Se realizaron Jornadas para debatir políticas contra la violencia de género

BUENOS AIRES- El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Horacio González, tuvo a cargo hoy la apertura de la jornada de reflexión e intercambio de experiencias locales sobre violencia de género y doméstica, desde donde llamó a que las mujeres “puedan vivir en un Estado pleno de derechos y libres de violencia”.
Acompañado por el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, y por el defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, Horacio González celebró “estar rodeado por esta cantidad de gente, porque más allá de las leyes hay que crear conciencia sobre esta problemática que nos atraviesa a todos como sociedad”.
“La provincia tiene que seguir los pasos de la nación en este sentido”, aseguró en su alocución de apertura el presidente de la Cámara de Diputados, al tiempo que alentó a hombres y mujeres a “continuar el trabajo en los territorios, ahí donde están los temas por resolver”, e invitó a “mirar el futuro con otra perspectiva, con el desafío de fortalecer a la familia como núcleo central e insustituible de nuestra vida en sociedad”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires agradeció por el rápido tratamiento que tuvieron en la Cámara de Diputados las leyes contra la violencia de género y doméstica. “Siempre digo que los derechos humanos de esta época son en base a memoria, verdad, justicia e inclusión social”, expresó Carlotto.
Para finalizar, el defensor del Pueblo consideró que “el trabajo que se está haciendo desde diferentes organismos es intenso y útil pero transitorio, y servirá para construir los cimientos de la sociedad del futuro”. Además, Bonicatto explicó que, fruto del abordaje conjunto que se le está brindando a los casos de violencia de género, la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, emitió una resolución que obliga a los fiscales intervenir de inmediato cuando una víctima presenta denuncias en la justicia, y a poner en marcha todos los mecanismos institucionales de protección para la persona denunciante y averiguación de antecedentes del acusado.