Juristas contra el 2 x 1 y por el respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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CAPITAL FEDERAL-Los profesores titulares de la Universidades de Buenos Aires y La Plata, Alejandro W. Slokar y Alejandro Alagia pronunciaron un dictamen a favor de impedir la aplicación de la ley de 2 x 1 para los delitos de lesa humanidad.

Slokar (Juez de la Cámara Federal de Casación Penal) y Alagia (Fiscal General de Derechos Humanos) a requerimiento del diputado Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente para la Victoria, acompañaron la iniciativa legislativa recordando que de acuerdo a la Ley N° 27.156 que establece que “las penas o procesos penales sobre delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

Los juristas se preguntan “¿No es groseramente ilegal conmutar penas por delitos de lesa humanidad a vez que beneficia a perpetradores quienes mientras duró la vigencia de la ley 2 x 1 estaban indultados o anmistiados por el punto final y la obediencia debida?”.

Slokar y Alagia reclamaron además el cumplimiento de la obligatoriedad de obedecer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tal sentido recuperaron la propuesta enviada en marzo de este año por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, en la que “recomienda” a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, arbitren “los medios necesarios para lograr la sanción de una Ley de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que contemple el carácter definitivo e inapelable de sus decisiones y la obligatoriedad de su acatamiento por todas las autoridades de la Nación”.

También recordaron el antecedente legislativo de Adolfo Rodríguez Saa, quien en el 2013 presentó en el Senado de la Nación, un proyecto en el que se sostiene que una “disposición de un organismo de verificación de alguno de los Tratados Internacionales a los que se reconoce rango constitucional (…) será considerada obligatoria para el Estado”.

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