Cuando una fundación como Abuelas hace lo que debería hacer el Estado

Desde el 2012 Abuelas realiza todo tipo de trámites para posibilitar que lo que se dio a conocer ayer, una nueva identidad recuperada de una nieta apropiada por los militares en la última dictadura militar.

La trama que terminó en el hallazgo de la nieta 129 inició en 2012, cuando Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a recibir diversas informaciones sobre una joven que había sido inscripta como hija propia por un matrimonio. Inmediatamente, el organismo de derechos humanos resolvió la aproximación del caso. La documentación reunida mostraba, entre otras cosas, que la partida de nacimiento apócrifa había sido firmada por un médico de la Policía Federal y que el parto había ocurrido en domicilio.

En 2013, el equipo de Aproximación del área de Investigación de Abuelas contactó telefónicamente a la presunta hija de desaparecidos, que se encontraba viviendo en España, para invitarla a realizarse el examen de ADN. A partir de ese momento, las comunicaciones continuaron vía mail. La mujer adelantó que en 2014 viajaría al país para seguir conversando sobre la posibilidad de analizarse y se le transmitió que la prueba genética también podía efectuarse a través del consulado. Ante la falta de respuesta posterior, el área de Investigación de la asociación informó a la presunta nieta que su caso sería derivado a la Unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El juez Sergio Torres tomó la causa y, a través de la representación diplomática del país donde reside la mujer, intentó en dos oportunidades que se analizara. Ante las negativas, envió un exhorto a la Justicia de ese país, que rechazó realizar un allanamiento para verificar la identidad de la joven. En 2017, a partir de un allegado que la incentivó a buscar su origen, se pudo retomar el vínculo con la joven. Finalmente, en los últimos días se confirmó su identidad y Abuelas notificó a su papá, Carlos Solsona, y a sus hermanos.

DEJA UNA RESPUESTA