30 años sin soledad

    Por MARIO OPORTO
    Diputado de la Nación

    Del mismo modo en que no se habla de un héroe sin mencionar a su antagonista, es difícil hablar de la democracia argentina sin hablar de las dictaduras que la interrumpieron entre 1930 y 1976, cada vez de manera más violenta.
    Son dos tradiciones que se van intercalando desde la sanción de la Ley Sáenz Peña hasta hoy, y que recién comienzan a inclinarse a favor de la primera a partir de la asunción de Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983.
    Excepto la etapa radical entre 1916 y 1930, y la del primer peronismo, entre 1945 y 1955, en el país hubo un sistema jaqueado por los golpes institucionales y también por el fraude. Estos antecedentes motivan que, aún hoy, sigamos considerando «joven» a nuestra democracia.
    Que en un país de 203 años se celebren recién en el siglo XXI, y por primera vez, 30 años ininterrumpidos de vida republicana, es una manera indirecta de advertir lo que ha costado sostener este sistema que ha ido atravesando y resolviendo una cantidad de dificultades.
    Los poderes fácticos no gustan de la democracia ni aquí ni en ningún otro lado, con la salvedad de que en otros países con tradiciones más afianzadas en esta forma de gobierno, el pudor les impide avanzar contra el poder soberano del Estado.
    En distintas épocas de la Argentina los poderes establecidos de las fuerzas armadas, los grupos económicos y las corporaciones mediáticas han experimentado de mil formas cierta impaciencia en el momento de aceptar el poder civil de las urnas. En la cultura de los poderes fácticos no se conciben –al margen de si se cursa una dictadura o una democracia- las ideas de no controlar la economía ni hacer la ley según sus intereses. Pero desde 1983 esa impaciencia –excepto en sectores tan ínfimos que no entrarían en las estadísticas- no tiene cabida en la sociedad.
    Sin embargo, estos 30 años no pueden reducirse a una suma de actos eleccionarios. La elección es la plataforma, es el piso, pero de ninguna manera un triunfo electoral hace la democracia. Lo que la concreta es el uso que los gobiernos hacen del poder civil que se les delega. Es menos importante quién gana una elección que qué hace cuando gana. La vida democrática (en eso se plantea la misma dificultad que en las revoluciones) comienza el día después de las elecciones. Porque si el que gana una elección le tributa el poder civil (que, dicho sea de paso, nunca es propio) a los poderes fácticos, la idea de gobierno del pueblo se disuelve.
    Digamos que hay democracia con política y sin política. En la primera, se discute la renta, se amplían derechos y soberanía y se universaliza el acceso a la salud, la educación y la cultura. En la segunda, se le da al mercado el rol de editor de la república. Darle política a la democracia significa que un presidente, en representación de su pueblo, tenga el «corte final» de las decisiones. Ese «corte final» es un acto de soberanía que opera por delegación. Es el poder civil el que lo orienta y lo presiona para que se haga realidad. Sin ese poder, que llamaremos de ejecución, no hay poder democrático, y todos los argentinos sabemos muy bien cuáles son las calamidades cuando no existe ese poder.
    La enseñanza de estas tres décadas nos lleva a reconocer que los logros y avances suceden al cabo de momentos de diferencias y conflictos que hay que saber atravesar pacíficamente, pero con firmeza. De ese modo es como lo que el propio votante sitúa en el campo de los sueños, puede hacerse realidad.
    La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un ejemplo concreto de cómo la fuerza de la democracia cumple sus objetivos si se los sabe sostener. También lo fue la sanción de la Ley de Divorcio durante el gobierno de Alfonsín, para dar otro ejemplo menos actual. Los beneficios sociales también surgen del acuerdo entre partes que sitúan en segundo plano las diferencias para favorecer al conjunto.
    La democracia es una experiencia de actividad. No se hace sola. Sola se convierte en una parodia de sí misma y alienta el status quo. Por lo tanto, los gobiernos están obligados a interpretar de buena fe su dinámica.
    No hay una herramienta de justicia, movilidad social y equilibrio que haya podido mejorar lo que nos da la democracia. Y lo que no podemos esperar de ella –de nosotros- no deberíamos esperarlo de la buena voluntad de los poderes fácticos, que a veces funcionan como si no existiera la sociedad, ni la propia democracia. En estos 30 años hemos tenido pruebas tanto de una cosa como de la otra.