provincial.
Ese día De Lucía negó la existencia de un «ajuste», denunció «excesos» en el pago de horas extras y sostuvo que la medida de fuerza fue «encabezada por un grupo de empleados que arrastran privilegios».
Ante la continuidad de la protesta, el gobierno presentó una denuncia penal en el Juzgado de Garantías 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Massi, quien ordenó el desalojo del edificio, medida que nunca se llevó a cabo.
Luego el Ejecutivo provincial denunció agresiones físicas y amenazas a varios funcionarios del Ministerio, entre ellos a De Lucía.