Continúan los juicios por delitos de lesa humanidad

LA PLATA- La secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, remarcó que «desde la Secretaría celebramos estos juicios donde son juzgados delitos de lesa humanidad, que son una deuda histórica, no sólo para la familias sino para la sociedad en su conjunto. Este es el camino que el Estado debe seguir y que nosotros estamos comprometidos en exigir».
Es mediante el Decreto N° 25/2007 que el Poder Ejecutivo Provincial faculta a la secretaría de Derechos Humanos “a presentarse como parte querellante en las causas en las cuales se investiguen violaciones a los derechos humanos ocurridas antes de 1983. Gracias a esto es querellante en18 causas por delitos de lesa humanidad. Esto es parte de la política reparatoria de la provincia de Buenos Aires en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia.
Cabe recordar que en la Provincia, recientemente tuvo lugar en Tandil un juicio donde la Secretaría fue participe activa, y donde fueron condenados dos ex militares y dos civiles por el asesinato del abogado laborista, Carlos Moreno, asesinado en 1977.
Entre las causas donde la Secretaría fue querellante cabe resaltar en la que Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández; las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico; y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti; logrando prisión perpetua para todos los imputados, en cárcel común.
Otro caso emblemático fue el de Carlos Labolita. Allí la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y condenó a 15 años de prisión al coronel Alejandro Guillermo Duret, acusado de haber sido partícipe necesario en la desaparición de Labolita, secuestrado en 1976 en Las Flores.
Este miércoles comenzará en los tribunales federales de San Martín un nuevo juicio cometido bajo la la jurisdicción de Campo de Mayo donde se sentarán en el banquillo de los acusados un militar y dos policías.
Los imputados son Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares; Roberto Ramón Bustos, titular de la División de Informaciones de la Delegación San Martín de la Policía Bonaerense, y Jorge Julio Bianchero, jefe de la comisaría San Martín Tercera de Villa Lynch, también de la policía provincial.
Todos fueron investigados por los crímenes en perjuicio de Jorge Víctor Sznaider, Luis Blas Beitone, Omar Aquiles Ivorra, Noemí Graciela Beitone, Carlos Alberto Pérez, Mirta Silber de Pérez, Hugo Armando Malozowski y Eduardo Pérez Brancatto.
A los tres imputados se les adjudican los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos en perjuicio de esas ocho víctimas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín, a cargo de los jueces Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone, analizará los hechos a partir del debate oral que comenzará el miércoles próximo a las 9.30.
En tanto, mañana se realizará en Córdoba una audiencia en otra causa por crímenes de lesa humanidad perpetrados en la provincia.
El trámite judicial se realizará en la Sala B de la Cámara Federal cordobesa en el caso denominado «Bruno Laborda», donde se investiga a cinco imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio.
La audiencia estará presidida por los jueces Julio Lascano, Abel Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Durante el encuentro se escucharán los informes de apelación del fiscal general, Alberto Lozada, y de las defensas de los imputados José Andrés Tofalo, Aldo Checchi, Carlos Alberto Díaz, Italo Pasquini y Carlos Villanueva.
Por su parte, el 14 de mayo próximo comenzará en Salta un juicio oral y público a Héctor Ríos Ereñú, que fue entre 1985 y 1987 jefe del Ejército durante el gobierno de Ricardo Alfonsín.
El militar está acusado del asesinato del militante de la Juventud Peronista Jorge Santillán en 1976.
Además del ex general, que tiene 81 años, estarán sentados en el banquillo de los acusados otros 17 ex militares.
Santillán, que era padre de cuatro hijos, se desempeñaba como secretario de la JP y sindicalista en YPF.
Según las pruebas recogidas en la causa, la víctima fue secuestrada el 10 de agosto de 1976 en su casa de la ciudad de villa General Mosconi y su cuerpo fue encontrado sin vida tras ser dinamitado.
Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Infantería de Tartagal, y en su declaración negó haber ordenado el asesinato del militante político.