El Senado aprobó la ley de Muerte Digna

CAPITAL FEDERAL- El proyecto sobre “muerte digna” aprobado modifica la Ley sobre Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud y establece que el “derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.
En el marco de esta potestad, el paciente que presente una “enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal” tiene el “derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital”.
El presidente de la Comisión de Salud, el radical José Cano, expresó que con la sanción de esta Ley se está atendiendo un reclamo social por la ausencia de legislación en esta materia, así como adecuando la legislación argentina a varios tratados internacionales
La ley establece el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, ante una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal.
La iniciativa fue debatida durante casi cuatro horas y aprobada por unanimidad.
Ahora el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital
Asimismo, el proyecto aclara que ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de esta legislación está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa.
A su turno, el oficialista Aníbal Fernández aclaró que la iniciativa no es eutanasia porque eso significaría acelerar la muerte del paciente
Este es el derecho del paciente a morir dignamente, enfatizó Fernández, tras lo cual dijo que se estaba en presencia de un concepto que avalan todas las religiones al mencionar la encíclica Evangelium Vitae escrita por el papa Juan Pablo II en 1995 en la que menciona que se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia.
El titular de la bancada radical, el formoseño Luis Naidenoff, manifestó que este proyecto que pone en valor aquellos problemas cotidianos que tienen que ver con el dolor de miles de ciudadanos en nuestro país.
Este proyecto se enmarca en el respeto por la dignidad y por la autonomía de las personas en el contexto de la libertad general, sentenció.
El socialista Rubén Giustiniani manifestó que el Senado votó una ley que dignifica a este Congreso Nacional y que la muerte digna está vinculada con los derechos individuales y personalísimos.
Estamos dando una respuesta para terminar con el sufrimiento de miles de familias que padecen la extensión artificial de la vida de los pacientes, expresó el senador santafesino.
Además, Giustiniani adelantó que la ley apunta a terminar con el encarnizamiento terapéutico motivado, muchas veces, por intereses económicos.
En cambio, la justicialista disidente Sonia Escudero pidió modificar el proyecto en el articulado que menciona el derecho del paciente a no ser alimentado ni hidratado, como uno de los métodos de muerte digna.
La eutanasia activa es cuando le doy una inyección al paciente para terminar con su vida. La eutanasia pasiva es cuando omito la alimentación. En este caso, estamos ante un caso de eutanasia pasiva, mencionó.
Para Escudero no es muerte digna quitarle a un paciente la alimentación y la hidratación; y agregó que si esta ley necesita ser corregida con otra ley, no es una buena ley.
En ese sentido, la oficialista Liliana Fellner mencionó su preocupación de que esta ley no sea una herramienta válida y termine en la justicia porque hay contradicciones en la propia Ley y no están previstos los comités de bioética
El proyecto que aprobó hoy y convirtió en ley el Senado consigna que se podrá dar “muerte digna” a aquel paciente que presente «una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación».
A su vez, reconoce que ese paciente «tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad».
La norma obliga al enfermo terminal a expresar su postura al facultativo, mientras que el médico tiene la obligación de informarlo sobre su real estado de salud, tratamientos a realizar y consecuencias.
También se establece que, en caso de que el paciente se vea impedido de dar su consentimiento, serán sus familiares o los responsables legales quienes deberán hacer conocer la decisión de prolongar la agonía por medios artificiales.
Esta norma no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido, que sería facilitar la muerte del paciente.
Otro punto importante es que los menores de edad también “tienen derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud».
Esto significa que «tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado».
La iniciativa, además, habilita a que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud”.
La declaración de voluntad -especifica la ley- deberá formalizarse por escrito ante Escribano Público o Juzgados de Primera Instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos testigos.
En cuanto a los profesionales, la norma establece que “ningún profesional que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del estricto cumplimiento de la misma”.
El proyecto de Muerte Digna es originario de la Cámara baja y expresa iniciativas de los legisladores Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), Gerardo Milman (FAP) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro).