CAPITAL FEDERAL- Según la OA “como fue elegido por el voto” no hay razones para que incluya en las declaraciones juradas patrimoniales los trabajos previos a la gestión.
En medio de las investigaciones respecto a la publicación de los Panamá Papers y la relación entre Mauricio Macri y dos sociedades offshore, desde la Oficina Anticorrupción lo eximieron de la obligación de declarar sus antecedentes laborales.
«Los funcionarios elegidos por el sufragio universal no se encuentran obligados a incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales las actividades laborales o cargos retribuidos o no», sostuvo la Oficina Anticorrupción en un informe que entregó al juez federal Sebastián Casanello, según indicó el periodista Sergio Farella en Noticias Argentinas.
Por su parte la presentación del informe del organismo, que conduce Laura Alonso, se produjo al mismo tiempo que el juez Casanello librara exhortos a la ciudad de Nassau, en Bahamas, y Panamá, donde están radicadas las empresas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, para que se informe si el presidente «Mauricio Macri figura o figuró como accionista» de alguna de ellas.
Es en este contexto que la OA informó que el artículo 12 de la ley 25188 establece que «aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al sólo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse».
«Quien accede a un cargo público por elección popular no se encontraría normativamente obligado a incluir en sus declaraciones juradas dicha información», señaló Baragli.
Según explica Farella en el informe también se reconoce que «en las declaraciones juradas patrimoniales no se encuentra disponible la información relativa a los antecedentes laborales y actividades del funcionario» y eso «afectó las capacidades de esta oficina para realizar uno de los principales controles que la normativa impone».
Baragli adelantó que en el marco del proyecto de reforma integral de la legislación de Ética Pública que realiza la OA, «se propondrá la eliminación de dicha diferenciación, obligando a todos los sujetos alcanzados por la norma a declarar los mismos datos».
El juez a cargo de la causa es quién también tiene en su poder el expediente de Lázaro Báez y quién hace unos meses sobreyó a Macri por la causa por las escuchas ilegales.
