La judicialización de la política ha provocado un daño enorme en la Argentina, pero lo que ocurre en estos días es algo mucho más grave, se trata de la judicialización de la salud, que es el juego macabro de meter por la ventana a la justicia arriesgando la vida de las personas. El último fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre un DNU que ya no existe, se enmarca en esa peligrosísima práctica.
En medio del drama que provoca diariamente la segunda ola, la centralidad de la noticia la ocupó un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de un DNU extinguido que impedía las clases presenciales en las escuelas. La Corte más que argumentar su decisión lo que quiso fue mandar un mensaje al gobierno. Consiguieron el título deseado: «Duro revés del gobierno por fallo de la Corte».
No importaba otra cosa, tampoco el contenido de las 91 páginas del fallo. Se privilegió el título, el mensaje al gobierno.
Sin embargo no está demás ojear el particular criterio de los supremos sobre la emergencia sanitaria que vive el país.
La Corte hizo una larga exposición sobre el valor de la educación, recordó las disputas entre Sarmiento y Alberdi respecto a un proyecto educativo explícito en la Constitución, apuntó antecedentes que plantean que la educación es más importante que la economía, como si alguien hubiera puesto en discusión el valor de la educación. La comparó con la economía pero no con la salud, y mucho menos con la vida.
Con respecto a la regulación de la salud y las atribuciones de la Nación y las provincias, la Corte tomó como antecedentes un fallo a favor de la Provincia de Buenos Aires de 1869, cuando la Justicia Federal pretendía obligar a la provincia a permitir la construcción de una plaza de toros, pese a que las corridas de toros estaban prohibidas en territorio bonaerense.
Otro de los antecedentes que citó la Corte es de un fallo de 1887, en el que también había un conflicto con la provincia de Buenos Aires por el establecimiento de unos saladeros en el riachuelo, en la zona de Barracas.
Y citó el «caso Nobleza Piccardo» ya de este siglo, donde Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad de la competencia sanitaria que había ejercido la Provincia de Santa Fe para regular la publicidad del tabaco.
Es decir la Corte Suprema de Justicia, sin pudor, comparó las corridas de toros, la instalación de saladeros y la publicidad de Pall Mall o de Parisiennes, con una pandemia que en la Argentina ya lleva más de 65 mil muertos.
Más grave todavía es la particular consideración que la CSJ tiene sobre el valor de un decreto de necesidad y urgencia. La Corte reconoce las atribuciones regulatorias sanitarias de la Nación pero ellos dicen que eso no alcanza. Para darle validez al decreto «no alcanza con la mera invocación de la salud» escribieron.
Para la Corte, el desastre que provoca el Covid 19, la meseta de más de 20 mil contagios diarios, el colapso sanitario, la falta de camas y el extremo agotamiento médicos y enfermeros, los 500 muertos diarios, el incremento notable de pibes contagiados… todo eso, para la Corte no tiene la debida justificación como para respaldar la decisión de realizar un DNU. Para la Corte no hay necesidad ni urgencia.
Tal vez la manifestación política más contundente del dictamen sea el de asegurar que el extinto DNU violaba la Constitución Nacional al avasallar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es si el gobierno nacional avasalla a la ciudad, o es la Corte la que está permitiendo que sea la ciudad la que avasalle al poder Ejecutivo Nacional.
Raúl Zaffaroni, que es actual juez de la Corte interamericana de Derechos Humanos, pero fue juez de la Corte Suprema Nacional y fue constituyente no solo de la reforma de la Constitución de la Nación en 1994 sino de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, dice que el fallo «desconoció que en caso de epidemia que afecta a más de una provincia, el poder de la policía sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo Federal» y señaló además que «esto hace a la Corte Suprema plenamente responsable de todas las consecuencias sanitarias – incluso muertes- que pueda tener este fallo».
En esa misma línea el ministro de Justicia Martín Soria consideró que «El fallo de la CSJN es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas».
Hoy se «discute el fallo de la Corte», pero hace rato que es urgente «discutir la Corte».
Es urgente discutirla junto con una reforma judicial muchísimo más amplia que la propuesta insulsa que está hace algunos meses en tratamiento.
La justicia argentina es increíble. 8 de cada 10 personas no creen en ella. La sociedad le cree más a la policía bonaerense, a los bancos, a los sindicatos o a la AFA que a la justicia.
Ese descrédito que la Justicia arrastra hace años se debe en parte por el ejercicio impúdico de sus cargos de jueces como Gustavo Hornos o Mariano Borinsky, o de fiscales como Carlos Stornelli y por sentencias como la última de la Corte. Fallos en defensa propia, fallos por conveniencia política, donde lo que menos importa es la vida de la gente.
