Familiares de trabajadores desaparecidos señalizan la fábrica de Molinos en Avellaneda

AVELLANEDA- Integrantes del colectivo que impulsó la apertura de una causa de lesa humanidad por la desaparición de 22 trabajadores de la empresa durante la dictadura cívico militar, realizan un señalamiento a las instalaciones que esa firma posee.

“Nuestra intención es establecer una marca, un hito en la memoria colectiva de la ciudad. Es una acción que pensamos que puede darle visibilidad a la causa”, señaló Lorena Galeano, docente e investigadora y una de las organizadoras de esta actividad.

Y en ese sentido, completó: “Esta es una causa que dice mucho en relación a la complicidad que los sectores empresariales y económicos tuvieron con el terrorismo de estado”.

Autoridades municipales, organizaciones sociales, políticas y gremiales acompañarán a los querellantes y familiares de las víctimas en este acto que se desarrollará en Dean Funes 90, en la populosa ciudad que a lo largo de décadas se constituyó como el corazón fabril del Gran Buenos Aires.

Galeano, profesora de historia e integrante del Consejo Municipal de Derechos Humanos de Avellaneda cumplió un papel muy importante para la activación de esta investigación sobre un plan represivo que se desarrolló en esta fábrica, propiedad del grupo Bunge & Born, entre junio y diciembre de 1976.

Hace cuatro años, junto con un grupo de estudiantes de la Escuela Media 26, inició un trabajo de investigación en el marco del Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria, una iniciativa que promueve la reflexión crítica de los adolescentes sobre la historia reciente.

“Comenzamos con un relevamiento de los desaparecidos de Wilde y Avellaneda, y nos contactamos con Blanca Freitas, Madre de Plaza de Mayo, cuyo hijo, Avelino –“Chiche”- integraba la comisión gremial interna de Molinos y fue secuestrado junto a otros trabajadores de la fábrica”, contó Galeano.

Luego, los estudiantes contactaron a Ceferino Mataboni, hijo de Rubén, uno los trabajadores secuestrados, que motivado por la tarea de estos jóvenes resolvió iniciar una causa penal.

“Esta es una causa que dice mucho en relación a la complicidad que los sectores empresariales y económicos tuvieron con el terrorismo de estado”

Lorena Galeano

Mataboni, juntamente con Roxana Freitas (hija de Avelino) y Analía Fernández, cuyo padre Francisco resultó víctima de un plan aplicado por la patronal contra los delegados que formaban parte de la Juventud Trabajadora Peronista (JPT), presentaron una denuncia en el Juzgado  Federal 3 de la ciudad de La Plata, representados por el abogado Javier Garín.

La querella que conformaron estos tres familiares se presentó a fines del año pasado en el Juzgado que encabeza Huberto Blanco, y solicitaron que se investigue la responsabilidad que tuvieron en la desaparición de los trabajadores, los propietarios y directivos de Molinos Ríos de La Plata.

En los años 70’, se había constituido en Molinos una comisión interna muy combativa, ligada a los sectores de la tendencia revolucionara del peronismo, que en varias ocasiones intentó la toma de la fábrica en función de las constantes violaciones a las condiciones de trabajo.

Molinos, productora de alimentos (yerba mate, azúcar, vino, aceite y cerveza)  había llevado a cabo durante los días posteriores al golpe de estado de 1976, varias maniobras tendientes a provocar desabastecimiento, según las denuncias públicas formuladas por la comisión interna de la empresa.

Tras el derrocamiento de Isabel Perón, la patronal, encabezada por el magnate Jorge Born –que en 1974 estuvo secuestrado por la organización Montoneros- decidió emprender una acción de castigo contra los trabajadores.

Testigos que declararon en la causa, afirmaron que los directivos de la empresa elaboraron una lista de los trabajadores denominados como “subversivos” y la mayoría de ellos resultaron apresados en una redada  que las fuerzas represivas montaron el 1 de julio de 1976.

No obstante, en la causa aún no hay imputados, tal como lo reclaman los querellantes, quienes consideran que con la información que existe en el expediente se podrían producir algunas medidas procesales.

“Creemos que se podría avanzar con algunas medidas importantes, pero hasta ahora no hay novedades importantes. Es una de las razones que nos llevan a tomar esta acción. Queremos que esta causa no quede en el olvido”, sostuvo Galeano.

Además de las declaraciones de los testigos, en su mayoría ex empleados de la fábrica en aquellos años, los querellantes aportaron actas elaboradas entonces por la conducción del sindicato de aceiteros, que podrían comprobar la complicidad de los directivos de Molinos con la represión ilegal.