Justicia intervino por denuncias ambientales por la construcción de un puerto

LA PLATA- La magistrada Gladys Cardoni, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 4 de La Plata, intervino en la demanda y las denuncias públicas presentadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ambientalistas de la región a partir de «la contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago».
Las organizaciones Nuevo Ambiente; Ala Plástica; Fundación Agroalimentos y quinteros, productores de la Isla Paulino y la Asamblea Defendamos el Monte denunciaron que el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, en Berisso, construye un puerto de contenedores en la cabecera del Río Santiago Este.
Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió en su momento respecto de «un impacto ambiental negativo».
Las obras se relacionan con el dragado de los fondos de los canales y su vuelco masivo en las Islas Paulino y Santiago y los cortes de las cabeceras de ambas, avaladas por el Consorcio.
Las denuncias judiciales se refieren a la contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en Paulino y Santiago por las obras de la empresa TecPlata S.A.
A las 10 del viernes las ONGs se reunirán con Cardoni, quien también convocó al Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -órgano de contralor provincial-, la Defensoría del Pueblo bonaerense y la firma Tecplata S.A., de capitales filipinos.
La UBA advirtió que a partir de la contaminación medioambiental el barro extraído del fondo del Río Santiago debe ser analizado de manera profunda y tratado previamente a su disposición final.
«Esa disposición final no debió realizarse y no es posible hacerla en las Islas Paulino y Santiago, porque tienen un doble estándar de protección: son humedales y bosques y paisajes protegidos por la legislación internacional, nacional y provincial, que impide alterarlos», puntualizaron las entidades.
El Director del Instituto de Estudios Agroindustriales y Ambientales de la Fundación Agronegocios y Agroalimentos, Hugo Cetrángolo, señaló que «el estudio de la UBA demostró el modo incorrecto en que se realizan las tareas de dragado y refulado y determinó contaminantes en los sedimentos extraídos del lecho del Río Santiago, que se depositan en la Isla Paulino».
«La forma en que se realiza la disposición implicó la destrucción del humedal y el bosque ribereño. Las obras deben respetar la ley, lo que implica cuidar y no degradar el medio ambiente. Un ahorro económico puntual es inaceptable porque se apoya en una conducta contraria a la norma», agregó el director del instituto.
Habitantes, productores y ONGs rechazaron el impacto ambiental negativo y señalaron que «la empresa procura terminar rápido la obra, ahorrando recursos económicos a costa del daño y poniendo en riesgo la salud de la totalidad de la población».
Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Estado, la dirección de Residuos Peligrosos y la Defensoría del Pueblo de la Nación a partir del «grosero desmonte y relleno de 50 hectáreas».